Sobre la Transparencia de los Contratos de las Asociaciones Público Privadas

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Recientemente se ha observado en la prensa una controversia sobre si el Gobierno del Estado se conduce con transparencia en relación con los contratos de las Asociaciones Público Privadas (APPs).

Jesús Francisco Galaz Fontes* / A los 4 Vientos

Mientras que desde hace tiempo diversos grupos de ciudadanos cuestionan de una manera insistente el proceder de las autoridades involucradas en este aspecto,  el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California (ITAIPBC), Octavio Sandoval López, expresó (Monitor Económico, octubre 12 de 2017) “que se deben transparentar y someterse al escrutinio público los proyectos de las asociaciones público privadas.” 

Sandoval López afirmó que, “debido a la naturaleza de estas asociaciones se debe poner en una caja de cristal toda la información referente a los proyectos de asociación publico privada, como son las etapas del concurso, que inicia con la convocatoria y las bases para concursar, las propuestas presentadas, la evaluación de las mismas y el fallo de adjudicación.”

Octavio López Sandoval, comisionado presidente del itaipbc. Foto: Internet/El Vigía

Finalmente, señaló que, con base en “las buenas prácticas de Gobierno Abierto, y de acuerdo al principio de máxima publicidad y a la obligación del Estado de transparentar su gestión, se debe dar acceso a la ciudadanía de aquellos compromisos que el gobierno adquiere con estas asociaciones, máxime que los mismos exceden de su periodo de gestión.”

En contraposición a este planteamiento que supone que no ha habido la transparencia conveniente y debida, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid ha declarado públicamente que todo lo relacionado con las APPs se ha manejado con la transparencia necesaria, al asegurar “que en ninguno de los proyectos de APPs ha habido opacidad, pues en todos los procesos de licitación han participado empresas de índole internacional y tras los fallos ninguna de ellas expresó alguna molestia.”

Así mismo, el reportero Armando Nieblas comenta que, “por enésima ocasión, el Gobernador aseguró que el motivo para cuestionar los procesos de estos proyectos es político y se debe a la cerrazón de estos mismos grupos, los cuales están poniendo en riesgo el futuro de la zona costa del Estado, aunque en esta ocasión fue el Instituto de Transparencia quien solicitó transparentar dichos procesos.”

¿Dice algo al respecto de la transparencia la Ley sobre las APPs? El Artículo 10 dice, textualmente, lo siguiente (subrayados nuestros):

Las Dependencias y Entidades deberán publicar en el Portal de Compras del  Gobierno del Estado:

 e-Compr@sBC (https://compras.ebajacalifornia.gob.mx/indexssl.asp), por secciones debidamente separadas, la información relativa a los proyectos de asociación público privada estatales, así como de los proyectos no solicitados que reciban las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Este sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual podrán desarrollarse procedimientos de contratación.

Francisco Vega, gobernador de Baja California, fuertemente cuestionado por el Movimiento Mexicali Resiste en relación a obras hidráulicas que, sostienen los activistas sociales, privatizan el agua. Foto: La Jornada BC

La información en el Portal e-Compr@sBC, deberá contener los datos necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través del esquema de asociaciones público privada, y que permitan realizar análisis sobre la viabilidad del proyecto. Además, contendrá información para identificar los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de desarrolladores, en los términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.

Este sistema establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información

He explorado el Portal de Compras del Gobierno del Estado y no he podido localizar, a partir del mismo, toda la información relativa a los contratos APPs que se han celebrado a esta fecha. No obstante, buscando en otros espacios de las páginas que manejan las dependencias estatales, sí he podido localizar, como otros exploradores de los laberintos virtuales del Palacio Ejecutivo, varios contratos APPs y diversos documentos asociados a ellos.

¿Quiere esto decir que tiene razón el gobernador Vega de Lamadrid cuando afirma “que en ninguno de los proyectos de APPs ha habido opacidad”?

La Ley vigente sobre las APPs se promulgó desde 2014. Asumiendo voluntad política para ser transparente, ¿no se podría haber construido desde ese entones toda la base informática para que el Portal de Compras del Gobierno del Estado contuviera, conforme se fuera generando, toda la información relativa a los Contratos APPs?; ¿no se podría haber construido una estructura informática amigable para que todos los ciudadanos interesados pudieran tener un acceso directo y sencillo a los documentos pertinentes? ¿Qué hay de extraordinario en estas acciones que hacen que el Ejecutivo Estatal no las puede realizar contando, como se sabe, con todos los recursos para hacerlo? ¿Ignorancia, incompetencia, corrupción?

¿Miente el gobernador Vega de Lamadrid al defender la transparencia de los Contratos APPs?

Según la Real Academia Española el término mentir puede interpretarse de varias maneras: (1) “decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa… (2) inducir a error… (3) fingir, aparentar… (4) falsificar algo… (5) faltar a lo prometido, quebrantar un pacto.”

Tal vez el Fracisco Vega está mal informado, pero dudo mucho de que esto sea así. Además de ser, como él mismo lo ha declarado insistentemente, un empresario exitoso, es un político en funciones de Gobernador y, como tal, tiene la obligación de saber si la ley que prometió cumplir está siendo observada escrupulosamente. No parece estarlo haciendo y, en esa medida,  no solamente miente por “manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa,” sino, más grave aún, por “faltar a lo prometido, quebrantar un pacto,” aquél según el cual gobernaría bajo el imperio de la ley. 

Jesús Francisco Galaz Fontes. Académico en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California UABC-Mexicali.

galazfontes@gmail.com

 


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