¿Simulación en el “Segundo Piso” vial de Tijuana? Proyecto de Bonilla se liga al plan de “Kiko”
Con la base del “Segundo Piso” vial que no ejecutó el ex mandatario panista Francisco Vega de Lamadrid, el gobierno de Baja California pretende iniciar la construcción del Viaducto Elevado El Soler-Garita-Aeropuerto, en la ciudad de Tijuana, al término del primer trimestre del próximo año.
Captura de pantalla
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Imagen principal: Captura de pantalla
Ensenada, B.C., México, a miércoles 9 de diciembre del 2020.- El tramo de 9.3 kilómetros de longitud se levantará en 4 años y tendrá una inversión de cinco mil 584 millones de pesos que se recuperaran mediante cuotas de peaje o prepago a los usuarios de la vialidad, a la cual se le pronostica una vida útil de 50 años.
El proyecto lo encabeza la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado. Abarcará terrenos que forman parte de las delegaciones Playas de Tijuana, Centro y de Otay.
Existe de momento un punto de incertidumbre sobre el origen de la inversión porque de acuerdo con declaraciones de Karen Postlewhaite, titular de Infraestructura, el capital lo pretende poner una compañía privada que “ya mostró interés” en el proyecto; sin embargo, en el Manifiesto de Impacto Ambiental que la dependencia estatal presentó para estudio en la Semarnat, la administración de Jaime Bonilla no indica nada al respecto.
De hecho, el 12 de noviembre, fecha en que la funcionaria habló con la prensa, ésta dijo que la propuesta de peaje para el uso del segundo piso vial podría ser de 20 pesos por vehículo, aunque el costo final “estará definido por el consorcio privado que está interesado en invertir en esa obra.”
Durante su gestión, Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador panista de Baja California, concertó un contrato de Asociación Pública Privada (APP) para construir el proyecto “Periférico – Aeropuerto – Zapata – Doble Piso a Playas de Tijuana”, de 3.6 kilómetros de longitud.
La obra, de mil 500 millones de pesos, Vega la concedió en abril de 2017 al consorcio empresarial que integró a Constructora Ramher, del entonces senador Víctor Hermosillo Celada, y a Cointer Concesiones, una subsidiaria del Grupo Azvi, con oficina matriz en España.
El consorcio transnacional ibérico está envuelto en escándalos de fraude y corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y fue acusado de financiar ilegalmente campañas electorales del Partido Popular español.
El conflictivo Grupo español Azvi logró entrar al sector de ferrocarriles mexicano en medio de nuevos escándalos, y está próximo a iniciar su aventura pospuesta en Baja California (Foto: El País).
Pese a estos antecedentes, en mayo pasado obtuvo la concesión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para construir, junto con otras empresas, la tercera fase del Tren Maya en el Sureste mexicano, de 173 kilómetros de extensión y que lleva una inversión pública de 10 mil 193 millones de pesos.
En su declaración a la prensa del 12 de noviembre, Karen Postlewhaite reveló que Vega finalmente no firmó el contrato con las dos empresas bajo escándalo, por lo que aquel proyecto se canceló, pero agregó que había interés de “otro consorcio” empresarial que no identificó, para construir “una segunda etapa de nueve kilómetros.”
Fue la indiscreción del Sindicato Nacional de Infraestructura la que reveló, el pasado 26 julio, que la obra aparentemente la retomó y amplió Jaime Bonilla con Cointer Concesiones y sus asociados mexicanos, entre ellos Víctor Celada, también ex presidente municipal de Mexicali y político panista que al verse descubierto como uno de los beneficiados con la APP de Vega, simplemente dijo: “Soy senador, pero también hombre de negocios”.
Ese día, los trabajadores firmaron un contrato con la filial mexicana de Grupo Azvi para ejecutar el bulevar Zapata, el cual forma parte del plan original de Vega de Lamadrid, pero ahora con un costo de dos mil 600 millones de pesos, 3 kilómetros de extensión, áreas verdes, dos años de construcción y una tarifa de peaje al automovilista de 25 pesos.
Nicolás Plascencia Albiter, secretario general del gremio, dijo entonces que la vialidad es “uno de los 147 proyectos que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Plan Nacional de Infraestructura”.
De este opaco renacimiento de la vergonzosa obra panista –se desconoce si finalmente se firmó el contrato APP de Francisco Vega con el consorcio Ramher/Cointer, o si se trata de una inversión totalmente privada-, surgió ahora el proyecto Viaducto Elevado El Soler-Garita-Aeropuerto, en revisión ambiental desde el pasado 19 de noviembre; es decir, apenas una semana después de las declaraciones hechas por la secretaria estatal de Infraestructura.
De acuerdo con el nuevo proyecto vial, del cual 4 Vientos tiene una copia, el punto de inicio del Viaducto Elevado corresponde al entronque Periférico Tijuana Sur (continuación de la Carretera 1D) con la Avenida Segunda, y concluye en la vialidad Juventud Oriente próxima al recinto del aeroportuario internacional de Tijuana.
El “Periférico Elevado” de Kiko Vega (Captura de pantalla)
El “Viaducto Elevado” de Bonilla (Captura de pantalla).
La comparativa de los planos de ambos proyectos demuestra que comparten el mismo recorrido y obras desde el momento en que la vialidad se acerca a la garita internacional de San Isidro, en el Centro de Tijuana, hasta casi llegar al aeropuerto.
Asimismo coincide el contenido de la obra de Jaime Bonilla con la de Francisco Vega. Esto al comparar el manifiesto ambiental del “Viaducto Elevado” con el “Estudio de Rentabilidad Social” que el mandatario panista mandó hacer para justificar el contrato APP del proyecto “Periférico”.
Los dos documentos resaltan tener como objetivo “fortalecer y modernizar el sistema de transporte vehicular del Centro Urbano de Tijuana, así como mejorar la movilidad de las personas que transitan en la zona metropolitana fronteriza mexicana que abarca Tijuana, El Rosarito y Ensenada, así como de San Diego en Estados Unidos de Norteamérica”
Igualmente, subrayan que entre los beneficios de las obras están:
1) Garantizar la movilidad segura para más de 300 mil usuarios que se trasladan desde Tijuana – Rosarito – Ensenada, que incluye a las personas que se movilizan entre los cruces fronterizos en la región binacional fronteriza de Los Ángeles, San Diego, Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada-.
2) Reducir el tiempo de traslado de las personas que se movilizan en esa zona fronteriza, así como el consumo de combustible y por ende la reducción de emisiones y de concentración de gases contaminantes llamados de invernadero.
3) Mejorar la infraestructura vehicular y urbana de la franja fronteriza de la Zona Metropolitana Tijuana Rosarito Tijuana y San Diego
Finalmente, dejan constancia de su preocupación por atender el crecimiento del parque vehicular en Tijuana para el año 2030 –dos millones 881 mil729 vehículos para un indicador de 1.42 vehículos por habitante, con la tendencia exponencial y tasa anual del 7.29%-, y de la movilidad vehicular que se relaciona con la industrial, el comercio y los servicios del sector terciario, como el turismo.
“Se trata de un proyecto de infraestructura vial y urbana que promoverá el desarrollo de la región Tijuana- Rosarito-Ensenada, junto con la de San Diego, con múltiples beneficios para la sociedad de la región y de nuestra nación.”