Vicios que permanecen. Caciquismo y clientelismo político
Si nos damos a la tarea de analizar sintéticamente los trances históricos de estos territorios, veremos que el pasado mexicano registra una nutrida historia del uso discrecional del poder.
Alfredo García Galindo* / A los Cuatro Vientos
En este sentido, la sociedad del virreinato de la Nueva España se caracterizó por vivir bajo el control de autoridades que aprovechaban la enorme distancia de la sede imperial para hacer a menudo lo que les venía en gana; así, los funcionarios de las audiencias, cabildos y ayuntamientos utilizaron sus posiciones para medrar en lo posible en perjuicio de un pueblo de por sí terriblemente jerarquizado en sentido racial, (tal como lo muestran las pinturas del castas del siglo XVIII) y para acrecentar su dominio territorial.
Esto fomentó que el poder local y de las comunidades quedara en manos de caciques cuyos apellidos se convirtieron en pautas para determinar quiénes tomarían las decisiones no sólo en pueblos y rancherías sino incluso en regiones completas. Tras la lucha de independencia, este fue el telón de fondo que se mantuvo durante el siglo XIX, ya que la intención de construir un proyecto nacional –fuera liberal o conservador- se enfrentó con la imposibilidad de lograr un consenso en un territorio inmenso donde la lealtad hacia el concepto “México” no existía en la mente de una gran parte de los caciques y hombres fuertes de las regiones.
O bien, cuando las formas de gobierno liberal fueron instaurándose en el país, fue casi natural que las gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales y regidurías quedaran en manos de dichos caciques y sus incondicionales, con lo que el fenómeno del clientelismo –ya también presente en el virreinato- llegó a un auge nunca antes visto; es decir, ese tipo de intercambio de favores donde un personaje con poder político o económico ofrece a sus simpatizantes (su clientela) atender sus exigencias, a cambio de su apoyo como grupo.
Así las cosas para ese siglo XIX, el caciquismo y el clientelismo serían dos de las realidades que Porfirio Díaz utilizó para concluir un proceso que Juárez había iniciado, en otras palabras, pacificar al país y ponerlo bajo su control absoluto por la vía de llegar a acuerdos prácticos con estos personajes. La consigna era: respetaré tu poder local a cambio de tu lealtad al gobierno federal.
Se trató de un contradictorio proceso pues la institucionalización del país se caracterizó así durante el Porfiriato por una medianía entre lo formal y lo informal, entre lo que decían las leyes y lo que mandaba la obediencia al poderoso; en otros términos, el mejor campo de cultivo para el ejercicio de la discrecionalidad política y la corrupción.
La posterior llegada del régimen del PRI-gobierno no cambió demasiado las circunstancias. Ya no había un dictador particular y sempiterno sino un sistema encabezado por un presidente totalitario que ejercía su poder omnímodo durante seis años. La pirámide del poder caciquil y clientelar se confirmó como una de las marcas del régimen: en síntesis, el presidente negociaba con los integrantes de los poderes restantes, estos con los poderes locales, estos a su vez con los líderes de las centrales campesinas, obreras y populares y estos con las masas del pueblo.
PNR, antecedente del PRI (Foto: internet).
En un ambiente semejante, la lógica de los arreglos informales -que eran después disfrazados de legalidad- se convirtió en parte sustancial de la cultura política; no sólo de los personajes del poder, sino también de la población que hizo suya la máxima de que “el PRI roba, pero hace algo por nosotros”. De hecho, esa manera de resolver conflictos y llegar a acuerdos fue algo que también los partidos de oposición terminaron por aprender con los años.
El PAN de Gómez Morín, sinceramente convencido en sus inicios de su compromiso como oposición al régimen presidencialista del PRI, terminó por convertirse en nuestros tiempos en la proyección clasista del tricolor, más aun durante la plenitud del actual periodo neoliberal que mandata como fetiches máximos al libre mercado y al capitalismo más agresivo y degradante del planeta.
El PRD, nacido de la separación del único apéndice de cierta legitimidad democrática y popular que le quedaba al PRI en los 80, terminó siendo un espantajo que se viste con la playera de la izquierda pero que en su cuerpo da cabida a la negociación con el poder, aun si ello supone dejar de lado el interés de esas mayorías que dice representar.
