Seduce narco al PRI en Chihuahua

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De las investigaciones de Miroslava Breach Velducea se puede concluir que al menos en media docena de municipios de la sierra, grupos del crimen organizado metieron la mano para designar candidaturas del PRI en la elección de 2016. Para 2018 el panorama pinta para tormenta.

Carlos Omar Barranco* / Voz del Chamizal

A casi un año del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, sus investigaciones sobre la narco política en Chihuahua quedaron sumidas en el olvido.

Ningún medio quiso entrarle al toro de continuar las lineas que dejó marcadas la reportera chinipeca y que al paso del tiempo le costaron la vida. A simple vista parece un argumento válido: ninguna nota vale la vida. O lo que es lo mismo, no van a cambiar las cosas solo porque un reportero las publique.

Si en el gremio del que ella formaba parte no hubo la intención de indagar, menos en las instituciones públicas, señaladas por su omisión o complicidad.

La infiltración del narco en gobiernos locales de la sierra chihuahuense, ha sido reconocida en múltiples entrevistas por el Fiscal del Estado César Augusto Peniche Espejel.

Obviamente la admisión pública de que existe el problema, no es suficiente para erradicarlo.

El deslinde hacia la competencia federal, es la salida fácil por la que optan todas las autoridades estatales -incluido el fiscal y sus buenas intenciones.

Y en esa esfera -la del gobierno federal- la PGR guarda silencio. No investiga, no detiene, no hace nada. Tal vez solo reciba dinero sucio a cambio del silencio. Pero quién podría probarlo. Nadie.

De las investigaciones de Miroslava Breach Velducea se puede concluir que al menos en media docena de municipios serranos (los que marcan la ruta del trasiego de drogas de la sierra a la frontera) grupos del crimen organizado metieron la mano para designar candidaturas del PRI en la elección de 2016. Para 2018 el panorama pinta para tormenta.

Van a repetir candidaturas personajes que fueron señalados por la investigación de la reportera, por sus claros vínculos con el crimen y tanto el PRI como el IEE, reconocen que no podrán hacer nada para evitarlo.

Para el delegado del comité ejecutivo nacional, Sofío Ramírez, quien debe intervenir es la autoridad federal. La callada PGR.

Sofío Ramírez, delegado en Chihuahua del CEN del PRI (izquierda), con el líder nacional priista Enrique Ochoa.

Ellos, como partido, únicamente pueden solicitar ‘respetuosamente’ a quienes se postulan que se porten bien.

Del lado del IEE su titular, Arturo Meraz, reconoce que el tema escapa a su ámbito de competencia. Son una autoridad administrativa. No persiguen ni investigan delitos.

Pero esa pasividad no implica que la olla no esté hirviendo y desbordándose. En los últimos tres meses jefes de las policías municipales de Buenaventura y Namiquipa, bajo las órdenes de alcaldes del PRI, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado, por involucrarse con organizaciones criminales y participar en delitos como secuestro, trasiego de droga y uso de armas reservadas al Ejército.

La postulación de personajes ligados al narco no ocurrió por primera vez en 2016, pero sí fue esa la primera ocasión que un trabajo periodístico -el de Miroslava Breach Velducea y Paty Mayorga- le puso nombres y apellidos.

Este es solo un recuento de lo que pasó en los municipios señalados por ambas periodistas, al haber sido infiltradas sus estructuras políticas.

Para la presidencia municipal de Bachíniva el PRI postuló a Silvia Mariscal, familiar del líder de un grupo criminal, según informes oficiales de la FGE.

Pero al conocerse públicamente el caso, Mariscal fue reemplazada por Irma Delia Morales Mendoza.

Irma Delia ganó la presidencia y este año buscará la reelección.

En Namiquipa (derecha) el candidato fue Ramón Alonzo Enríquez Mendoza, de quien se decía que también había sido una imposición de un capo que opera en la zona, pero a pesar del señalamiento, continuó con la candidatura y ganó la alcaldía.

 

Un año y medio después, los jefes de la policía bajo su mando y al menos 2 agentes en activo, fueron detenidos por la Fiscalía estatal por operar para un grupo criminal y cometer delitos como secuestros y trasiego de droga.

Este año 2018 quien busca conservar esa posición para el tricolor es Oscar Barraza Robledo, quien fue director de Obras Públicas en el trienio 2007-2010, que le tocó concluir al alcalde suplente Dagoberto Trevizo Tena, después de que el alcalde titular del PAN, Héctor Ariel Meixuiero Muñoz, fue asesinado, en un hecho que mostró cómo el narco mantiene el control de los gobiernos locales en la zona: una vez que el poder volvió a las siglas del PRI, todo regresó a la “normalidad”.

