Ciudadanos piden transparencia en contratos de publicidad oficial en BC

Baja California está en la antesala de ser el primer estado de la federación en contar con una ley que transparente, democratice y establezca reglas claras y objetivas en la definición, asignación, contratación y fiscalización de la publicidad gubernamental.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Se trata de una iniciativa ciudadana que se denomina Ley General de Transparencia en la Publicidad Institucional para el Estado de Baja California.

Es una idea combinada del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, periodistas de la entidad y especialistas como Enrique Villanueva, doctor en Comunicación Pública e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Article 19, organización mundial independiente de Derechos Humanos que trabaja para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión.

La proposición, que se entregará en los primeros días de marzo al Congreso de Baja California, tiene como uno de sus principales  objetivos establecer una regulación legal para que en todas las instituciones públicas exista un verdadero ejercicio de rendición de cuentas en el manejo del presupuesto que invierten en los medios de comunicación..

También plantea una mayor transparencia en el gasto destinado a la comunicación social, fomenta la participación de todos los medios en la asignación y contratación de la publicidad que realicen los poderes públicos de Baja California, bajo reglas claras y condiciones de igualdad.

Y en palabras de Miguel Ángel Hueso, director del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso y uno de los principales promotores de la iniciativa, ofrece “igualdad de oportunidades en el acceso a la publicidad institucional y garantiza que en ningún caso se utilice para reprimir o promover la discriminación de aquellos profesionales de la comunicación que sean críticos de la labor del gobierno o de cualquier funcionario público.”

La propuesta legislativa, de la cual A los Cuatro Vientos posee una copia, tiene 53 artículos -que se insertan en 10 capítulos- y seis apartados transitorios en donde resalta la integración y funcionamiento de un Consejo Ciudadano de Publicidad Institucional mediante un mecanismo que respete el principio de máxima difusión que incluya:

1.- Elaborar una invitación para la designación de los primeros consejeros, la cual será integrada y realizada por los diputados de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del Estado.

2.- Llevada la elección por el método de insaculación, se les tomará la protesta ante el pleno del Congreso del Estado y se le notificará por escrito al gobernador.

3.- Los consejeros deberán instalar el Consejo Ciudadano a más tardar 15 días posteriores a su toma de protesta, debiendo de elegir de entre ellos a su presidente.

El gobernador Francisco Vega, al presentar e impulsar la campaña institucional "Borrón y cuenta nueva" (Foto: archivo).
El gobernador Francisco Vega, al presentar e impulsar la campaña institucional «Borrón y cuenta nueva» (Foto: archivo).

Con esto se evita la injerencia del gobernador del estado en el proceso de elección de los consejeros y la mesa directiva, que entre algunas de sus 12 funciones están:

– Evaluación y seguimiento del gasto ejercido por los sujetos obligados, excepto los ayuntamientos, en materia de Publicidad Institucional, así como emitir observaciones y recomendaciones no vinculantes a los gobernantes.

– Recibir, analizar y turnar las denuncias que se reciban en torno a la Publicidad Institucional.

– Por iniciativa propia, instaurar el proceso de evaluación o denuncia ante la autoridad que corresponda por hechos que a su juicio vulneren los principios y procedimientos de la Ley.

– Ser órgano de consulta para los sujetos obligados, áreas de comunicación social o las personas que en dicha materia hayan sido designadas y los comités ciudadanos de Publicidad Institucional de los ayuntamientos del Estado.

El artículo 46 de la iniciativa determina que el consejo será un órgano plural de representación social, honorífico, conformado por cinco ciudadanos que deberán gozar de reconocido prestigio profesional en el ejercicio de la comunicación.

Los consejeros podrán recomendar la implementación de mecanismos que erradiquen cualquier tipo de condicionamiento a la libertad de expresión respecto de la publicidad institucional, y supervisarán la creación de un Padrón Estatal de Medios de Comunicación que contendrá, entre otros, los siguientes datos:

Razón social y denominación comercial; director y representante legal; características del medio impreso, televisivo o radiofónico y medio digital, tomando en cuenta la certificación profesional; alcance, en el caso de radio y televisión, el catálogo y mapa de coberturas de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como su alcance efectivo y la información relativa a la población total comprendida por la cobertura correspondiente en la entidad.

 

PUBLICIDAD OFICIAL

También información de circulación o audiencia, periodicidad y tarifas anuales de publicidad.

La norma  determina los criterios de contratación de la publicidad bajo el principio de la democratización del gasto promocional. Así, ningún medio de comunicación en Baja California podrá tener un porcentaje mayor al 40 por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña.

Además nadie podrá poseer el 40 por ciento del presupuesto destinado a un tipo de medio y se establecen criterios específicos para la contratación de espacios en apoyo a medios independientes con base a la calidad de sus contenidos informativos.

La iniciativa tiene candados en el manejo de la publicidad institucional en año electoral; por ejemplo: el presupuesto destinado a propaganda no podrá ser mayor al cálculo asignado a un ejercicio fiscal inmediato anterior de un año no electoral, y en caso de duda se tendrá como tope el monto más bajo aprobado en los últimos cinco años.

Y obliga a las entidades de gobierno a presentar su programa anual de Publicidad Institucional con base a un estricto procedimiento técnico que incluya información respecto a las campañas programadas, especificando su prioridad, concepto rector, objetivos, población-objetivo, cobertura geográfica, calendarización, tipo de medios de difusión a utilizar y propuesta y justificación de la selección de medios.

La inspección de los recursos publicitarios quedará en manos de los órganos de fiscalización del Estado y los municipios, y a quien viole las disposiciones de la ley se le aplicará las sanciones que contiene la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, y demás disposiciones que resulten aplicables.

Los promotores de la iniciativa ciudadana no dejan de reconocer que en materia de publicidad institucional existe una ausencia total de legislación tanto a nivel federal como en las entidades federativas, que permita establecer criterios mínimos de asignación y contratación de difusión oficial.

“Lo anterior –explica el documento- a pesar de que hace más de siete años fuera reformado el artículo 134 de la Constitución Federal para establecer la obligación de los congresos, tanto a nivel federal como estatal, para regular la materia de comunicación social al establecer:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Así, la iniciativa quiere evitar que la publicidad gubernamental se utilice para favorecer a un gobierno o funcionario público determinado con notas periodísticas “carentes de objetividad, de imparcialidad, y que no correspondan a la realidad”.

Al respecto Miguel Ángel Hueso comentó que la publicidad ejercida desde las oficinas de gobierno debe convertirse en un derecho al que tenga acceso toda la población.

“Esto sin importar su condición económica, social, origen étnico o cualquier otra condición que lo ubique en una situación de desigualdad para la obtención de información pública institucional”.

En Baja California se requieren al menos 500 firmas de ciudadanos con credencial de elector para presentar una iniciativa de ley ciudadana.

Las rúbricas se presentarán al congreso –junto con el documento legislativo que revisó y afinó el doctor Enrique Villanueva- después del 27 de febrero, fecha en la que periodistas del estado se reunirán para pulir su presentación final en los primeros cinco días de marzo.

El 14 de febrero, Francisco Barraza Chiquete, diputado del Partido Estatal de Baja California y presidente de la Comisión de Comunicación Social del Congreso, presentó al legislativo su iniciativa de Ley General de Comunicación Social Institucional que también busca regular la publicidad institucional. Su propuesta está en estudio en comisiones.