San Quintín, municipio en disputa
Inconformes con observaciones de Osuna Millán a la municipalización, habitantes de San Quintín iniciarán en breve manifestaciones de protesta
Foro de Ensenada
Calificativos como: “indignados, decepcionados, molestos y entristecidos” fueron los que utilizaron los representantes del Comité de Pro municipalización de San Quintín, tras el veto del Ejecutivo del Estado, para la consolidación del sexto Ayuntamiento de Baja California.
Ensenada, Baja California, 21 de julio de 2013.- En una conferencia que ofrecieron este día ante el grupo Foro de Ensenada, A.C., Fernando Figueroa Calderón, presidente del mencionado comité, informó que procederán a emprender una serie de manifestaciones pacíficas de inconformidad y desplegados en medios masivos de comunicación, para externar su firme rechazo por la medida.
Aseguró que así demostrarán que no son un pequeño grupo de residentes quienes están inconformes con este veto, como autoridades gubernamentales han querido dar a conocer, sino que se trata de “miles y miles” de residentes de esa zona que están unidos con un mismo objetivo: “El de ser un Ayuntamiento independiente”.
Destacaron que otra medida que tomarán es la legal, que es dar seguimiento a los procedimientos del Congreso del Estado, conforme la facultad que tienen para la autorización de nuevos Ayuntamientos en la Entidad.
Hicieron un llamado para evitar manipulaciones de información que se han generado como el cliché de: “Ensenada juntita se ve más bonita”, o que San Quintín sería un Ayuntamiento empobrecido.
Puntualizó que en la actualización el Estado recibe alrededor de 38 mil millones de pesos, de los cuales tan solo 800 millones de pesos son para el Ayuntamiento de Ensenada, cantidad que en su mayoría se reparte para los 2 mil 600 empleados del Ayuntamiento y que por tal motivo no alcanza a llegar a lugares marginados y alejados como San Quintín.
Consideraron que con la consolidación de un nuevo Ayuntamiento en San Quintín pudieran acceder a alrededor de 500 millones de pesos, así como la gestión directa de bolsas de recursos de diferentes niveles de gobierno para ser distribuibles a lo que requieren.
Además de ello, no se contratarían los más de 2 mil empleados que tiene el Ayuntamiento de Ensenada, cantidad que consideraron exagerada, al destacar que en la actualidad el funcionario, además de la secretaría y del asesor, tienen el asesor del asesor.
Aseguraron que en la actualidad enfrentan grandes rezagos de inversiones, así como en desarrollo, además de gestiones tardadas y caras por las distancias para recorrer a fin de emprender trámites.
Expresó que políticamente si ha sido utilizado el tema de San Quintín, pero no solo por unos, sino por todos, derivado a que el haberse dado el veto a la autorización del Congreso del Estado después de las elecciones, también lo consideraron como una forma de manipulación del tema.
Expresó que durante el pasado proceso electoral, solo fueron escuchados por el diputado federal y ex candidato a la gubernatura por la Coalición Compromiso por Baja California, Fernando Castro Trenti, sin embargo, puntualizaron que en infinidad cantidad de ocasiones le pidieron a Arturo Alvarado, coordinador de Campaña de Francisco Vega de la Madrid una reunión con el candidato a la gubernatura por la Alianza Unidos por Baja California, y actual gobernador electo y jamás tuvieron una respuesta positiva.
Apoya Enrique Pelayo observación de Osuna a la municipalización
El alcalde de Ensenada Enrique Pelayo Torres, se manifestó a favor del veto interpuesto por el gobernador, Guadalupe Osuna Millán, contra la municipalización de San Quintín.
El Vigía
Sin embargo, el primer edil aseguró que el gobierno municipal no se opondrá jurídicamente a la creación del sexto municipio.
Indicó que el XX Ayuntamiento se mantendrá a la expectativa de cómo se resuelve el conflicto entre el gobernador Osuna Millán y los legisladores que promueven la municipalización.
Pelayo Torres respaldó lo señalado por el Gobierno del Estado, en el sentido de que el proceso de municipalización no se hizo en apego a la normatividad, y por ello, en caso de quererlo continuar, los diputados locales tendrán que corregir las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo.
Entre ellas, destacan la invalidez del plebiscito realizado el 28 de octubre de 2012, mismo argumento que sostiene el gobierno municipal para oponerse a la legalidad de la municipalización de San Quintín.
