Surgen nuevos dueños a La Bufadora mientras locatarios afirman que el ex gobernador Osuna los abandonó
El ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán no defendió el fideicomiso de La Bufadora y con ello dejó indefensos jurídicamente a los 160 locatarios del más importante destino turístico de Baja California.
Ahora, el alcalde de Ensenada, profesor Gilberto Hirata Chico, que asumió el cargo el pasado 1 de diciembre, recibirá este jueves 5 de diciembre una orden judicial para que restituya física y materialmente el predio La Bufadora al ejido, lo que puede poner en riesgo su mandato si decide no acatar la resolución del Poder Judicial de la Federación.
A los Cuatro Vientos
Luis Martínez Mercado y Darvy Batallar Gómez, voceros del Comité de Defensa de La Bufadora, señalaron lo anterior al precisar que las actividades turísticas y comerciales en el lugar continúan de manera normal.
La versión de los locatarios se dio justo cuando aparecieron dos particulares -Francisco Álvarez y José Díaz Contreras-, con títulos de propiedad en la misma zona de 14 mil metros cuadrados de La Bufadora, de la cual se dicen dueños “por herencia”.
En entrevista con A los Cuatro Vientos manifestaron que la noticia del desalojo cayó a los locatarios “como un balde de agua fría”.
– “Era algo que no esperábamos aun cuando desde el 12 de diciembre de 2012 nos enteramos de la resolución del tribunal Colegiado (federal). Desde esa fecha fuimos siendo abandonados paulatinamente por las autoridades”.
Explicaron que el gobierno de Osuna Millán primero canceló el fideicomiso y cedió los derechos de vía al ejido Coronel Esteban Cantú, con lo cual dejó toda la defensa de los locatarios al ayuntamiento, el cual también poca cosa hizo por protegerse.
– “Lo cierto es que el gobierno del estado nunca presentó periciales para defenderse de la acusación del ejido y abandonó jurídicamente a la gente en La Bufadora”.
Apuntaron que los locatarios reconocen ejido históricamente, pero que no permiten que ahora sus miembros estén contando mentiras a la población.
– “Los locales comenzaron a construirse y a operar por nosotros desde 1962. Los locales existen en la zona desde antes de que se diera el decreto de dotación ejidal y el derecho de vía de ese camino vecinal, que se construyó entre 1960 y 1965, es decir también antes de que se creara el Esteban Cantú, nunca estuvo incluido en la dotación”.
Por otra parte –destacaron-, existen anomalías en el deslinde del ejido y en la ubicación del polígono que abarca la dotación, el cual simple y sencillamente no está cerrado y por lo mismo el ejido Coronel Esteban Cantú jurídicamente no existe.
– “Eso significa que no están definidos los linderos del ejido, y tan es así que incluso en uno de los planes oficiales de la Secretaría de la Reforma Agraria se dota al ejido de una superficie tal, que una de sus mojoneras viene quedando hasta dos kilómetros adentro del mar”.
Además, al ejido le fue dotada una superficie de 15 mil hectáreas.
– “El núcleo de esas 15 mil hectáreas que reciben como dotación tiene como centro el Cerro de Otate y abarca un perímetro de siete kilómetros a la redonda, pero los locatarios estamos a 15 kilómetros, es decir muy lejos de la tierra ejidal”.
Martínez y Batallar reiteraron que, como terceros interesados, los locatarios nunca fueron notificados del conflicto legal que había entre el ejido y las autoridades, por lo que solicitaron la revisión de la sentencia.
– “Contamos con un grupo de abogados que nos están ayudando en la presentación del recurso de revisión. Trabajamos con el tiempo muy limitado y se creó un Comité de Defensa para evitar el desalojo”
Consideraron que el ejido y sus representantes legales –los abogados Marco Antonio Díaz Sánchez, director general de México Contemporáneo, y Marco Antonio Díaz Cortés- están mintiendo y los quieren dividir cuando dicen que ya hay ruptura entre los locatarios y que varios de ellos estan dispuestos a negociar con ellos.
– “Lo cierto es que estamos más unidos que nunca”.
Asimismo dijeron que platicaron con el diputado federal de Ensenada, Ricardo Medina, quien se comprometió a presentar un exhorto a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que revise a la brevedad posible, el expediente del ejido y del juicio que éste entabló contra el fideicomiso.
LOS INTERESES DETRÁS DEL CONFLICTO
Los voceros del Comité de Defensa de La Bufadora dijeron estar dispuestos a platicar con los empresarios de Ensenada para que tengan bien claro qué se está jugando en este conflicto y qué intereses se pretende proteger”.
Entre esos intereses estarían los de Enrique Pelayo Torres, ex alcalde de Ensenada, quien tiene una propiedad inmueble en la zona y no fue tocado en los más mínimo en la resolución judicial.
– “Se trata de un edificio de color blanco, bastante grande de tamaño y que se ubica casi en la entrada de la zona comercial, en donde además funciona una tienda Oxxo que sabemos le pertenece”.
También está la esposa del actual subsecretario de Gobierno del Estado en Ensenada, Pablo Alejo López Núñez, quien presuntamente es ejidataria en el Esteban Cantú.
Para los locatarios el Grupo Empresarial México Mediterráneo, que asesora legalmente al ejido y dice tener millonarios desarrollos turístico-inmobiliarios en la Riviera Maya, así como importantes lazos con la Secretaría federal de Turismo y la Presidencia de la República, también es digno de investigación.
