¿Qué pasa si el presidente muere?
Como muchos saben, el Presidente Peña fue operado recientemente en un hospital militar. El boletín oficial señala que fue operado para extraerle la vesícula biliar. Agrega el boletín, oficiosamente diría yo, que nunca estuvo en riesgo su vida. Sabemos que esto no es totalmente cierto, que toda operación quirúrgica conlleva riesgos mortales, si no vean el caso de mi queridísimo maestro Jorge Carpizo, quien se practicó un procedimiento quirúrgico sencillo y rutinario y murió por una complicación inesperada. Así que los señalamientos de la versión de Presidencia llevan a la duda.
Amador Rodríguez Lozano*
Además, corren muchas versiones en las redes sociales en el sentido de que el Presidente realmente fue operado de cáncer en la próstata. No sabemos qué tan cierta sea esta versión, de lo que si estoy seguro, es que si fuera cierta, por supuesto que nunca lo dirían, salvo que conllevara una muerte segura del Presidente, el solo anuncio generarían grandes problemas en lo político y , sobre todo, en lo económico.
Ahora bien, el problema no radica en la enfermedad que el Presidente tenga o llegara a tener, sino que pasarla si el Presidente muere. Algunos morbosos dirían que el país se salvaría. Pero ese no es el tema que quiero tocar, sino las consecuencias jurídicas, políticas, económicas y sociales de la muerte de un Presidente en funciones.
Salvo la muerte del Presidente Juárez, en 1872, ningún Presidente de México ha muerto en ejercicio de su cargo. En el caso de Juárez, la Constitución de 1857, expresamente tenía previsto que sería el Presidente de la Suprema Corte de Justicia quien sustituiría la falta presidencial, así opero en aquella ocasión y Lerdo de Tejada asumió la Presidencia sin ningún sobresalto político o económico relevante.
La Constitución de 1917, vigente en nuestro país desde el 1 de mayo de ese año, previo un sistema distinto al de todas la constituciones del siglo XIX, porque los constituyentes de ese año desconfiaron de todos los sistemas antes experimentados, la vicepresidencia y el Presidente de la Corte Suprema, porque pensaron que saber de antemano quien sería el sustituto provocaría intentos de golpe de estado, circunstancia que efectivamente sucedió. Debido a esta opinión dominante, determinaron un sistema en el cual no se sabría de antemano quien sería el que ocuparía la vacante, hasta el momento mismo que esta se produjera.
En este nuevo sistema, el Congreso, reunido en pleno, con la presencia de ambas Cámaras y con un quórum especial de asistencia de dos terceras partes del total de los miembros, recuérdese que normalmente sesiona con el 50% más uno del total de los miembros, por la gravedad del caso en la Constitución se establece un quórum mayor de asistencia. También el quórum de votación es mayor, se requiere la mayoría absoluta de votos, es decir el 50% más uno del total de la cámara, no de los presentes.
Con este procedimiento se nombraran a tres tipos de presidente.
El provisional, en la actual norma constitucional, al Secretario de Gobernación, antes de la reforma, al que alcanzara la votación arriba descrita.
Interino, si la falta absoluta se da dentro de los dos primeros años (esta es una reminiscencia de cuando el período duraba cuatro años); este sería designado por el Congreso reunido en cámara única. Si el Congreso no estuviera reunido, como es el caso en esta fecha, la Permanente convocara de inmediato al Congreso para que este procediera al nombramiento.
Substituto, si la falta absoluta se diera dentro de los últimos cuatro años. El procedimiento seria exactamente igual.
Foto: laoriginal.com
El sistema ha operado tres veces y curiosamente en un mismo sexenio. Efectivamente a la muerte del candidato triunfante en la elección de 1928, Álvaro Obregón, quien fue asesinado ese año antes de ser declarado Presidente electo.
El Congreso de la Unión nombró a Emilio Portes Gil, ex gobernador de Tamaulipas y Subsecretario de Gobernación hasta el 30 de Noviembre de 1928, Presidente Provisional de México para que convocara elecciones en un plazo no mayor de 18 meses. Vale la pena comentar como anécdota, que el nombrado no reunió los requisitos constitucionales para ser Presidente, pues no se habla separado de su cargo seis meses antes, como lo prescribe la constitución.
Se llevaron a cabo elecciones extraordinarias y el 5 de Febrero de 1930, el Ing., Pascual Ortiz Rubio, otrora embajador de México en Brasil y llamado a ser Secretario de Gobernación por el Presidente Portes Gil, tomo posesión del cargo de Presidente de México. Ortiz Rubio tampoco reunió los requisitos constitucionales para ser candidato a la presidencia, pues no tenía el año de residencia que se prescribe porque era embajador, ni tampoco se separó de su encargo de secretario seis meses antes, para ser candidato. Como en el caso reciente del usurpador ministro de la corte suprema de justicia mexicana, Eduardo Medina Mora, no cumplía los requisitos constitucionales, pero antes y ahora, cuando la elite en el poder decide, interpretan la constitución a su antojo.
