Raro: gobierno federal negó permiso ambiental a Sempra. ¿Pesó el factor Iberdrola?
El consorcio transnacional Sempra Energy sufrió un revés inesperado en su plan de reconversión de la planta de gas natural que opera Baja California, cuando la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) del gobierno federal negó el permiso ambiental para la construcción de una subestación eléctrica en la planta industrial propiedad de su empresa filial Energía Costa Azul (ECA).
El proyecto que la SEMARNAT rechazó (Captura de pantalla).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: Con oídos sordos y mirada ciega de los que deciden, la protesta de los ensenadenses por el fraude de consulta que simuló un apoyo que no se dio a la transnacional, simplemente no prosperó. Ahora, el mismo que no vio ni escuchó mete una pequeña zancadilla a su aliado. ¿Por cuánto tiempo será así? Sin duda, por poco (ejatlas.org).
Ensenada, B.C., México, miércoles 29 de junio del 2022.- La negativa ocurrió tras un año de evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental que ECA presentó en la DGIRA, una oficina de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que finalmente observó en el documento tres importantes transgresiones a ordenamientos ecológicos e incumplimiento en la normatividad jurídica del país.
La obra, que Sempra gestionó con el membrete mercantil “ECA Liquefaction, S. de R.L. de C.V.”, buscaba construir una subestación eléctrica que le permitiría interconectarse con una obra similar que se edificaría en la central Baja California III que para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) opera la transnacional española Iberdrola –confrontada hoy con el gobierno federal mexicano- en modalidad de “Productor Independiente de Energía”.
La inversión del proyecto “Línea de interconexión ECA – La Jovita”, por tres millones de dólares –alrededor de 60 millones de pesos-, es importante porque Sempra necesita energía eléctrica adicional para operar en 2024 una planta de licuefacción de gas natural, actualmente con un avance de construcción del 30% y cuya producción –12,3 millones de tonelada anuales de gas natural licuado- será exportada a mercados globales a través de las transnacionales asiáticas Mitsui, Tokyo Gas y la francesa Total.
ECA e Iberdrola son vecinos en Costa Azul y el proyecto de las subestaciones e interconexión no representa una gran obra de ingeniería, además de que la central de ciclo combinado genera 324 megawatts de electricidad que son suficientes para abastecer la demanda de Sempra y de otras 700 mil personas.
Pero desde 2020 Iberdrola tiene problemas con el gobierno mexicano que la acusa de manipular el mercado nacional de electricidad a través de la figura de autoabastecimiento.
Iberdrola en La Jovita, vecina de Sempra, pero de momento no serán socios (Facebook).
El conflicto creció este año cuando la CFE culpó a la transnacional española de espolear el rechazo legislativo a la Reforma Constitucional Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La paraestatal a su vez detuvo la solicitud de la empresa de migrar una generadora en Monterrey del esquema de autoabastecimiento al régimen del mercado mayorista, luego de que caducara su contrato de interconexión a la red de transmisión.
Este problema generó que el consocio español solicitara un amparo federal y amenazara con recurrir al arbitraje internacional, a lo cual la CFE respondió con una condicionante al inicio de operaciones de la planta eléctrica Topolobampo III de Iberdrola, a quien pidió el pago de penalidades contractuales por 16.5 millones de dólares, más IVA, por retraso en la construcción de la obra.
Independientemente de que estos inconvenientes pudieron estimular la negativa de autorización del proyecto “Línea de interconexión ECA – La Jovita”, lo cierto es que el manifiesto ambiental de Energía Costa Azul enfrentó importantes objeciones técnicas.
Quienes refutaron son: la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS); y de la Dirección de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS).
La resolución de la DGIRA al proyecto de Sempra. De los pocos “no” que las autoridades mexicanas le han dado a la poderosa e influyente transnacional californiana en 24 años (Captura de pantalla).
En resumen, las impugnaciones de las tres dependencias de la SEMARNAT coinciden en que el proyecto afectaría aún más un ecosistema muy frágil, precario y ya severamente dañado en su flora y fauna por diversas obras ejecutadas previamente en la zona por las transnacionales Sempra e Iberdrola, la multinacional mexicana Zeta Gas y la paraestatal CFE.
Asimismo, ECA Liquefaction violó disposiciones contenidas en el Artículo 35 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) relativas a la no presentación en tiempo legal de las aclaraciones, rectificaciones o ampliación del contenido de su manifiesto que le fueron solicitadas.
Y tampoco proporcionó información elemental solicitada a su manifiesto, como análisis de riesgos ambientales, descripción de zonas de protección y señalamientos de las medidas de seguridad en materia ambiental, normas legales contenidas en los artículos 13, 18 y 22 del Reglamento de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA).
El Maestro Alejandro Pérez Hernández, director general de la DGIRA, firmó la negativa de autorización el 9 de junio y ECA Liquefaction recibió el dictamen siete días después.
La transnacional puede presentar un nuevo manifiesto, pero antes deberá corregir lo que en esta ocasión hizo mal.