Revocación o ratificación; dos caras de la misma moneda

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Hay un curioso argumento de quienes se oponen al ejercicio del 10 de abril, diciendo que la revocación del mandato es un procedimiento diseñado exclusivamente para que los ciudadanos descontentos “castiguen” a un presidente o a cualquier funcionario.

 

 

Víctor Orozco* / 4 Vientos

Foto destacada: López Dóriga Digital

 

No sirve, dicen para ratificar o reafirmar, sino solo para defenestrar y hoy es utilizado mañosamente al revés. Lo he leído en incontables ocasiones incluso de sesudos académicos.

Este razonamiento olvida que:

Una consulta popular promovida por un grupo de ciudadanos ante la autoridad electoral, tanto pueden solicitarla quienes aspiran a la remoción del funcionario cuestionado, como también aquellos que buscan una declaración explícita de la mayoría de los electores para que un funcionario determinado continúe en el encargo.

¿Por qué habrían de hacerlo si fue electo para un período que aún no termina?, se arguye. La respuesta simple e inmediata es: porque están en su derecho, ya que la ley no lo prohíbe.

Pero, para no acudir a una respuesta tan tajante, aunque insuperable, pensemos en dos de la gran cantidad de motivaciones que pueden animar a los “ratificadores”, llamémoslos así. En ciertas circunstancias un gobierno puede estar sometido a presiones y ataques que le impidan o le obstaculicen sus tareas, de interés para todos.

Entonces, es perfectamente lógico que quienes lo apoyan y están de acuerdo con sus políticas públicas, si así lo estiman necesario o conveniente, soliciten la consulta con la intención de fortalecer al mismo gobierno y evitar quizá una salida violenta a la crisis, mediante una solución política.

Se formularía la pregunta previsible: ¿Estás de acuerdo en que tal funcionario (Presidente, gobernador, etcétera) permanezca en el cargo hasta la terminación del período para el cual fue electo, o estas a favor de que se retire?

 

 

Veamos otro caso: una de las principales propuestas de campaña y de la plataforma política con la cual triunfó el candidato, ahora funcionario, fue justamente someterse a los resultados de una consulta popular a medio camino de su administración.

El propósito explícito es impedir que gobernantes ladrones, represivos o ineptos, sigan haciendo de las suyas, sin que haya remedio para detener sus desmanes.

Fue aprobada esta propuesta por abrumadora mayoría de los electores. Luego entonces, una parte de ellos, en cumplimiento de su plataforma programática, se organiza y solicita a la autoridad electoral que convoque y organice tal consulta, en la cual, cada ciudadano tendrá oportunidad de votar por la permanencia en el cargo o la dimisión del gobernante.

Éste es justamente el caso del actual procedimiento de revocación del mandato que tendrá su culminación el próximo 10 de abril.

Me pregunto: ¿Qué habrían dicho los recalcitrantes enemigos del gobierno si el presidente se niega a someterse a una consulta a pesar de su promesa? Ya estaríamos escuchando las letanías de quejas e insultos y soportando ataques por el incumplimiento.

Quienes apoyamos al presidente vamos a votar para fortalecer a su gobierno. ¿Por qué hemos de hacerlo? Por la sencilla razón de que así lo deseamos. Quienes están porque se vaya, deberían acudir para expresarlo así con su voto. ¿Por qué no lo hacen? Muy sencillo, porque temen quedar en minoría, aunque esto equivale a la actitud nada democrática e inconsecuente de aquel que dice, si puedo ganar le entro a la competencia, si no, la descalifico con cualquier pretexto y declaro que es una farsa.

 

El voto de la revocación ya ocurre en el extranjero (Foto: Hidrocálido digital).

 

También el manido argumento, se olvida que, tanto en el caso de quienes se organicen para pedir la continuidad del mandato, como quienes lo hagan para pedir la dimisión del funcionario, están sujetos a las mismas reglas y deben acudir ante la autoridad electoral quien determinará si reunieron los requisitos, entre ellos y de manera fundamental, el de un mínimo de firmas solicitantes.

Desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna diferencia, por más que las aspiraciones de unos contradigan a las de los otros. Tanto si están a favor del gobierno como en su contra, han de someterse al mismo procedimiento.

Quien organiza la consulta, no son los solicitantes o promoventes, sino las autoridades en cada una de sus facultades y atribuciones. De allí otra grave incongruencia de los que negándose a votar, denuncian como fraudulenta a la consulta, al mismo tiempo que defienden a ultranza a la autoridad convocante y ejecutora, como lo es en el caso el Instituto Nacional Electoral.

Otra reflexión más. Considerar que este tipo de consultas sólo pueden tener como objetivo revocar el mandato o quitar al funcionario, es olvidar que siempre pueden tener uno de dos resultados: o el favorable a quienes la pidieron o el adverso a sus propósitos. Aún en el caso de que los demandantes estuvieran llamando a la salida anticipada del funcionario, al organizarse la consulta, tienen igual derecho de hacer proselitismo o propagada los partidarios de uno u otro bando.

Dicho de otra manera, la consulta implica siempre dos caras de la misma moneda: o se revoca el mandato o se ratifica al funcionario.

La oposición al gobierno de la Cuarta Transformación se ha enredado de tal manera en sus argumentos, que ahora exige a López Obrador que termine su mandato, cuando ha insistido reiteradamente que se vaya, de manera expresa o implícita al acusar a su gobierno como el causante de un desastre nacional. A este insólito resultado la llevó el pánico que le provoca perder abrumadoramente en una consulta democrática.

 

* Víctor Orozco. Historiador. Licenciado en Derecho. Académico y Defensor de los Derechos Universitarios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Laureado con la medalla al mérito cultural Hugo Rascón Banda.

Ensenada, B.C., México, jueves 7 de abril del 2022.

 


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