Tribunal civil de BC ordena al Ayuntamiento de Rosarito restringir la instalación de desalinizadora

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El Poder Judicial de Baja California exhortó al Ayuntamiento de Playas de Rosarito a que se abstenga de autorizar o ejecutar cualquier forma de gestión comercial, administrativa o de otra índole que signifique la construcción de la planta desalinizadora de agua de mar en aquel municipio.

Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos / Foto principal: Playas de Rosarito

Ensenada, B.C., 24 de abril del 2018.- Esto en atención al juicio mercantil que la empresa trasnacional Consolidated Water Corporation (CWC) LTD -con sede en las caribeñas Islas Cayman-, y sus socios mexicanos enfrentan en un tribunal civil de Tijuana con el principal accionista de la compañía estadounidense EWG Water LLC, Gough Thompson.

El ayuntamiento informó a través de su área de Comunicación que el pasado miércoles 18 de abril recibió el documento judicial y que ya revisa los alcances de las medidas notificadas que afectan un proyecto que se realiza bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), para construir la desalinizadora más grande de Latinoamérica en Playas de Rosarito.

Esta es la última de una serie de controversias legales en las que se encuentra estancado el proyecto que desde 2008 un grupo de empresarios estadounidenses, bajacalifornianos y políticos mexicanos impulsan en instancias de gobierno de ambas naciones.

Entre las querellas se encuentra el litigio que promueve Gough Thompson, uno de los participantes originales del proyecto junto con su socio Alejandro de la Vega Valladolid, en contra de las firmas que integran el consorcio Aguas de Rosarito, ésta última como tercera llamada a juicio en el Juzgado Décimo Civil en Materia Mercantil de Baja California.

Gough Thompson, el “dolor de cabeza” para Francisco Vega, el empresario Alejandro de la Vega Valladolid y la transnacional caribeña Consolidated Water Corporation (Foto: Eduardo Contreras / The San Diego Union Tribune).

Thompson, un contratista que radica en San Diego, California, y que tiene una larga experiencia en la construcción de aguas desalinizadas en Oriente Medio y Arabia Saudita con su compañía EWG Water LLC, asegura que su ex socio De la Vega Valladolid y CWC lo engañaron al informarle que el proyecto en Rosarito no estaba avanzando, por lo que era necesario invertir más dinero.

Antes, en 2010, él, De la Vega y la transnacional caribeña formaron el consorcio NSC Agua. El empresario bajacaliforniano y EWG Water controlaron el 50 por ciento de la nueva compañía (25% de acciones cada uno), en tanto que CWC se quedaba con el 50% restante.

Pero en febrero del año 2012, De la Vega y Consolidated Water “firmaron un acuerdo secreto” –indicó Thompson en su demanda civil- que dio al empresario bajacaliforniano preferencia de voto y venta de acciones que daban control casi total a la caribeña sobre NSC Agua.

Luego, de acuerdo con el demandante, CWC compró las acciones a De la Vega por casi 1.3 millones de dólares y a Thompson le ofreció 37 mil pesos por el 25% de sus títulos accionarios.

“Pulverizó mis acciones de 10 por ciento a menos de uno por ciento,” indicó el empresario sandieguino quien ante el presunto engaño procedió a su defensa legal primero en la ciudad de New York y ahora en Baja California.

Alejandro de la Vega Valladolid (Imagen: mBC Network).

Alejandro de la Vega Valladolid, accionista en Norte Sur Agua S. de R. L. de C.V., la empresa que dio origen a la compañía que obtuvo para Consolidated Water la concesión estatal para construir la desalinizadora -N.S.C. Agua S.A. de C.V.-, era el único empresario de la entidad que estaba involucrado directamente en el proyecto.

Cuando NSC Agua ganó la concesión, Antonio Valladolid Rodríguez era secretario de Planeación y Finanzas del gobierno estatal y primo del empresario beneficiado con la concesión del proyecto, por lo que pudo incurrir en delitos administrativos y penales (Negociaciones Ilícitas y Tráfico de Influencias) que aún nadie finca en su contra porque, al parecer, pagó sus faltas con su destitución del cargo público en abril del 2017.

En su comunicado, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito estableció que actúa “en cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 17 de abril del 2018 relativo al juicio de medidas provisionales promovido por EWG Water LLC, en contra de Alejandro de La Vega Valladolid; NSC Agua; Consolidated Water y como tercera llamada a juicio, Aguas de Rosarito”.

A su vez, el juzgador civil notifica en su resolución al gobierno municipal: “(…) le hago de su conocimiento las medidas provisionales decretadas en el juicio mencionado, a efecto de que en vía de consecuencia se abstenga autorizar o ejecutar cualquier forma de gestión comercial, administrativa o cualquier otra índole relacionada con la desaladora de agua”.

Además, el documento del Juzgado Mixto de Primera Instancia advierte que en caso de incumplimiento el Ayuntamiento se hará acreedor a una medida de apremio.

La planta de la CFE en Rosarito, paraestatal mexicana de las impulsoras primarios de la desalinizadora (Foto: Internet).

La planta desalinizadora en Rosarito está planeada para terminarse en 2024 y producir cuatro mil 400 litros por segundo de agua.

En su demanda, Gough Thompson afirma que Alejandro de la Vega, CWC y diversos funcionarios del gobierno de Baja California, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la oficina en San Diego del Otay Water District, siempre manifestaron que el objetivo primario del proyecto era colocar en el sur de California 25 millones de galones diarios de agua desalinizada en Rosarito, información que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y sus principales funcionarios ahora niegan.

El pasado 24 de marzo, Vega de Lamadrid y el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) en Baja California (Alfonso Blancafort) colocaron la primera piedra de la obra pese a la existencia del juicio mercantil y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudia un recurso de inconstitucionalidad que 11 legisladores pidieron para cancelar la autorización mayoritaria del proyecto en la cámara legislativa local.

El 1 de diciembre del 2017, el mandatario bajacaliforniano logró que la fracción parlamentaria de su partido (Acción Nacional) en el congreso, aprobara una deuda de 149.3 millones de pesos al mes durante 37 años para pagar el costo de construcción y operación de la planta desalinizadora en Rosarito.

Al concluir el plazo de la deuda, la desalinizadora pasará a manos del Estado y los bajacalifornianos habrán pagado alrededor de 76 mil 740 millones de pesos por el proyecto (con información del diario Reforma).


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