Pelayo Torres descartó que el gobierno municipal pueda interponer alguna acción jurídica contra la municipalización, debido a que Osuna Millán ya actuó en ese sentido.
“Yo creo que no será necesario, estaremos pendientes de cómo se resuelve, aunque no creo que le den los tiempos a la actual legislatura”, subrayó el alcalde.
Y reiteró su postura de que no será con más burocracia como se resolverán los problemas de rezago social existentes en la zona rural de Ensenada, y afirmó que en esta administración se aplicó “como nunca y sin el ánimo de presumir” una fuerte inversión pública sin precedentes en la región sur y en otras comunidades que por muchos años no habían recibido atención.
El Congreso de BC tiene 30 días para responder a Osuna Millán
El Legislativo de Baja California tiene hasta 30 días naturales para tomar una postura respecto a las observaciones emitidas por el gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, en el decreto enviado al ejecutivo para la municipalización de San Quintín, informó el secretario General de Gobierno, Francisco García Burgos.
Gobierno de Baja California
Explicó que son necesarios 17 votos de los diputados del Congreso para que las observaciones sean rechazadas y en caso de que sean impugnadas se deberá replantear el proceso necesario para la municipalización de San Quintín, comenzando por un nuevo plebiscito.
García Burgos detalló que el Ejecutivo del estado (a la derecha en la foto) emitió dos observaciones. La primera fue que no se obtuvo el 10 por ciento de participación ciudadana necesaria para considerar la municipalización; sólo se obtuvo un 7.6 por ciento.
La segunda, fue que de acuerdo a los límites territoriales que se plantean, pareciera que se le estaría quitando una parte del territorio al municipio de Mexicali para incorporarse a San Quintín, por lo que el ayuntamiento de la capital del estado deberá tomar una postura para la creación del sexto municipio según lo marca la ley
Municipalizar, acto exclusivo del Legislativo
Por su parte la diputada y dirigente estatal del PRI, Nancy Sánchez, expuso que carece de validez el argumento del mandatario estatal en el sentido que no se cumplió con el requisito del plebiscito.
PRI / PT
“Que quede muy claro, la Ley de participación Ciudadana efectivamente marca el 10 por ciento en un plebiscito para actos del Ejecutivo. Este no es un acto del Ejecutivo, es un exclusivo acto del Legislativo, nada más”, mencionó.
Mientras tanto, la diputada petista Claudia Agatón Muñiz consideró que más allá de tecnicismos, la municipalización de San Quintín es un acto de justicia y de fortalecimiento de las comunidades del sur profundo del Estado de Baja California.
“Lamentamos que el Gobernador del Estado impida el procedimiento para otorgar la creación de San Quintín como el Sexto Municipio del Estado. Es un acto de desprecio a los afanes regionales de quienes tiene años en la marginación y falta de atención institucional para lograr crecer económica y socialmente”.
La legisladora consideró que los residentes de San Quintín y de las comunidades rurales de la parte del “sur profundo” de Baja California, requieren de convertirse en Municipio porque de esta forma se detonará el desarrollo económico al contar con su propio gobierno.
Además, agregó, ello obligará al Estado y a la Federación a enviar mayores participaciones presupuestales y sobre todo permitirá la participación democrática de quienes allá viven en la planeación de su desarrollo regional.
“Por tal razón insistiré desde el Congreso del Estado para que junto a los legisladores progresistas sustentemos mediante una adecuada interpretación legal la necesidad de que San Quintín se convierta en municipio”, destacó Agatón Muñiz.
Subrayó: “Lamentamos que el C. Guadalupe Osuna Millán se ponga del lado de aquellos terratenientes y latifundistas que son quienes ganan manteniendo a San Quintín como delegación, porque de esa forma burlan distintas obligaciones fiscales y se mantienen como un grupo de poder factico que les permite tomar decisiones por encima de la mayoría de la población”.
Y agregó: “Por eso señalo que el gobernador muestra su talante impositivo, se pone de lado de los poderosos agricultores y pretende pasar por encima de la libre voluntad de quienes viven en el sur del Estado.
“Confío en que antes de entregar la estafeta del Congreso del Estado a la Vigésimo Primer Legislatura logremos superar el veto impuesto a esta municipalización”.
