Urge derogar la Ley de APPS y decretos aprobados por el Congreso para impedir la privatización del agua en BC: Roberto Proo
“Con la Ley de APP’s y estos decretos Kiko Vega pretende concesionar la administración del agua a la iniciativa privada, sin llevar ni siquiera la licitación a concurso, sino dándole los contratos directamente a sus compas, son once obras que le van a dar a empresas privadas y que van a endeudar al estado hasta 2056”.
Daniel Arellano / A los 4 Vientos
Así lo expuso el lunes pasado Roberto Proo, quien presidiera el foro “Privatización del agua: causas y efectos”: “la privatización del Agua en Baja California continúa a través de la Ley de Asociaciones Público Privadas y los decretos aprobados por los diputados el pasado mes de Diciembre 2016″, comentó en el Sindicato de Trabajadores de la Educación.
Durante poco más de dos horas, el dirigente de la Federación Estatal de Organismos Sindicatos Sociales y Campesinos de Baja California, explicó que el gobierno de Francisco Vega pretende continuar con la privatización del servicio por medio de la aprobación de los decretos 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, votados a favor por los diputados del PAN, PRI, PRD y MC en la sesión del 20 de diciembre 2016 en el Congreso Estatal, junto con la polémica Ley de Agua de Baja California.
Con esta acción, desalinizadoras, construcciones pluviales y demás obras quedarán a cargo de empresas privadas vinculadas con funcionarios panistas y empresarios cercanos a Francisco Vega, entre ellas Operadora de Pluviales Mexicali, S. A. de C.V., N.S.C. Agua, S. A. de C.V., Desaladora Kenton S. A. de C. V. y Aguas de Rosarito S.A.P.I de C. V.. La contratación de estas empresas para realizar obras y brindar servicios públicos en el estado dejará endeudado a los bajacalifornianos por más de 30 años.
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“Como ciudadanos hay que informarnos y exigir, tenemos que organizarnos a nivel estatal para recolectar 30,000 firmas y abrogar con un amparo colectivo estos decretos, tenemos unas dos semanas para ello”, comentó el dirigente egresado de la máxima casa de estudios del estado.
Roberto Proo, dirigente de la Federación Estatal de Organismos Sindicatos Sociales y Campesinos de Baja California y moderador de debates en Canal 176
“Los diputados le apuestan a que se nos olvide o a que nos distraigamos con lo de Trump, por eso tenemos que seguir con la organización, con acciones judiciales y presión social. Esto es un despojo de bienes constitucionales, y los mismos diputados, que tendrían que estar promoviendo una controversia constitucional, lo aprobaron”.
Según datos expresados por Roberto Proo, de aprobarse estas licitaciones privadas, los incrementos en los precios del agua para negocios particulares sufrirán un incremento del 600% en las tarifas del servicio.
De acuerdo con el dirigente, el origen de todo el problema se remite a la aprobación del decreto 94, el 22 agosto de 2014, con lo que se aprobó en el estado la Ley de Asociaciones Público Privadas, y con ello, la privatización de cualquier servicio e infraestructura públicas en Baja California. Propuesta a nivel federal por Felipe Calderón el 5 de enero del 2012, esta ley define los acuerdos de Asociación público privada de la siguiente manera:
“Los APP’s son aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País”, establece la ley federal en su artículo 2, mismo que fue reformado el 14 de julio de 2014.
Sin embargo, la Ley aprobada por el Congreso Local de Baja California, a propuesta del gobernador Francisco Vega Lamadrid, elimina el renglón que establece que las inversiones deben cumplir “objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País (en el estado)”.
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Ya con esta ley en vigor, el 30 de diciembre se publicó el Decreto 57 (dictamen 62), instrumento legal que permite la autorización de los Contratos de las Asociaciones Público Privadas (CAPP):
“Al estar el agua protegida por instancias internacionales de derechos humanos, el gobernador Kiko Vega necesitaba aprobar primero la Ley del Agua, para regular el servicio a nivel estatal antes de poder concesionarlo a empresas privadas vía este dictamen y los otros complementarios, que son: el decreto 55 (que elimina comisiones como CESPE y crea dos órganos estatales reguladores), el decreto 63 (sobre la regulación del cobro del agua), el decreto 64 (sobre los cuidados del agua), el decreto 65 (modificando el orden legal que desde 1967 hasta el 2016 sustentó a las CESPE) y el decreto 67 (que reforma el artículo 11 del estado de Baja California)”, expresó Roberto Proo.
Cabe señalar que todos estos decretos fueron votados y aprobados no sólo por PAN, PRD y MC, sino también por el PRI, a diferencia de lo que sucediera con Ley del Agua de Baja California.
En contra del dictamen 62 votaron los dos diputados del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Catalino Zavala Márquez y Víctor Manuel Morán Hernández, así como el diputado del Partido Encuentro Social (PEZ), Luis Moreno Hernández
El Partido del Trabajo (PT) votó en contra de la Ley de Agua y se abstuvo de votar el dictamen 62 (convertido ahora en decreto 57), con el argumento de la diputada petista Claudia Agatón de que no se le entregó la información a tiempo de poder analizarla antes de emitir su voto.
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