Solidaridad a Resistencias de Mexicali. Victimizadores de la protesta se exhiben con ridícula cancelación de audiencia judicial

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La organización civil “Contraloría Ciudadana del Agua en Baja California”, expresó su apoyo a los 8 dirigentes de diversas organizaciones de resistencia ciudadana que a petición del Congreso estatal -de mayoría morenista-, fueron criminalizados por ejercer sus derechos a la libre protesta, expresión, reunión y manifestación en contra de la Instalación en Mexicali del consorcio cervecero transnacional Constellation Brands.

 

Imagen: Facebook.

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto destacada: Cuartoscuro

Ensenada, B.C., México, jueves 8 de julio del 2021.- El apoyo, que también replicaron en otros posicionamientos la organización “Resistencia Civil de Baja California”, la “Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), y el Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, se dio lego de que el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Jorge Alberto Escárcega Germán, impugnó la resolución del titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia de la Fiscalía General del Estado, de no ejercer acción penal en contra de los 8 dirigentes sociales acusados.

Este día, los indiciados Alma Araceli Piña, Filiberto Sánchez Gurrola, Gabriela Aranguren, Francisco A. Zambrano, Tania Gallaga, Raquel Camacho López, León Fierro y Jorge Benítez, se presentaron a las oficinas del poder judicial que los citó para realizar una audiencia, pero ésta se aplazó porque el juez que lleva el caso no los pudo atender en el horario al que los citó.

En su escrito, Contraloría Ciudadana del Agua en Baja California exige el cese a la persecución y a la represión que se ejerce en contra de los acusados, así como el retiro de todas las denuncias penales y demandas jurídicas que existen desde 2016 a la fecha “en contra de quienes buscaron y buscan proteger los recursos naturales -el agua y la tierra-, para las actuales y futuras generaciones.”

A continuación, el texto del posicionamiento de la organización civil que este día acompañó a los acusados a la audiencia cancelada:

 

Imagen: Portal Ellos y Nosotros

 

La intención del ex ejecutivo estatal Francisco Vega de Lamadrid -y sus aliados en el congreso- por instaurar una ley del agua en Baja California con tintes notoriamente privatizadores, en diciembre de 2016, así como el intento por iniciar la construcción del Acueducto Ejido Villahermosa-Ejido El Choropo  para conducir agua a lo largo de más de 47 kilómetros desde la zona del acuífero del Valle de Mexicali hasta el predio de la planta cervecera Constellation Brands, ocasionó que la sociedad organizada, defensora del agua y el territorio rural y urbano, se manifestara enérgicamente en enero de 2017 para presionar la derogación de esa noema y bloquear la obra hidráulica que era estratégica para la empresa transnacional.

Posteriormente, múltiples eventos en los que participaron diversos grupos de activistas y colectivos sociales de Mexicali para contrarrestar el avance del proyecto depredador del agua, se suscitaron.

Uno de ellos sobresale por sus características de fuerte represión, agresión y encarcelamiento de manifestantes. Se trata del que ocurrió el de enero de 2018 en las inmediaciones del “Rancho Mena”, epicentro del conflicto socioambiental y en donde ya se construía la planta de Constellation Brands.

El proceso de creación de la compañía estadounidense  se interrumpió radicalmente con la consulta pública del 21 y 22 de marzo del 2020, la cual dio como resultado un rotundo NO a la instalación de la planta cervecera en la región, con lo cual el gobierno federal de inmediato le otorgó el carácter vinculatorio; es decir, de obligado cumplimiento.

No obstante, de manera insistente, durante el periodo post-consulta pública el gobierno estatal, en desacato tanto a la voluntad popular como a la del gobierno de la República,   retomó el cancelado proyecto cervecero y lo reimpulsó y promovió con la intención de continuarlo. Por su puesto sin éxito.

 

 

Hoy, esos son los motivos por los cuales la actual legislatura local y el ejecutivo estatal de Baja California que encabeza Jaime Bonilla Valdez, en representación de la transnacional y los demás intereses mercenarios, utilizan  su investidura de la manera más oprobiosa para atacar a los liderazgos sociales que se opusieron y oponen al megaproyecto cervecero.

En el caso de los Diputados, promovieron recursos jurídicos para impedir el no ejercicio de la acción penal o cierre definitivo de las carpetas de investigación a  los compañeros que por largo tiempo han enfrentado la infame criminalización de  su lucha por la defensa del agua y el territorio.

Este despreciable encono es absolutamente condenable. El pueblo no les paga a esos funcionarios públicos para que sean sus verdugos y envilezcan las instituciones del Estado.

No podemos permitir que los luchadores sociales reciban este trato, como un acto de venganza por ponerse al frente de la lucha anti-extractivista de los recursos naturales de Mexicali.

¡NUESTRA SOLIDARIDAD ES CON TODOS ELLOS Y TODAS ELLAS!

Exigimos el cese a la persecución y a la represión que se ejerce en su contra, y con ello también exigimos el retiro de todas las denuncias penales y demandas jurídicas que existen desde 2016 a la fecha en contra de quienes buscaron y buscan proteger los recursos naturales -el agua y la tierra-, para las actuales y futuras generaciones.

Contraloría Ciudadana del Agua en Baja California.

Mexicali, Baja California, México, a 8 de julio de 2021.

 


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