Secretarios del Trabajo y Hacienda de BC, con su actitud pro-patronal, hacen crecer la “bola de nieve” de inconformidad de los jornaleros

Comparte en redes sociales

 

 

El ex secretario estatal del Trabajo y hoy diputado por el VIII Distrito Electoral de Baja California con sede en Tijuana, Sergio Moctezuma Martínez López, hizo un segundo llamado al actual titular de la dependencia laboral, Alejandro Arregui Ibarra, a que atienda los problemas de no pago de reparto de utilidades a los jornaleros agrícolas de Baja California.

 

La denuncia laboral de los jornaleros de Agri Bella ante el legislador (Foto: El Mexicano).

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: En el tema de los abusos laborales a los trabajadores del campo, “un problema que no se soluciona a tiempo crece como una bola de nieve” (Organización Editorial Mexicana).

Ensenada, B.C., México, domingo 26 de junio del 2022.- En esta ocasión sumó en su exhorto al Servicio de Administración Tributaria de Baja California para que, en conjunto con Arregui, “velen por los intereses de los trabajadores agrícolas” del estado en general, y en particular de los jornaleros que laboran en Agri Bella, S. de R.L. de C.V., compañía mexicana subsidiaria de la transnacional israelí Mayan For, un consorcio con interés mundial en el campo de la agricultura, el sector energético y la industria.

Desde el pasado 3 de junio, 27 trabajadores de la empresa acudieron al diputado de Tijuana, presidente de la Comisión de Justicia en el XIV Congreso local, para denunciar que Agri Bella no les pagó utilidades –el plazo legal para hacerlo venció el 30 de mayo-, tampoco los registra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque a quienes solicitan esa prestación legal de inmediato los despide, y retrasa hasta por siete meses el pago de vacaciones.

Martínez López, quien preside la asociación civil Protección de los Derechos del Consumidor (PRODECO) y fue secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado -del 1 de Noviembre de 2019 al 5 de marzo de 2021- por encargo del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, platicó ese día con el gerente general de la empresa, el agrónomo y especialista en Tecnología de Información Moshe Rimon.

 

“Procurando una solución salomónica entre la empresa y sus trabajadores –manifestó el legislador-, invité a los representantes de dicha fuente de trabajo a llegar a un acuerdo conciliatorio con las y los 27 trabajadores inconformes, siendo tajantes los representantes en ese instante, expresando que ellos están cumpliendo con la ley”.

 

Seis días después de su gestión –el 9 de junio-, el diputado usó la tribuna del congreso para solicitar la intervención de la Secretaría del Trabajo, a través de su departamento de inspección, para dar una respuesta legal a las demandas de los trabajadores de Agri Bella en San Carlos y abonar “a favor del ánimo conciliador y el tono armónico por la paz laboral que caracteriza a Baja California”.

También llamó a la agroempresas a que cumplieran “de manera impecable” con el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades, y “respeten las condiciones generales de trabajo”.

 

El priista que quiso ser senador por BC, ahora como “morenista” esta dejando crecer como “bola de nieve” el problema laboral de los jornaleros (Foto: Veraz Informa).

 

Agregó: “El derecho laboral es un derecho social. Los trabajadores del campo en muchas ocasiones son el único sustento de la familia, y si el empleador osadamente repite una conducta ilegal se hace acreedor a las sanciones legales”.

Su exhortó no lo escuchó ni la Secretaría del Estado ni la patronal agrícola, sordera que es normal en ambas dependencias del estado.

Desde abril y hasta junio, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) con matriz en San Quintín, ha informado que poco más del 40% de todos los jornaleros agrícolas del valle se quedará sin reparto de utilidades porque la Secretaría del Trabajo permite y alienta la prevalencia de la subcontratación laboral (“outsorcing”) en Baja California.

 

También que solo dos de casi 100 agroempresas que operan en San Quintín pagarán “un reparto de utilidades justo a sus jornaleros, apegado a lo que ordena la Ley del Trabajo. Los demás no pagarán o aportarán de 40 a 300 pesos a sus trabajadores alegando que no tuvieron utilidades, cuando sabemos que el año pasado ganaron miles de millones de pesos en ventas”.

Y que los tres grandes consorcios transnacionales y multinacionales agrícolas que operan en el valle –Driscoll, Berrymex y Andrew & Williamson– siguen violando “impunemente” los derechos laborales de más de 15 mil jornaleros que laboran en sus campos de berrys en la región.

Por ello, el jueves 23 de junio los dirigentes del SINDJA –Abelina Ramírez Ruiz, Lorenzo Rodríguez Jiménez y Rodolfo Gálvez León, secretarios General, de Organización y del Trabajo y Conflictos, respectivamente-, emitieron un comunicado en donde anuncian que ante la falta de interés del secretario Alejandro Arregui en resolver la problemática laboral de los trabajadores, cancelar de último minuto una reunión de trabajo con el gremio y no atender su invitación al diálogo directo con los campesinos:

 

Las quejas de los jornaleros en San Quintín, apenas el pasado 30 de mayo del 2022 (Foto: Cortesía SINDJA).

 

“Empezaremos a tomar acciones más concretas y de mayor impacto para que nos volteen a ver, ya que al parecer los y las jornaleras seguimos siendo invisibles”.

Un día después, el diputado Sergio Moctezuma Martínez hizo público su segundo exhorto –un punto de acuerdo económico que se aprobó por mayoría de votos en el pleno del congreso- para que el secretario Arregui y el director general del Servicio de Administración Tributaria del gobierno, Jorge Alberto Raygoza Lucero, atiendan el caso Agri Bella.

Específicamente, al secretario del Trabajo el poder legislativo pide que cumpla con lo siguiente:

Revise el estado que guarda el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. Verifique el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo. Atienda personalmente a los 27 trabajadores de la compañía. Se establezca una ruta para buscar una inmediata solución al conflicto. Informe a los trabajadores del resultado de las inspecciones en la fuente laboral. Se pondere poner a disposición de los quejosos la asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Y al Raygoza Lucero lo exhorta a que audite y fiscalice el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa.

 

“No solamente se busca proteger a las y los trabajadores de la Empresa Agribella (SIC), sino a todas y todos los trabajadores del campo que puedan encontrarse en una situación similar por las posibles malas prácticas de sus empleadores (…) Con esta proposición lograremos salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores del campo, así como prevenir las posibles malas prácticas de diversos empleadores”, apunto el diputado.

 

Y concluyó:

“Tengo la firme convicción de que un problema que no se soluciona a tiempo crece como una bola de nieve”.

A las 9 de la noche de este día, Alejandro Arregui finalmente aceptó reunirse mañana lunes 27 de junio con los jornaleros y dirigentes del SINDJA -en Camalú, San Quintín-, para iniciar una conversación que permita llegar a los acuerdos que sean necesarios en la solución de los conflictos laborales que afectan a miles de trabajadores del campo.

 


Comparte en redes sociales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.