A raíz de un atentado que le produjo heridas graves, Pascual Ortiz Rubio renuncia en 1932 y el Congreso de la Unión, a través del procedimiento arriba descrito, designa como Presidente substituto al General Abelardo L. Rodríguez para terminar el período del Gral., Álvaro Obregón.
Ahora bien, ¿qué sucedería si el Presidente Peña Nieto muere o se inhabilita físicamente en los últimos tres años de su gobierno, lo cual sería el caso?
Si falleciera el Presidente Peña por la enfermedad que dicen padece, de acuerdo con la reciente reforma constitucional, el Secretario de Gobernación asumiría el cargo de Presidente Provisional de inmediato y el Congreso, en un plazo no mayor a 60 días, debería nombrar al Presidente substituto, quien a su vez deberá terminar el período presidencial, es decir hasta el 30 de Noviembre del 2018.
El problema jurídico está resuelto constitucionalmente, pero el político no. Ante un momento de debilidad del PRI, como es el de ahora y miembros del gabinete que en principio son inelegibles, pues no se habría separado de su cargo con el tiempo que demanda la Constitución, el nombramiento deberla recaer en alguien fuera del gabinete presidencial. ¿Quién sería este personaje? Pues el que generara los consensos de 333 diputados y 83 senadores. Un quórum difícil de alcanzar. Esto obligaría a una negociación intensa en las cámaras y un regateo político y económico para decidir al presidente sustituto.
Por supuesto que no faltarían quienes quisieran interpretar la Constitución a su antojo y buscaran apoyarse en los antecedentes históricos antes descritos. Esto sería imposible e inaceptable.
Tenemos un ejemplo muy reciente: al asesinato de Colosio, el Presidente Salinas intentó hacer candidato a Pedro Aspe, quien era su gallo. Cabildeó con el PAN una reforma constitucional para reducir a tres los meses requeridos para separarse de su encargo, con lo cual Aspe habría podido llenar los requisitos constitucionales y ser nombrado candidato, pero el PAN no aceptó y ya conocemos la historia: Zedillo, quien si reunía los requisitos, fue nombrado candidato.
Así que con este poderoso antecedente en contra difícilmente Luis Videgaray o cualquier otro podría intentar con éxito una interpretación de la Constitución a modo. En principio, siendo el presidente emanado del PRI, le correspondería a este partido hacer la propuesta.
Existe un antecedente, aunque de un gobernador: Héctor Terán, del PAN, murió en ejercicio y la determinación política fue, aunque el PRI tenía mayoría en el Congreso de Baja California, que el sustituto fuera del PAN.
A mí me tocó vivir muy de cerca este episodio. Las ambiciones tanto de personajes del PAN como del PRI se desbordaron. Gentes allegadas al actual gobernador, entonces secretario de finanzas, ofrecían enormes sumas de dólares para que el Kiko, como se le conoce, fuera el gobernador sustituto. Lo mismo sucedió con personas cercanas a Eugenio Elorduy.
A mí y a Carlos Rojas nos pidió el Presidente Zedillo que nos trasladáramos a Mexicali para evitar el desborde de pasiones, ya que en el PRI también querían aprovechar su mayoría congresional y nombrar a uno de los suyos.
Finalmente se observó la cordura política y un panista fue designado gobernador substituto, por cierto ninguno de los que ofrecían grandes cantidades de dinero, aunque, paradójicamente, con el tiempo, los dos serían gobernadores de seis años.
Bueno, volviendo a nuestro tema, en este caso se observó el principio de que quien ganó en las urnas propone al substituto, pero con el consenso de las principales fuerzas políticas. Creo que así operaría a nivel nacional de presentarse el supuesto constitucional.
Lo preocupante del momento, es lo prostituido que esta el ambiente legislativo con los famosos “moches”: Esto podría suponer una especie de subasta para ver quién da más por el nombramiento.
No son suposiciones, ya se dio en el caso de Baja California, solo que en aquel momento había controles políticos que ahora no existen o se han relajado mucho.
Por otro lado, creo que a pesar de estar regulado constitucionalmente el nombramiento del presidente sustituto, habría una gran convulsión en los mercados.
Cuando asesinaron a Colosio salieron del país más 15 mil millones de dólares, generando una gran inestabilidad económica. Creo que esto sucedería de darse el supuesto constitucional. Pero, además, ante la falta de figuras políticas fuertes y autoridad moral, de ausencia de muchos miembros del gabinete con prestigio y autoridad moral, con todas las fuerzas sociales que andan sueltas y con la presencia innegable que tienen las fuerzas armadas en la vida nacional actual, sería un escenario muy peligroso para el futuro de México
Así que, desde mi perspectiva, aunque no compartamos mucho las políticas del actual Presidente de México, roguemos porque termine su período presidencial y no se presente esta terrible situación, independientemente que nadie desea un mal personal para el Presidente o su familia.