Presentarán denuncia penal en contra de los 21 diputados reformistas, para aclarar si recibieron o no un soborno

Al menos 5 organizaciones de la sociedad civil presentarán mañana en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una denuncia penal por el presunto delito de soborno, en contra de los 21 diputados de Baja California que aprobaron la reforma constitucional que amplió a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 18 de julio 2019.- Se trata de los grupos Comité Defensa del Agua y Comunidad BC Resiste, así como los colectivos Plebiscito en Defensa del Agua, Diálogo entre Jóvenes, y Trabajadores y Resistencia Civil de BC.

El anuncio lo hicieron voceros de las organizaciones en el momento que el Gobernador Electo Jaime Bonilla respondió al pronunciamiento hecho ayer por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en contra de la aprobación de la reforma, que incluyó un exhorto al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California para dejar sin efecto la norma que los 21 legisladores aprobaron el 8 de julio.

El morenista dijo que el Congreso del Estado es la máxima autoridad de la entidad y que a él los legisladores federales “no me asustan con el petate del muerto”.

Esto al referirse a la declaración del Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo, de que el Congreso de la Unión puede desaparecer los poderes en la entidad por las alcances antidemocráticos y anticonstitucionales de la reforma.

Los reto a que si pueden desaparecer los poderes en Baja California, si en verdad como dicen tienen facultades para esto, lo hagan, y si no… Calladitos se ven más bonitos”, dijo a la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) en Tijuana.

AMLO, “daño colateral” en la obsesión por el poder (Meme en Facebook)

Antes, al diario digital Periodismo Negro, de Mexicali, retó:

“Vale más que lo entiendan en el centro. Pido respeto total a la soberanía de mi estado. Siempre han hecho lo que han querido hacer con nosotros (…) Nos imponen impuestos, nos cancelaron la zona libre, nos implementan aranceles (…) El único que conoce y entiende a Baja California es Andres Manuel López Obrador (…) ¡Ya basta! No más abusos. ¡No los necesitamos!”

Por otra parte Araceli Piña, vocera de las organizaciones que presentarán la denuncia penal contra los diputados reformistas, actualmente en periodo de vacaciones y que ayer anunciaron que suspenderán las dos últimas sesiones de la XXII Legislatura del estado que se realizarían la próxima semana, confirmó A los 4 Vientos que será mañana cuando presenten el recurso jurídico.

Lo harán en la Agencia del Ministerio Público Investigador de Delitos Contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Justicia de la PGJE.

“Queremos que se haga la investigación científicamente soportada, indispensable para determinar sin margen de duda, si fueron sobornados o no los 21 diputados al Congreso de Baja California que la noche del 8 de julio actual votaron la reforma al artículo 8 transitorio del Decreto de Reformas a la Constitución estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado de 17 de octubre de 2014”, explicó.

Adelantó también que pedirán a la PGJE que solicite el auxilio de la Fiscalía General de la República (FGN) y de la Unidad de Investigación de Recursos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lograr el soporte científico de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Benjamín Gómez, el llamado a cuentas toca asu puerta, pero puede disfrutar de protección en la PGJE de “Kiko” Vega y la del reformista Bonilla (Foto: Uniradio Informa).

Basan su petición en las declaraciones públicas hechas el 31 de mayo por el Presidente del Congreso del Estado, diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en el sentido de que el actual Subsecretario de Gobernación y ex titular de la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, Ricardo Peralta Saucedo, y el Administrador de la Aduana en Mexicali, Alejandro Viramontes Armenta, le ofrecieron un millón de dólares a cambio de promover y convocar la reforma entre sus colegas, quienes recibirían una cantidad similar de dinero si aceptaban.

Viramontes era Administrador de la Aduana en Juárez, Chihuahua, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abrió, en agosto del 2018, el expediente SZC/0011495/2018 que contenía diversas denuncias por supuestos ilícitos en la importación al país de autos usados cometidos en aduanas de Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Sonora.

Organizaciones como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), habían denunciado que en Juárez y Mexicali se daban los principales actos de corrupción con esos vehículos, y que Viramontes podría estar inmiscuido en el delito.

Hoy, el Administrador de la Aduana en Mexicali, puesto ahí el 3 de enero por Ricardo Peralta Saucedo en su calidad –entonces- de titular de la Administración General de Aduanas, manifestó que la PGR lo exoneró en la investigación el 30 de noviembre del 2018; es decir, el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto.

El funcionario aduanal reveló que supo de la exoneración porque el caso fue mencionado en una reciente conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitó a la Fiscalía la información de la carpeta y así conoció el “no ejercicio de acción penal” a su favor.

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