Queja en la CNDH y juicio de amparo se cruzan en el camino del Municipio de SQ

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que abrirá en breve un expediente de queja en contra de la municipalización de San Quintín porque representantes de la comunidad indígena que reside en el área, que incluye a etnias que hablan 43 de las 64 lenguas nativas del país, se inconformaron con el proceso de independencia del cual fueron excluidos por el congreso.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Lado B

Ensenada, B.C., 13 de febrero 2020.- Específicamente, manifestó el Coordinador de la CNDH en Tijuana, Raúl Ramírez Baena, integrantes del Concejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín acusaron a los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad, de negarse a realizar una consulta a los pueblos indígenas que habitan en la zona.

Con esa decisión marginal, afirmó el organismo defensor de los Derechos Humanos, los acusados presuntamente violaron el derecho constitucional a la autodeterminación y a la autonomía en la toma de decisiones de los pueblos originarios, que también norman los artículos 6 y 7 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado en 1989 y adoptado por México.

Además, el Consejo Regional pidió a los legisladores -semanas antes a la declaratoria del nuevo municipio el pasado 12 de febrero-, que en virtud de que el 80 por ciento de la población que integra la nueva demarcación municipal (alrededor de 115 mil habitantes) son indígenas residentes, nativos y/o migrantes que hablan lenguas yumanas, mixteco, zapoteco, náhuatl y triqui, entre otros idiomas, aprobaran un Municipio Indígena en San Quintín.

Ninguna de sus peticiones se tomó cuenta. Al contrario –denunció el consejo-, los diputados que presidieron los trabajos de la municipalización realizaron “consultas patito” que no respetaron el procedimiento legal que marca la Carta Magna federal. Por eso, una vez que el decreto de municipalización se publique en el Periódico Oficial del Estado, los quejosos también presentarán una solicitud de Juicio de Amparo en los Juzgados de Distrito.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Baja California es una región que de manera mayoritaria tiene una población indígena del 40 al 70%

Y en el tema del Municipio Indígena, la propuesta inicialmente se consideró por los legisladores, pero después éstos simplemente  la desecharon.

Esa figura de gobierno municipal reconoce el derecho de los pueblos y comunidades mayoritariamente indígenas, para elegir a sus autoridades tradicionales y municipales de acuerdo a sus usos y costumbres.

Igualmente otorga validez jurídica a sus instituciones y prácticas. En particular, los municipios indígenas reconocen las figuras del sistema de cargos, asamblea, consulta popular y cabildo abierto.

A la par, los agentes municipales son electos y removidos por los pueblos y comunidades correspondientes, y no designados por el Presidente Municipal, y definen los tiempos específicos de duración de cargos.

Se trata entonces de un sistema político que dejaría nulo el sistema de gobierno tradicional del recién creado Municipio de San Quintín.

La protesta, ayer en San Quintín (Facebook)

Sobre la queja que presentó el Concejo Regional Ciudadano del Valle de San Quintín, Raúl Ramírez Baena confirmó a los medios de comunicación de Tijuana:

Por su naturaleza indígena y de acuerdo a las normas establecidas en materia y derecho indígena contenidas en el Artículo 2 de la Constitución Federal y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México es parte, se les tiene que consultar de acuerdo a sus usos y costumbres indígenas”.

Subrayó que la consulta indígena es distinta a la que contempla la Ley de Participación Ciudadana del estado, pues al tratarse de un tema federal, los pueblos indios establecen su modalidad y no las autoridades, por lo que su no realización puede detener el proceso de municipalización.

“Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo con el famoso Tren Maya: que muchas de las comunidades indígenas se ampararon ante la justicia federal para que se detenga la obra en tanto se realiza la consulta a los indígenas; entonces, algo parecido puede suceder aquí; que la comunidad indígena de San Quintín logre a través de un proceso judicial, un amparo que frene el proceso de municipalización”.

Así, independientemente de que la CNDH abra el expediente de queja aun cuando “son temas del congreso y del Ayuntamiento de Ensenada”, los integrantes del Consejo podrán solicitar un amparo contra el dictamen y decreto legislativo que crearon el nuevo municipio, lo que de aceptarse de manera provisional detendría la formación del Concejo Municipal Fundacional de San Quintín.

Foto: Facebook

Por otra parte, minutos antes de que el congreso aprobara la creación del sexto municipio de Baja California, Luis Alberto García Avendaño, asesor jurídico del Concejo Regional Ciudadano, denunció que el congreso no llevó a cabo asambleas con los integrantes de los pueblos originarios para consultarlos sobre el tema de la autonomía de San Quintín.

Ello pese a que así lo solicitó la organización civil al menos un mes antes de que se aprobara el dictamen 29 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del congreso que da origen al decreto que crea el nuevo municipio.

Incluso después –el 8 de febrero-, el Consejo envió un escrito al Senado de la República, a las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Estatal de los Derechos Humanos, así como al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al propio Congreso del Estado, en donde denuncia la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el proceso de municipalización de San Quintín.

En San Quintín, las comunidades indígenas nunca miraron promover una consulta libre, previa e informada por la institución a la que le corresponde convocarla y hacerla. Debemos tener bien claro que cuando se habla de pueblos originarios existes protocolos que se deben de seguir y no hacer simulación de consultas violatorias a sus derechos”, manifestó García Avendaño.

Y concluyó: “Estamos a favor de la municipalización, pues el valle de San Quintín cuenta con muchos rezagos que no han sido atendidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero no se ha respectado el proceso. Se nos impondrá un municipio sin importar las consecuencias que se den a futuro y en eso nosotros, como Concejo Regional Ciudadano, sí tenemos una postura bien firme”.