Es de este modo que la labor pública ha terminado por llegar a un nuevo punto histórico de crisis moral. La cadena de una larga tradición de práctica política viciada y lesiva de los intereses populares tiene hoy como último eslabón a Enrique Peña Nieto, a su equipo de trabajo y a su partido. La corrupción documentada (como lo de la casa blanca), la alianza con los intereses privados más cuestionables (como el caso Higa), la incompetencia y mezquindad en su gabinete (como Aurelio Nuño) y el escándalo en las gestiones de sus gobernadores (como Javier Duarte y Roberto Borge), no hacen más que hablarnos de las dimensiones de esa descomposición institucional.
Hablamos de una ausencia de legitimidad y de una profundización de la brecha entre gobernantes y gobernados que al final, también se verifica en políticos de otros partidos, siendo dos buenos ejemplos de ello, Miguel Ángel Mancera en la capital del país y Rafael Moreno Valle en Puebla. El primero como comparsa del poder federal que incluso ejecuta la represión a las movilizaciones sociales que el presidente requiere y el segundo como un gobernante autoritario que no ha dudado en endeudar a su entidad al realizar millonarias obras públicas de relumbrón con tal de apuntalar sus ambiciones electorales futuras.
Ejemplos todos de un caciquismo político que se extiende por todo el país y que es evidenciado por estos políticos que han hecho del clientelismo una forma de vida que da un amplio cobijo de impunidad. Los caciques de hoy tejen las redes de sus clientelas desde sus más cercanos colaboradores hasta grupos de la población que les sirven de apoyo popular y electoral de tal modo que hoy el juego político no es una competencia de proyectos de país sino una lucha corporativa por el lucrativo negocio del ejercicio del poder.
Viendo así que la histórica informalidad institucional de México ha alcanzado un punto de escándalo mundial, es que podemos insistir en que la más urgente de la reformas es la única que el gobierno federal se ha preocupado en no llevar adelante: la reforma del estado. No lo ha hecho porque una verdadera recomposición de las instituciones políticas supondría la muerte del modo de vida que ha henchido de poder, impunidad y dinero a generaciones de políticos que hoy continúan gobernándonos.
De lo anterior, sólo un ejemplo: la urgencia de una fiscalía anticorrupción verdaderamente autónoma, ciudadanizada y con poder de ejecución es hoy un sueño casi ridículo si pensamos en lo que terminó ocurriendo con esa iniciativa ciudadana llamada Ley 3de3, la cual era, por mucho, una propuesta bastante modesta dado el tamaño del problema de la corrupción y la opacidad política en nuestro país.
En otras palabras, si dicha iniciativa -que proponía la obligación de que todo funcionario hiciera pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses-, fue convertida por las principales fuerzas políticas en el legislativo en una mera opción voluntaria, podemos entonces imaginar no sólo la crisis de legitimidad institucional que señalábamos sino también la franca y cínica determinación de los políticos de seguir robando a manos llenas.
Siendo así las cosas, la gran interrogante es: ¿hasta qué punto deberán llegar la presión popular, la violencia, la descomposición social, la desesperación de diversos sectores y la crisis económica para que la clase política tome conciencia de su enorme responsabilidad en esta debacle y actúe en consecuencia? Puede parecernos una pregunta ingenua, pero es en realidad, más que nada, un cuestionamiento elemental.
¿O acaso deberíamos dar a los políticos un curso sobre cómo el caciquismo y el clientelismo son prácticas históricamente institucionalizadas para que ellos se den cuenta de que están haciendo algo mal? Lo contrario: la existencia de ciertos hábitos y costumbres no implica la justificación de su permanencia, menos cuando las evidencias de su vileza son algo que a los mexicanos nos ofende a diario.
Quizás entonces a los habitantes no nos quede otra opción que parapetarnos en las barricadas de la exigencia ciudadana y el activismo para desde ahí seguir luchando por lo que nuestra clase política no tiene intenciones de cambiar. A final de cuentas, parece que la gran reforma del estado pendiente es algo que tendremos que lograr -como todas las grandes movilizaciones y revoluciones-, no por mediación de la clase política sino a costa de ella.
