UABC: “Derecho-Humanizando” la formación del abogado.
Nuestra Universidad Autónoma de Baja California (UABC es un formidable ejemplo de las muchas carencias en que nos movemos los enseñantes y operadores del Derecho en las universidades públicas mexicanas. Ni siquiera hemos advertido que La Constitución exige el “derecho-humanismo ” en la enseñanza jurídica, y si no lo advertimos, seguimos enseñando por ejemplo, que un patrón puede despedir a sus trabajadores sin darles siquiera oportunidad de ser oídos.
Daniel Solorio Ramírez*
1). Introducción.
Nuestra Universidad Autónoma de Baja California (UABC es un formidable ejemplo de las muchas carencias en que nos movemos los enseñantes y operadores del Derecho en las universidades públicas mexicanas. No hemos podido “derecho-humanizar ” los estudios jurídicos. Seguimos anclados en el viejo esquema patrimonialista que heredamos de la escuela romano-canónica. Ni siquiera hemos advertido que La Constitución exige el “derecho-humanismo ” en la enseñanza jurídica, y si no lo advertimos, seguimos enseñando por ejemplo, que un patrón puede despedir a sus trabajadores sin darles siquiera oportunidad de ser oídos.
2. Esto nos pasa por no cambiar.
No adaptarnos al cambio da lugar a fenómenos tan grotescos y vulgares como el hecho de que en UABC, para no ir más lejos, nuestra Autoridad De Facto ( Felipe Cuamea) se considera facultado por su propia ley para “ correr” por sí, y ante sí, al margen de toda oportunidad defensiva, y sin necesidad de acudir a un juez ( ni siquiera interno) a todo profesor que le incomode sus intereses, o los del grupúsculo que lo ascendió al poder de facto que viene ejerciendo. Un básico derecho humano al “debido proceso” tendría que decirle que no; que no puede proceder incivilizadamente; que ésta es una casa de estudios superiores y no un tugurio; que escuchar al presunto afectado es un derecho humano fundamental.
Pero ni él, ni sus abogados (formados a la antigua) respetan ni hacen cumplir los derechos humanos. Dicen que la Autoridad de Facto es un patrón y que puede “correr” a sus “empleados” (aunque sean profesores universitarios), sin necesidad de oírlos ni enjuiciarlos previamente.
¿Hace falta mayor ejemplo de la necesidad imperiosa de cambiar la enseñanza y la práctica del Derecho?
3. Las fuentes del cambio.
La necesidad de cambiar nos viene de dos grandes acontecimientos históricos de alto y duradero impacto:
a) La reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, que estableció el principio de interpretación pro homine ( lo mejor para el ser humano ) de toda norma y toda resolución de todas las autoridades, y en especial de todos los jueces.
b). La declaratoria (que no “sentencia” ) de la Suprema Corte con motivo de la condena impuesta a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso “Caso Radilla”, que históricamente es una muestra de la brutalidad de nuestras “instituciones” bajo el signo de la distorsión, la corrupción, el abuso, el atropello, en que vive el pueblo del que somos parte. El fallo Radilla sentó un precedente fundamental: si una ley del Congreso no respeta los derechos humanos, no deber ser obedecida, y cualquier juez puede inaplicarla, lo que dejó atrás un debate de más de un siglo.
La primera de estas transformaciones ocurrió en junio y la segunda en julio, ambas de 2011, año que ha pasado a ser un hito en la historia jurídica nacional.
- Re-aprender el derecho.
Bien comprendo que “Derecho-humanizar” es un neologismo muy extraño, pero igual comprendo que hoy es muy necesario para enfatizar que la enseñanza del derecho debe ser (así, obligatoriamente ) re-construída para poner en un primer plano ya no al patrimonio, ya no a los bienes y las cosas, como postula el derecho tradicional, sino a la persona humana. “Derecho-humanizar” significa inculcar al jurista una formación centrada en la defensa de los seres humanos y sus necesidades, y no tanto del dinero, ni tanto de los bienes, ni tanto de los recursos económicos, como ha sido tradicionalmente la enseñanza jurídica.
- El nuevo texto constitucional.
Para nuestra UABC la tarea es prioritaria, y no por gusto, sino porque así lo impone la Constitución cuyo artículo 1º exige a “todas” las autoridades y “todos” los protagonistas del drama jurídico, emprender la batalla por los derechos humanos. El nuevo texto constitucional establece el principio cardinal “ pro homine” ( las leyes significan lo mejor para los seres humanos) y luego reza:
“ …Todas la autoridades …tienen la obligación de promover, respetar, promover y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”
Y no era ya para menos. El drama humano está por todos lados. Léase cualquier diario y encontrará, igual que en la calle, o en la casa de al lado, noticia pavorosas: millones de seres humanos sobreviven en la miseria, en la pobreza más inicua, en tanto que otros vivimos en la holgura económica, y unos cuantos, muy poquitos, casi un puñado, viven en la opulencia.
- Pero hay buenas noticias.
La buena noticia es que hoy la Constitución condena sin reticencias esas terribles desigualdades y pone enfrente de todo el sistema jurídico a los derechos humanos a la alimentación y la salud, a una vivienda digna, a educarse, a vivir en un ambiente no contaminado por la porquería que generan los empresarios inescrupulosos, el derecho a trabajo digno que baste para vivir con decoro.
- Los operadores de Derecho.
Pero las Constituciones son impotentes si no se educa al gremio jurídico en la defensa de los derechos humanos. No sirven si las universidades seguimos enseñando un Derecho centrado en la defensa de la riqueza acumulada de los clientes de los abogados, sin importar a éstos cómo, dónde y a costa de qué la acumularon. Más que nunca los abogados, los jueces, los estudiantes y profesores de Derecho, somos personajes primordiales en el drama del Derecho:
¿Qué podemos hacer por una persona que carece de vivienda digna y no puede adquirirla por los precios prohibitivos que tienen?
¿Y por el enfermo que no puede pagar médicos, ni medicinas, y carece como millones de mexicanos, de seguridad social?
¿Y por el trabajador a quién la Constitución promete un salario suficiente para sostener a su familia, pero que en realidad la maquiladora le paga un salario casi miserable?
¿Y por el académico universitario privado de su trabajo y sus ingresos por un gobernante abusivo?
Todas esas preguntas están esperando respuesta.
(Noviembre 20 de 2012)