En la elección de 2010 el PRI ganó con Jesús Manuel Ortega Meraz, que encabezó la coalición Nuestro Compromiso es Chihuahua junto con el Panal, la misma que postuló a César Duarte para la gubernatura.

En 2013 el PRI repitió el triunfo con Dagoberto Trevizo Tena, quien en 2016 le entregó el poder al señalado Ramón Alonzo Enríquez.

Es por eso que la postulación ahora de Oscar Barraza Robledo, se entiende como una continuación del estado de cosas que han mantenido a Namiquipa bajo el control del narco.

Solo así se explica que estando el PRI al frente de la presidencia municipal, desde 2009 -cuando fue asesinado Meixuiero Muñoz- haya estado al mando de la Policía Municipal, uno de los hombres de confianza del capo que controla la zona.

Se trata de Daniel G. Q., sobrino del líder criminal, quien ingresó a la corporación en octubre de 2010 y que para el año 2012 ya era el comandante.

El 21 de febrero de 2018, ya con el cargo de sub director de seguridad pública otorgado por el actual alcalde Ramón Alonzo Enriquez, Daniel fue detenido por la Fiscalía General del Estado y la Policía Federal.

Un juez le dictó orden de aprehensión por presuntamente haber perpetrado un secuestro siendo comandante de la policía de Namiquipa.  

La trayectoria del hoy detenido, cuando estuvo en la Policía local, es una muestra de la infiltración del narco durante más de una década en un municipio gobernado por el PRI.

Su caso no fue el único. Antes, el 27 de diciembre de 2017, el entonces director de seguridad pública Héctor Raúl M. C. y dos policías bajo su mando, fueron detenidos por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.

Transportaban un cargamento de cristal y armamento en un carro sin placas.

“Según las primeras indagatorias se supo que los ahora detenidos forman parte de una red de protección al narcotraficante (…) líder del grupo criminal “N””, indicó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

Para sorpresa de muchos, la información que la propia Fiscalía había publicado en su página de internet, sobre la detención y vinculación a proceso de Daniel, fue dada de baja sin ninguna explicación.

En Buenaventura. Miriam Caballero Arras fue señalada en la nota de Miroslava Breach como prestanombres de personajes ligados al crimen organizado, cuando el PRI la postuló como su candidata a la alcaldía en 2016.

En 2018 la hoy alcaldesa va por la reelección, con todo y que el año pasado su director de Policía, Enrique L. S., fue detenido por cargos de desaparición forzada y abuso de autoridad.

Desde que era candidato a gobernador Javier Corral denunció que en dicho municipio el gobierno local era cómplice del crimen organizado.

“En este caso concreto es evidente la colusión del crimen organizado con los operadores de la campaña del PRI en el municipio (…) los narcotraficantes operan para el PRI en la sierra”, señaló Corral en una nota de Paty Mayorga publicada por Proceso el 6 de mayo de 2016.

En Chínipas (arriba) hace dos años el candidato puesto por el narco fue el abogado Juan Miguel Salazar Ochoa, hijo y sobrino de líderes de otro grupo criminal.

Después de conocerse los lazos familiares del candidato, el PRI lo sustituyó por Ramón Agramón Varela, quien ganó la elección y hoy es el alcalde.

Este año los priistas de Chínipas postulan a Salomé Ramos Salmón, quien fue señalado en la columna de El Diario de este 7 de marzo, porque también tiene lazos familiares con el mismo cartel.

En Urique (arriba) la candidata del PRI en 2016 fue Martina Edith Domínguez Tepeyac, quien fue señalada en la nota de Breach, pero de nuevo el partido la sostuvo y ganó la elección. Este año la candidatura tricolor la encabeza José Luis Herrera Rentería.

En Uruachi (arriba) la candidata ganadora del PRI fue en 2016 Hacel Rocío Campos Chacón. Este año va por la reelección. Los señalamientos contra Hacel Rocío son igual de graves, pero ninguna autoridad federal ha informado oficialmente que se hayan abierto investigaciones en contra de ella.

Es el mismo caso para todos. La posible infiltración del narco en los municipios serranos del estado de Chihuahua, solo ha salido a la luz pública de dos maneras.

O se publican datos en reportes periodísticos que no culminan en ninguna investigación federal, o sus jefes policiacos son detenidos cometiendo algún delito ligado a delincuencia organizada.

* https://vozdelchamizal.wordpress.com/2018/03/07/seduce-narco-al-pri-en-chihuahua/


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