Salvárcar: herida que no cierra
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en histórica resolución (amparo 710/2013), protegió a Israel Arzate Meléndez, que recuperó su libertad el 6 de noviembre pasado. La sentencia, en una lectura de fondo, evidencia que ahora hay dos injusticias superlativas: en primer lugar la impunidad en la que continúa la masacre de enero de 2010 donde perecieron asesinados quince jóvenes y otros más resultaron heridos; y en segundo, la injusticia misma de haber mantenido en cautiverio por cerca de tres años a Arzate Meléndez. En este país se va en busca de justicia para concluir que se adosan nuevas injusticias, perpetradas por los personeros de la Fiscalía y los juzgadores que continúan en sus cargos en la irresponsabilidad completa por acciones y omisiones perfectamente punibles.
Jaime García Chávez/ A los Cuatro Vientos
Un poco de historia viene al caso: el 3 de febrero de 2010 el gobierno priísta de Chihuahua captura a Arzate Meléndez e intenta vincularlo al homicidio de los jóvenes en Villas de Salvárcar. La base para incriminarlo es una confesión arrancada a través de la tortura por efectivos del Ejército Mexicano y en instalaciones ocupadas por ellos. El caso atrajo la atención de importantes entidades derechohumanistas, entre ellas el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, la red Mesa de Mujeres y el Centro Juarense de Apoyo al Migrante, además de Human Rights Watch, Aministía Internacional, Artículo 19, el Comité Contra la Tortura y el grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero no solo, también la CNDH emitió su propia recomendación (49/211).
Todos los pronunciamientos que provocaron la intervención de estas instituciones tienen un común denominador: la condena a la tortura y que a estas alturas del siglo XXI los tribunales reiteren la aceptación de confesiones evidentemente obtenidas bajo coacción o violencia atrás de la cual está la fabricación artificial de responsables a modo para atenuar la presión social que clama por justicia. Arzate Meléndez se defendió, concitó el apoyo de todas estas honorables organizaciones y obtuvo su libertad y, además, lleva en sus entrañas el agravio de haber estado injustamente privado de su libertad por un delito del que se autoincriminó por la tortura de que fue objeto, por militares desprovistos de toda ética y que actuaron abusando de su poder y fuera estrictamente del ámbito de sus competencias.
El amparo dictado obedece, sin duda, a la orientación derechohumanista que establece la nueva constitucionalidad en esta sensible materia. Además, nos debe llevar a replantear con energía que las fuerzas armadas –Ejército y Marina, centralmente– se deben replegar al ámbito que la Constitución les asigna, saliéndose sin mayor dilación de las tareas de policía que competen por entero al brazo civil estatal persecutor de los delitos. Mientras esto no llegue, continuarán los abusos, los juicios a modo, la tortura con su siniestro rostro.
Pero además hay una faceta que no se puede perder de vista: los hechos comentados sucedieron a la sombra de sendos gobiernos priístas en Chihuahua: los últimos meses de la administración de José Reyes Baeza y el medio sexenio de César Duarte Jáquez. Y subrayo esto porque los mismos priístas, por ejemplo Rodrigo De la Rosa, pastor de los diputados en el Congreso local, con descaro afirmó que eso pasó en el anterior gobierno, queriendo lavarle obviamente la cara a su jefe, pero sin hacerse cargo de la extracción partidaria. Pero de fondo hay que señalar que atrás de procedimientos como el que mantuvo en cautiverio a un torturado, hay funcionarios de carne y hueso, con nombres y apellidos, además de jugosos sueldos, que deben ser procesados por actuar al margen de la ley que proscribe la tortura, que establece la presunción de inocencia, que no admite la autoincriminación como tal porque en la historia de este país ha sido la puerta fácil para aparentar que hay justicia cuando en realidad lo que se tiene son juicios de espectáculo para acallar el clamor por el Estado de Derecho en este delicado tema.
Hoy como ayer, está claro que ningún juzgador puede irse en contra de un presunto responsable cimentándose en pruebas ilícitas. Hoy como ayer, los tiempos reclaman la separación de los poderes y no lo que tenemos ahora como complicidad entre un fiscal y un Poder Judicial absolutamente dependiente de una misma jefatura que los obliga a concurrir en propósitos de aparente justicia, pero que en realidad emiten sentencias cosméticas para socavar el reclamo de que las cosas se hagan con estricto apego a la ley y a la dignidad y derechos de los justiciables. Es tan sencillo como entender que no se le puede dar credibilidad a una confesión arrancada en un cuartel militar, como bien se sabe por la montaña de agravios que la historia de México reporta bajo esa circunstancia.
Salvárcar, como Creel y otros sucesos, es una herida que no cierra. Claro que esta justicia jamás restaurará la vida de los sacrificados. Los padres y los hermanos jamás tendrán a las víctimas de esta violencia sentados a la mesa o en la sala de sus hogares, donde pacientemente han esperado que al menos la humana justicia les ayude a mitigar el dolor y las penas que ni el tiempo puede borrar. Pero ha sido una espera inútil y además doblemente torturante y propiciadora de frustración. Por boca de las autoridades chihuahuenses, quizás algún tiempo creyeron en sus oficios, en su desempeño, y ahora estarán en tal grado de embotamiento que se preguntan el por qué de la Corte. Sé que no contribuye mucho a paliar su dolor, pero la Corte simple y llanamente hizo justicia y en el mundo de las tinieblas chihuahuenses sólo se escucha la siniestra voz del fiscal general ofreciendo que solicitará un nuevo proceso penal y una orden de aprehensión en contra de Israel Arzate Meléndez. ¿Quién, con dos dedos de frente, le puede creer?, ¿cuál es su autoridad moral?
Frente a la herida abierta y la falta de justicia, se levanta un reclamo para que ésta impere. Emito mi personal condena contra el crimen en Salvárcar y les recuerdo a los que me leen que el termómetro de la calidad de sociedad que tenemos lo da el estado de sus aparatos de justicia. Vivimos en un submundo, qué duda cabe.
*Jaime García Chávez. Abogado, político, escritor y periodista chihuahuense. Visita su Blog: http://jaimegarciachavez.mx/