Raúl Ramírez Baena es Coordinador de la CNDH en Baja California
Raúl Ramírez Baena, cofundador y Director Ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Asociación Civil, fue designado ayer Coordinador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Baja California.
Raúl Ramírez (Internet)
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: La Jornada BC
Ensenada, B.C., 5 de febrero 2020.- El nombramiento lo hizo directamente la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, y lo confirmó el Presidente de la Comisión Ciudadana y destacado abogado constitucionalista, Daniel Solorio Ramírez, Defensor de los Derechos de las Audiencias en 4 Vientos
Ramírez Baena, colaborador de años en 4 Vientos, estudio Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDHPC), hoy Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), en el periodo 2000-2003.
Asimismo, ha sido Consejero Electoral Propietario en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California desde 2011.
Igualmente se encontraba en la terna que la administración de Francisco Vega de Lamadrid propuso en septiembre pasado para el nombramiento de la o el Comisionado Ejecutivo Estatal de Víctimas, proceso actualmente bajo boicot del gobernador Jaime Bonilla Valdez y su congreso de mayoría morenista en Baja California.
En su paso por la hoy desaparecida PDHPC, impulsó una lucha intensa en contra de las violaciones de las garantías individuales por parte de los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, y actuó en la defensa y promoción integral de los derechos de los indígenas originarios de Baja California, así como de los indígenas migrantes de otras entidades que laboran en los campos agrícolas del valle de San Quintín, en Ensenada.
Asimismo, emprendió acciones para hacer valer una recomendación de la CNDH que permite a los indios cucapás la pesca de curvina en el núcleo de la reserva de la desembocadura del río Colorado, en el Golfo de California, recomendación que hasta hoy no ha sido atendida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Infoimagen: Sin Embargo
En mayo del 2003, poco antes de que el congreso local de mayoría panista bloqueara su reelección al frente de la Procuraduría, emitió la recomendación 6/2003, dirigida al gobernador y al presidente municipal de Ensenada, para que resolvieran las condiciones de enorme discriminación y exclusión en que viven los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín y el valle de Maneadero, en materia de seguridad pública y desarrollo social.
De la misma forma, solicitó al congreso local que elaborará y aprobara una Ley Estatal de Derechos y Cultura Indígenas en Baja California, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT, firmado por México.
Y tanto en la PDH como en su organización civil ha desplegado su experiencia para defender los derechos de los mexicanos y centroamericanos que se arriesgan a cruzar sin documentos la frontera, en busca de mejores salarios.
Desde 2009 a la fecha, también se ha enfrentado al mediatismo y poder político del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, ex secretario de seguridad pública municipal en Tijuana y Ciudad Juárez, y candidato dos veces a la Presidencia Municipal de Tijuana, luego de acompañar y representar a los familiares de 23 policías que señalaron al militar como torturador o como protector de policías torturadores bajo su mando.
Derivado de esas quejas, los organismos públicos de derechos humanos -CNDH, PDH y la CEDH de Chihuahua- emitieron 18 Recomendaciones entre los años 2009 al 2015 que confirmaron, con base en la aplicación del Protocolo de Estambul a las víctimas por la propia CNDH (peritaje especializado adoptado por la ONU para rastrear las secuelas físicas y psicológicas de la tortura, certificando oficialmente si las personas fueron o no torturadas), las acusaciones de los torturados.
En octubre de 2019, Ramírez Baena denunció asimismo que los grupos religiosos conservadores del estado de Baja California que se oponen al matrimonio igualitario y a la despenalización del aborto, “han adoptado una actitud cada vez más beligerante para impedir que dichas garantías sociales sean aprobadas en la entidad, lo cual ha generado un escenario de mucha polarización.”
Imagen: Facebook
En su denuncia pública que hizo en 4 Vientos, alertó que uno de los personajes que han adoptado un mayor protagonismo en esta coyuntura es el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, “lo que pone en entredicho el carácter laico del Estado mexicano.”
Y el pasado 21 de enero denunció también en 4 Vientos:
“Ante la omisión del Gobierno y del Congreso de Baja California para instalar el Sistema Estatal de Víctimas, en febrero del año 2016, colectivos de víctimas, académicos y ONG, con el respaldo de la CEDH, con base en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de BC, presentaron ante el Congreso local una INICIATIVA CIUDADANA, cumpliendo con los requisitos establecidos en dicha ley.
Después de un intenso cabildeo por parte de víctimas, integrantes de ONG y de la CEDH, no fue sino hasta el mes de septiembre de 2018 cuando finalmente el Congreso aprobó la LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, entrando en vigor el 30 de octubre del mismo año, disponiendo que, en un plazo de 90 días tras su entrada en vigor, el Ejecutivo Estatal debería remitir al Congreso del Estado la TERNA propuesta para el nombramiento de la o el Comisionado Ejecutivo Estatal de Víctimas.
El 16 de agosto de 2019, tras dos Convocatorias declaradas desiertas, el gobierno de Francisco Kiko Vega publicó en el Periódico Oficial del Estado la tercera y definitiva Convocatoria dirigida a colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, para presentar postulaciones a fin de integrar una terna, plazo que concluyó el 13 de septiembre de 2019 con la postulación de tres candidatos para ocupar la titularidad de dicha Comisión Ejecutiva.
De manera inexplicable –posiblemente con responsabilidad de por medio por incumplir un mandato legal-, a pesar de que prácticamente tuvieron mes y medio para hacerlo (nada se los impedía), ni el Gobernador Francisco Vega ni el entonces Secretario General de Gobierno Francisco Rueda tuvieron la voluntad política para enviar la terna al Congreso, afectando con ello los derechos de las víctimas.
Kiko Vega y Jaime Bonilla, los dos coinciden en boicotear la real y honesta defensa de los derechos humanos en Baja California (Archivo).
De entonces a la fecha, aún con la nueva administración, el dictamen con la terna correspondiente tampoco ha sido remitido por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado, con lo que se retrasa la integración del Sistema Estatal de Víctimas.
Preocupante es que el actual gobierno estatal no presentó en el Presupuesto de Egresos 2020 la propuesta para integrar el FONDO ESTATAL DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. Tampoco el Congreso tomó la iniciativa para ello a pesar de ser un mandato de ley.
Recientemente, colectivos de familiares de personas desaparecidas se reunieron con el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, con la nueva titular de la “Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No Localizados”, Alma Lares, y con diputados del Congreso local, incluido su presidente Víctor Morán; todos ellos prometieron acelerar el proceso para nombrar a la o el Comisionado Estatal de Víctimas.
A pesar de que los colectivos de víctimas ya no están dispuestos a seguir esperando la buena fe de las autoridades, los funcionarios estatales aseguraron que el gobernador Jaime Bonilla los recibirá pronto. Veremos.
Por lo pronto, Baja California junto con Guanajuato, son los dos únicos estados de la República que no han instalado su Sistema Estatal de Víctimas.”
Este es, en resumen, el Coordinador de la CNDH en Baja California.