– “El Grupo Empresarial México Mediterráneo no solo aporta la asesoría jurídica al ejido, sino que también impulsa inversiones para un proyecto de alta rentabilidad económica en infraestructura turística y centros comerciales que, al estilo Disneylandia, permita a inversionistas extranjeros explotar el fenómeno marino extraordinario que es La Bufadora, y que nos pertenece a todos los ensenadenses”.
El destino de todo el derecho de vía en la carretera Maneadero-La Bufadora también sería objeto de la especulación inmobiliaria.
– “Sabemos que el ejido en realidad busca quedarse con 210 mil metros de derecho de vía; es decir, toda la carretera que va del poblado Maneadero a La Bufadora, porque tiene la idea de sacarle provecho comercial a las tierras colindantes con esa vía de comunicación, actualmente en remodelación”.
Terminaron considerando que no es justo que los ejidatarios y sus socios ahora quieran quedarse con todo cuando no han puesto ni un solo clavo en La Bufadora, y tampoco tienen un plan propio para la zona.
– “Para que se entienda de lo que son capaces, los ejidatarios se quedaron con el kiosco principal de la zona turística de La Bufadora y sólo cobran por el uso de los baños, igual como lo hacen en el estacionamiento que se encuentra a la entrada de La Bufadora, el cual les fue entregado por el Fideicomiso, al igual que el kiosco, hace 19 años y ahora resulta que desconocen al fideicomiso. Así son de oportunistas”.
LA SOMBRA DE LA LENGÜETA ARENOSA
La Bufadora es uno de los principales destinos turísticos de Baja California y su zona comercial se ve atiborrada de visitantes en verano (Foto: internet)
Un abogado de Ensenada dijo A los Cuatro Vientos que el hecho de que el polígono ejidal no esté cerrado provocó que en el pasado, el ejido perdiera el juicio por la posesión de la lengüeta arenosa de Punta Banda, la cual fue restituida a sus dueños originales luego de un largo conflicto judicial.
Él mismo –aseguró- recientemente ganó en tribunales federales la posesión de otros seis predios que el ejido Esteban Cantú reclamaba como suyos, sentencia que actualmente está en revisión en un tribunal colegiado de la federación ya que los ejidatarios se inconformaron con la resolución.
– “Pero estamos seguros que tal y como sucedió en el caso de la lengüeta arenosa, que tantos conflictos internacionales originó, los magistrados del Colegiado confirmarán la sentencia del Juzgado de Distrito a nuestro favor”.
Y remató: “El gobierno del estado perdió el juicio con el ejido simple y sencillamente porque nunca se defendió, y sabemos que actuó así porque pactó con los ejidatarios la ampliación de la carretera estatal que va de Maneadero a La Bufadora, además de otras cosas sobre el derecho de vía”.
SOLUCION CONCILIADA Y APEGADA A LA LEY
Por su parte, el alcalde de Ensenada Gilberto Hirata Chico declaró el miércoles 4 de diciembre que su gobierno, con asesores externos y de la Dirección Jurídica Municipal, revisa minuciosamente el tema desde el punto de vista legal, a fin de conocer quién se apega a la verdad jurídica.
Con ello, aseguró, buscará encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados: el ejido, los empresarios que los asesoran (Grupo Empresarial México Mediterráneo), los locatarios y el ayuntamiento.
– “Nuestro deber es conciliar en el conflicto, buscar las alternativas de solución privilegiando siempre el diálogo y tomar las decisiones que beneficien a la comunidad”.
LA PRUEBA PARA HIRATA
Por otra parte, trascendió que este jueves 5 de diciembre al mediodía el Ayuntamiento de Ensenada deberá entregar material y físicamente la zona comercial de La Bufadora a los ejidatarios y sus representantes legales.
Esto acatando una nueva resolución judicial federal que se desprende del expediente 666/2010 de un tribunal colegiado que determinó la restitución del predio, de casi 15 mil metros cuadrados de extensión, a los ejidatarios.
De no acatar la orden, Hirata Chico y el secretario del Ayuntamiento, Jesús Jaime González, pueden ser destituidos del cargo y consignados al Ministerio Público Federal por el delito de abuso de autoridad y desacato a una sentencia judicial federal.
Hace unos días Enrique Pelayo Torres, presidente del XX Ayuntamiento de Ensenada, no se presentó a cumplir la misma orden judicial y por ello los licenciados Díaz Sánchez y Díaz Cortés, del Grupo México Mediterráneo, dijeron que lo denunciarían –al igual que a Osuna Millán- por los mismos delitos.
APARECEN OTROS DUEÑOS
Mientras tanto Francisco Álvarez y José Díaz Contreras, con títulos de propiedad en la misma zona en conflicto, manifestaron que son dueños de La Bufadora “por herencia”.
Afirmaron que ante el Registro Público de la Propiedad, ellos están acreditados como propietarios pero tampoco han sido llamados a los juicios.
– “Están reclamando el reconocimiento legal de su propiedad a través del Tribunal Agrario, por tratarse de un conflicto de propiedad de tierras agrarias, pero el ejido se fue por la vía civil a demandar del fideicomiso el reconocimiento de derecho de vía a los ejidatarios, así que al caer el conflicto en la vía civil tampoco fueron llamados a juicio”, reveló A los Cuatro Vientos un residente de Punta Banda.
Agregó que Francisco Álvarez y José Díaz Contreras son propietarios, cada uno, de 18 hectáreas en la zona donde el ejido se reclama propietario
“Ellos –Francisco Álvarez y José Díaz- están en la zona como comerciantes por derecho de sucesión testamentaria de Elías Contreras; así es como tienen sus derechos” (A los Cuatro Vientos).