Carta Abierta a quien le corresponde decidir la municipalización de SQ
Sin lugar a dudas nuestra Baja California atraviesa hoy en día uno de los momentos más críticos de su historia. Ante la evidente y actual crisis de virtudes, moral y ética en la vida política, algunos actores han sobrepuesto de forma incorrecta ciertos intereses y un cuestionable sentido de legalidad por encima de la justicia, igualdad, libertad de determinación y democracia participativa. Estos actores políticos, debido a esta crisis han sido obtusos para advertir la importancia que tienen estos principios en sus decisiones y en la construcción de los pilares rectores de las acciones del poder público.
En la obra “La República”, Sócrates explicaba a sus discípulos que las leyes no son las que le fallan al hombre, sino su aplicación. Advertía que la injusticia es una característica del hombre, y no de las leyes, pues éstas no pueden ser justas o injustas, sino aquella intermediación que existe entre la ley y el hombre: la interpretación. Lo que le falla a los hombres –decía-, no son las leyes, sino los hombres mismos y su forma de interpretarlas.
El debate que se suscita en torno al “veto” presentado por el Gobernador del Estado en relación con la municipalización de San Quintín, tiene mucho que ver con la justicia y la interpretación de las leyes. El argumento principal del documento es una interpretación “a modo” de la Ley de Participación Ciudadana respecto el “requisito” de reunir el 10% de electores para que el plebiscito sea válido; sin embargo, este sólo aplica para aquellos que tengan que ver con los actos del Poder Ejecutivo del Estado, y cito:
“Artículo 22.- Los resultados del plebiscito tendrán carácter vinculatorio para los actos del Poder Ejecutivo, sólo cuando una de las opciones obtenga la mayoría de votación válidamente emitida y esta corresponda cuando menos al diez por ciento de los ciudadanos incluidos en la lista nominal en la circunscripción territorial que tenga verificativo el plebiscito.”
Esto significa que, si el Gobernador del Estado en uso de sus facultades decide someter a plebiscito una decisión o una política pública, el resultado le será obligatorio sólo si votan el 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Lo cual es contrario a lo que sucede en el plebiscito para la creación de un nuevo municipio, pues el legislador no impuso esta condición, además ambos plebiscitos son de naturaleza distinta. Si en su momento se hubiera deseado que el plebiscito para la formación de municipios cumpliera con este requisito, lo hubiera expresado textualmente en la Constitución y en la Ley de Participación, cuestión que no sucede.
Regresando, pues, al tema de la crisis de virtudes, moral y ética en la función pública, tenemos que con esta errónea interpretación a la Ley de Participación Ciudadana, se podrían cometer varias injusticias. Los funcionarios “interpretes” de la Ley, sugieren que:
1. Es preferible “cumplir” con un precepto legal comprendido equivocadamente, a mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de San Quintín.
2. Es preferible “respetar” un precepto legal entendido erróneamente, a atender con seriedad un proceso de municipalización que lleva más de 10 años.
3. Es preferible “burlar” el sentido real de la Ley, a dejar que los ciudadanos puedan construir su futuro.
4. Es preferible “escuchar” a un grupo de “empresarios”, que a los más de 17,000 ciudadanos que votaron libremente por el SI a la municipalización.
5. Es preferible “aletargar” el proceso de municipalización, y entrar a un conflicto de interpretación que podría terminar en los tribunales, a resolver las necesidades de educación, salud, trabajo, infraestructura, servicios públicos, inversión y seguridad pública, que le urge a la región de San Quintín.
Señores legisladores y funcionarios públicos, no permitan que se privilegien las erróneas interpretaciones por encima de los principios que deben regir la vida pública. Dejen de lado los prejuicios partidistas, malos asesores jurídicos, y conviértanse en hombres justos y sabios: permítanle a San Quintín que tenga su propio futuro.
Jorge Mendoza, ciudadano a favor del Municipio de San Quintín
¿Qué sigue?
Esto es lo que determina al respecto el Artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Baja California:
ARTÍCULO 34.– Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.
A. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.
B. El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios (18.75) del número total de sus miembros (25). Vencido este plazo, se tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate.
Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberán ser promulgados y publicados en un término que no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que hayan sido remitidos nuevamente al Ejecutivo.