Tribunal federal electoral falla a favor de Constellation Brands. El plebiscito, en real peligro de abortar

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Los 17 mil peticionarios de un plebiscito en Baja California para definir si la empresa Constellation Brands se instala en la ciudad de Mexicali, recibieron la tarde de hoy un revés cuando la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la consulta “es intrascendente e improcedente.”

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 16 de mayo 2019.- De esta forma, el tribunal federal electoral dio la razón al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) que el 3 de marzo determinó, en su Dictamen 4, que la petición de los ciudadanos no es trascendente porque atacaba “un acto (de gobierno) administrativo”, y por lo mismo la votación popular no procede.

Días después –el 17 de abril-, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Baja California, al resolver la impugnación que en contra el Dictamen 4 hizo el Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua de Baja California, revocó la resolución del Consejo General del IIEBC y ordenó reponer las fases 2 y 3 del proceso de plebiscito.

Con ello, estimaron los magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Torres, se daba certeza jurídica a los miles de solicitantes de la consulta.

También se resguardaba su derecho “a la participación política y a disfrutar de un ambiente sano”, al someter a votación el permiso ambiental que el gobierno estatal dio a la transnacional, representante del Grupo Modelo en los Estados Unidos, para la edificación y funcionamiento de la cervecera.

Pero este día fue otro el criterio que los juzgadores federales aplicaron al tema.

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BC Tenedora Inmobiliaria, una de las subsidiarias de Contellation Brands en México y encargada de la instalación de la cervecera en Baja California, impugnó la resolución del tribunal local en la Sala Regional Guadalajara.

El magistrado Presidente de esa instancia federal , Jorge Sánchez Morales, consideró correctas las afirmaciones del Consejo General del Instituto Electoral, al estimar que el permiso de impacto ambiental que la Secretaría estatal de Protección al Ambiente otorgó al consorcio extranjero, es legal y por lo tanto “un acto administrativo.”

Cuestionó qué tan válido es dejar sin efecto, por medio de un plebiscito, un permiso ambiental otorgado a una persona moral.

– “¿A través del sufragio, la ciudadanía puede revocar una determinación administrativa que tuvo que cumplir los parámetros técnicos ambientales y jurídicos para ser otorgado? No es posible porque afecta el principio de legalidad y de derechos constitucionales contra el Estado de Derecho y la seguridad que tiene un particular para construir una industria legalmente jurídica.”

Para argumentar jurídicamente su sentencia, los jueces la insertaron en la hipótesis de Improcedencia que marca el artículo 18 de la Ley Estatal de Participación Ciudadana, aparte de ser actos cuya realización son legalmente obligatorios.

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En contraparte, en la sesión del pleno judicial electoral del 17 de abril, el ministro Leobardo Loaiza hizo una férrea defensa del derecho de los bajacalifornianos a tener total claridad y certeza en temas fundamentales relativos al estado que guardan recursos naturales, como el agua.

Esto, dijo, toda vez que hay incertidumbre sobre la cantidad de agua que Constellation Brands utilizará en el proceso de fabricación de cerveza: seis millones o 20 millones de metros cúbicos anuales.

“(Los ciudadanos) deben contar con información real, suficiente y objetiva respecto a la disponibilidad, a la cantidad con la que cuenta el estado y el consumo real que requiere la planta cervecera en todas sus fases de producción”, subrayó.

Y consideró que la mayoría de los consejeros electorales aprobaron el Dictamen 4 “sin fundamento jurídico” y de manera incongruente con los principios de trascendencia del plebiscito, “sin profundizar en los argumentos técnicos y científicos con los que el Instituto Electoral contaba al momento de analizar y razonar su voto” el 3 de marzo.

El Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua de Baja California, que apenas el 14 de mayo pidió en la Ciudad de México que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Director General de Delegaciones en la Secretaría de Gobernación, Vladimir Martínez Ruíz, cumplan con su promesa de hace 45 días -enviar al estado una comisión especial que investigue el conflicto social contra la cervecera-, aún pueden recurrir a la Sala Superior del Tribunal Federal en busca de apoyo.

Es la última instancia legal que les queda para lograr su objetivo democrático.


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