SCJN ordena a congreso de BC no entregar a Rosarito 180 km2 de terreno que Ensenada dice le pertenecen

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto del Poder Legislativo de Baja California que cedía al municipio de Playas de Rosarito, 16 mil 800 hectáreas que originalmente forman parte del territorio de Ensenada, el municipio territorialmente más grande de México.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Humedal de La Misión, en la zona territorial en disputa (Internet)

Ensenada, B.C., 28 de junio 2019.- Los ministros tardaron casi tres años en resolver el juicio de Controversia Constitucional que el gobierno de Ensenada interpuso en el máximo tribunal de la nación, para dejar sin validez el dictamen 137 del congreso local, de fecha 28 de septiembre del 2016.

Con la sentencia, el conflicto territorial que tiene 18 años vigente, regresará al congreso estatal y será la legislación que entra en funciones el 1 de agosto, quien deberá resolver el problema creando el Estatuto Territorial para establecer los límites territoriales de los cinco municipios de Baja California, orden que ya emitió la SCJN en enero de este año.

El veredicto unánime que se emitió el miércoles 26 de junio, también invalidó el Decreto 684 que dio origen al dictamen legislativo que determinó dar a Playas de Rosarito, “en forma definitiva e inatacable”, la superficie que ambos municipios disputan desde 2001.

Ese decreto se aprobó de manera unánime con los votos de los entonces integrantes de la Comisión de Gobernación del congreso: José Roberto Dávalos (PRD), Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez (PES), Felipe de Jesús Mayoral Mayoral (PBC), Miriam Josefina Ayón Castro (PRI), Rafael Flores García (PRI), y Cuauhtémoc Cardona Benavides (PAN).

La resolución del congreso, emitida en el contexto de una Controversia Territorial, originó que el gobierno municipal de Ensenada solicitara el juicio de Controversia Constitucional en la Suprema Corte, en octubre de 2016.

Los límites territoriales de Tijuana, Ensenada y Tecate antes de que naciera el municipio de Playas de Rosarito (Foto: Síntesis TV).

Para ello contrató a un consorcio de abogados que presuntamente encabezó Genaro Góngora Pimentel, ex ministro de la Corte federal.

Así, el 28 de noviembre de 2016 la SCJN determinó la suspensión temporal de todo acto jurídico tendiente a cumplir con lo resuelto en el Dictamen 137 del poder legislativo de Baja California.

Meses después, en una investigación de la Auditoría Superior del Estado, se documentó el desvío de 12 millones de pesos del gobierno municipal que presidió Gilberto Hirata Chico, para pagar al despacho Menchaca, Pérez y Asociados por la representación jurídica del juicio de Controversia.

El dinero se tomó de un crédito bancario con la institución crediticia Bansi, por 660 millones de pesos, para ejecutar obra pública en Ensenada.

El escándalo provocó que el ayuntamiento cancelara el contrato y asignara el seguimiento del juicio a la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos.

El Presidente Municipal Marco Antonio Novelo y el Director de Asuntos Jurídicos, Tomás Burns (Cortesía)

Hoy, al conocer la sentencia, el Presidente Municipal Marco Antonio Novelo Osuna celebró la estrategia seguida por su gobierno a través del Director de Asuntos Jurídicos, Tomás Burns.

“La estrategia era legal, no de protagonismos”, dijo el edil.

El conflicto territorial entre ambos municipios inició en 2001 cuando el Ayuntamiento de Playas de Rosarito demandó al Congreso de Baja California, aplicar el estatuto constitucional que fijó en 1995 los límites de ambos municipios.

Ensenada denunció que ese estatuto, origen del Municipio de Playas de Rosarito que hasta entonces era delegación municipal de Tijuana, entregaba ilegalmente casi 180 kilómetros cuadrados de territorio que histórica y legalmente pertenece al municipio, el cual posee 52 mil 482.40 kilómetros cuadrados por lo que es el más grande del país.

La franja en disputa genera impuestos y derechos por más de 25 millones de pesos anuales para el gobierno de Ensenada, además de incluir un área habitacional –los poblados La Misión y Santa Anita- que se ha dividido por la dotación de servicios públicos que ofrecen al mismo tiempo los dos ayuntamientos.

Comparte en redes sociales