Presentan reforma legal para impedir que mujeres de BC sean objeto de “trata”

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El tema debe de ser atendido con mayor responsabilidad por parte el gobierno del Estado y los ayuntamientos, dice la diputada petista Claudia Agatón.

4 Vientos / Congreso de BC

La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz presentó al Congreso de Baja California una iniciativa de reforma al artículo 9 de la Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado, en donde de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en los últimos siete años se han rescatado a 270 víctimas de trata, principalmente en Tijuana, de las cuales 130 son menores y de ese número casi todas -95 por ciento- son del sexo femenino.

En su exposición de motivos mencionó que diversas investigaciones recopiladas en el documento Una Mirada desde las Organizaciones de la Sociedad Civil a la Trata de Personas en México, publicado por Hispanics In Philanthropy (Hispanos en Filantropía), encontraron la presencia cada vez mayor del crimen organizado en estrecha relación con las autoridades de los tres niveles, principalmente para fines de trabajos forzados y prácticas de prostitución forzada y explotación sexual.

Asimismo, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) reveló que, en los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, la trata de personas tiene objetivos de explotación sexual. “Ensenada y San Quintín son zonas de riesgo, principalmente para enganche por el turismo recreacional y para el consumo de comercio sexual”, informó.

Por tal razón, -agregó- el tema se debe atender con mayor energía y responsabilidad por parte el gobierno del Estado y de los cinco ayuntamientos de Baja California.

 

Infantes y mujeres, las principales víctimas (Foto ilustrativa: Cadena Gramonte).

Al referirse a la Ley que pretende reformar, expuso que en ella se establece que en el estado debe reunirse por lo menos cada tres meses los integrantes de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas.

También que dicha comisión debe elaborar un informe anual, el cual contendrá los resultados obtenidos del Programa Estatal contra la Trata de Personas, mismo que será remitido al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado.

“Y en el último año no tengo conocimiento ni de que se haya reunido la comisión ni que se haya entregado dicho informe anual”, resaltó la legisladora estatal.

Subrayó que los gobiernos municipales, en sus reglamentos de salud, tienen establecido la expedición y cobro de una tarjeta de salud o tarjeta sanitaria que se extiende a las personas que ejercen la prostitución. Esta medida permite tener un mediano control del número de personas que se dedican a la prostitución en Baja California. Al menos de quienes acuden a obtener su tarjeta.

Por eso presentó una enmienda a la ley que adiciona un párrafo en donde se indica que los municipios, al momento de establecer los reglamentos de salud en sus apartados relativos a las personas obligadas a obtener una tarjeta sanitaria o de salud, por dedicarse a prestar servicios sexuales, se referirán a éstas como “personas” y no como “sujetos”.

También que los ayuntamientos estarán obligados, al momento de realizar los exámenes médicos a las personas que quieran obtener una tarjeta sanitaria, a realizar un cuestionario en donde se pregunte al interesado si alguien lo está forzando a ofrecer servicios sexuales. Esto para brindarles apoyo en caso de que así lo requieran, además de dar parte a las autoridades correspondientes.

Imagen: Youtube

En febrero pasado, un estudio de la PGJE que se publicó en el diario Reforma, confirmó que Tijuana es el lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, al concentrar el 91 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas en el Estado por ese delito.

La investigación arrojó que en los últimos siete años se iniciaron en Baja California 181 averiguaciones previas por trata, de las cuales un 91 por ciento (165 expedientes) fueron en la modalidad de explotación sexual y el resto por explotación laboral, y que tan sólo entre 2016 y 2017 el número de adolescentes rescatadas se duplicó al pasar de 8 a 16.

El informe de la procuraduría también reveló que mujeres de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero son las que más frecuente lleguen a Baja California para ser explotadas, y que los tratantes abusan más de las niñas y adolescentes, a quienes presionan con subir a páginas de internet fotografías tomadas sin su consentimiento.

“Se aprovechan más de las menores de edad. En 2016 hubo seis o siete casos de chicas que fueron captadas a través de redes sociales. Eran menores por quienes pasaban a las preparatorias y eran llevadas a moteles, se les pagaba mil pesos por acto sexual y varios de sus clientes eran estadounidenses. Pero a las chicas ya no les empezó a gustar que los clientes eran hombres mayores, y ya no querían ir, pero les cobraban la mitad de lo que recibían si no se presentaban cuando (los tratantes) les llamaban o subían sus fotos a páginas de internet”, indica el documento.

Finalmente, relató que, en otros casos de Tijuana, varias menores cuentan con actas de nacimiento de sus estados de origen que las acreditan como mayores de edad.

“Traen documentos originales con una edad que no corresponde, se saben los nombres de los padres que están en el acta porque sí son de ellas, pero (los tratantes) lograron que les bajaran la fecha de nacimiento para justificar una mayoría de edad”.

 


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