Posponen 6 meses la concesión masiva de agua a particulares de manera electrónica
Debido a que el nuevo sistema Conagu@-Digital requiere de manera obligatoria contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que algunos de los usuarios de aguas nacionales no cuentan con ella, hoy se decidió emitir un acuerdo para postergar el inicio de operaciones del sistema por seis meses, con el fin de permitir a todos los usuarios que no cuenten con ella realizar los trámites necesarios para obtenerla y así participar en los procesos de privatización del agua al amparo de los 10 decretos que Enrique Peña Nieto firmó el pasado 5 de junio.
4 Vientos / Imagen; Animal Político
15 de octubre del 2018.- En un comunicado de prensa, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) precisó que en tanto inicia operaciones esta plataforma digital, los trámites para la recepción y resolución de las solicitudes que se presenten se atenderán de la misma forma que como se venía haciendo; es decir, a través de las oficinas que para tal fin tiene la Conagua en todo el país.
Ayer, la CONAGUA había dicho que, a partir de este lunes, mediante el sistema Conagu@ Digital, los particulares podrían solicitar concesiones y asignaciones de aguas nacionales superficiales, subterráneas, permisos de ocupación de terrenos federales administrados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permisos de descarga de aguas residuales y transmisión de derechos de título, entre otros trámites.
Esto tenía como base un decreto publicado el primero de octubre en el Diario Oficial de la Federación, en donde la Comisión señaló que el objetivo del trámite por vía electrónica era reducir 78 por ciento el costo económico total a los ciudadanos y hacer más eficiente los procesos de atención y resolución de los trámites por parte de la Comisión Nacional del Agua, lo cual podría representar un ahorro a la economía de más de 16 mil millones de pesos anuales.
Y aportó detalles del costo económico total anual de los trámites presentados en la Conagua y que regula el acuerdo: alrededor de 20 mil millones de pesos porque cada solicitud de trámite ingresada a la Comisión Nacional del Agua le cuesta a la economía del país 376 mil pesos, esto “por la carga administrativa y el costo de oportunidad que asumen los ciudadanos”.
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También detalla que la CONAGUA solicitaría que los ciudadanos interesados en pedir una concesión deberían contar con la firma electrónica avanzada, la llave digital y la huella digital. Hoy, por increíble que parezca, el argumento de la entidad federal usó para posponer seis meses el proceso digital de concesión es que “algunos de los usuarios de aguas nacionales” no cuentan con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL).
Ahora, para facilitar la obtención de la FIEL, la Comisión Nacional del Agua estableció una coordinación con el SAT a fin de poder realizar el trámite a través de las oficinas de la Comisión.
Y aclara: “Conagu@-Digital no reduce ni cambia el procedimiento de los trámites establecidos en la ley, ni otorga en automático concesiones de aguas nacionales. Lo que hace es digitalizar el proceso para dar una mejor y más rápida respuesta a las solicitudes de los usuarios, fortalece la transparencia y lleva un mejor control de la disponibilidad del agua. Todo ello con base en el artículo 84 de la Ley General de Mejora Regulatoria, que estipula que los trámites previstos en leyes podrán ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el Diario Oficial de la Federación”.
Sobre esto, la coordinadora Agua para Todos destacó que los requisitos de la Comisión del Agua solo son de uso común de las grandes empresas y mineras, por lo que llevaban como beneficiarios directos a estos sectores privilegiados.
“El proceso no contará con mecanismos para garantizar el derecho humano al agua de los pueblos originarios ni tampoco asegura los volúmenes requeridos por el medio ambiente ni la no afectación a terceros”, destacó Pedro Moctezuma, integrante de la coordinadora, en una declaración al diario La Jornada.
Y agregó: “Se busca otorgar concesiones masivamente a particulares, como paso final para cumplir con las expectativas de las empresas mineras que recibieron concesiones en 98 millones de hectáreas; o sea, la mitad del territorio nacional a finales de la administración anterior, así como con las de las empresas energéticas a las cuales dio entrada la actual administración”.
De acuerdo con el colectivo que reúne a académicos y organizaciones sociales preocupadas por el manejo del agua en México, los 10 decreto de Peña Nieto representan un nuevo intento por otorgar el control de las aguas nacionales a empresas privadas en detrimento de comunidades y poblaciones que han sido despojadas del líquido.
También que los decretos se presentaron en el día Mundial del Medio Ambiente con la intención de crear reservas de agua, “pero en realidad mezclan el agua con el aceite”, porque justo con las reservas, de manera muy importante, levantan una veda de protección y abren el agua al sistema de concesiones para uso público-urbano y otros usos como la generación de energía eléctrica.
Por esto, Agua para Todos sostiene que los decretos peñistas, próximos a ser derogados por el gobierno que presidirá Manuel Andrés Manuel López Obrador, “abren las puertas a los gobernadores de los estados para realizar asociaciones público-privadas que ya se han empezado a dar con resultados muy negativos en Puebla, Torreón, Veracruz, Coahuila o Baja California”.