¿Por qué no estamos satisfechos con la aprobación del Dictamen 94?

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Vivimos en un país, en un estado y en unas ciudades en las cuales la delincuencia, la inseguridad y la violencia parecen haber asumido una cierta condición de normalidad. Y, si consideramos que la línea que separa a los delincuentes de los encargados de la seguridad e impartir justicia no siempre es clara, es obvio que los ciudadanos tenemos que andarnos con cuidado y ser prudentes. Hay que enrejar nuestras casas, poner alarmas a nuestras pertenencias, vivir (si se puede) en islas urbanas, organizarse con los vecinos para protegernos, volver a pagar seguridad pública que, supuestamente, ya pagamos con nuestros impuestos y, por si todo esto fuera poco, cuidarse de no caer en manos de la policía encargada de protegernos.

Jesús Francisco Galaz Fontes* / A los 4 Vientos

En este contexto, el pasado 26 de octubre el Congreso del Estado de Baja California aprobó, bajo la figura de un contrato de servicios plurianual vigente durante 10 años, un presupuesto de alrededor de 800 mdp “para el  diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública del Estado de Baja California.” El propósito de tal iniciativa es ayudar, precisamente, a combatir la delincuencia, inseguridad y violencia en nuestras comunidades. ¿No deberíamos estar los ciudadanos bajacalifornianos de plácemes con esta decisión? ¿Por qué entonces muchos de nosotros estamos insatisfechos al respecto?

Imagen: Gobernador Francisco Vega Lamadrid y el multimillonario proyecto C-5, publicada en internet por PSN

¿Seremos masoquistas? ¿Será que somos “contreras” y nos oponemos a toda acción de gobierno, inclusive a aquellas que nos benefician? ¿Tendremos oscuras razones políticas, partidistas y/o personales para atacar a la administración estatal de Francisco Vega y al Congreso del Estado? ¿No somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de las brillantes iniciativas de nuestros gobernantes y de la visión de nuestros representantes populares, quienes están, inclusive, dispuestos a sacrificar su buena reputación siempre que sea en nuestro beneficio? ¿Estaremos coludidos con la delincuencia? ¿Será que por naturaleza los ciudadanos somos mal agradecidos con nuestros gobernantes y representantes populares?

¿No será que muchos ciudadanos y cuerpos organizados de la sociedad no han podido identificar una estrategia integral coherente, organizada y planificada de combate a la delincuencia?

Sin duda alguna que la tecnología puede ser parte importante de un esfuerzo para combatir la delincuencia, pero no reemplaza la necesidad de otras acciones que, en el caso particular del recurso humano, son esenciales y urgentes de atenderse. Se necesitan más policías, mejor capacitados, mejor equipados y, sobre todo, menos propensos al comportamiento inmoral que importantes sectores de la población les adjudica y, en muchos casos, ha padecido por parte de ellos.

¿No será que la experiencia de otros estados del país con iniciativas parecidas, como son los caso de Guanajuato y Puebla, no ha demostrado que, por sí solas, las iniciativas asociadas a los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5i) conduzcan a una reducción en la delincuencia, inseguridad y violencia que padecemos?

¿No será contraproducente posibilitar que personas sin una adecuada solvencia ética tengan acceso a información privilegiada relacionada con la delincuencia? No sería la primera ocasión en la que, al final de cuentas, resulta que “el enemigo está en casa.”

¿No será que las personas y empresas asociadas a los contratos relacionados con los centros C5i nos resultan sospechosos, por decir lo menos, de estar más interesados en el negocio que en la solución del problema de la delincuencia y la inseguridad, además de parecer estar involucradas en tráfico de influencias e intercambio de favores, como es el caso de los señores Ariel Picker (Seguritech) y David Korenfeld (ex-titular del Consejo Nacional del Agua)?

El Estado de México, durante el gobierno de Uriviel Avial otorgó el mayor contrato a Seguritech, por casi 7 mil millones de pesos, en contratación directa, argumentando razones de “segurdad” para no licitar la obra del C-5 Foto: Gobierno Edomex

¿No será que desconfiamos de los funcionarios públicos que se declaran hombres de negocios, como es el caso de nuestro Gobernador Francisco Vega, porque no sabemos qué tanto sus decisiones obedecen a un interés público y/o a un interés privado?

¿No será que esta compra de tecnología nos recuerda otras compras semejantes que iban a resolver problemas en campos como el educativo, donde muchos recordamos todavía el tristemente célebre caso de la iniciativa Enciclomedia?

¿No deberíamos los ciudadanos inconformes estar contentos porque el Ejecutivo Estatal declara que la licitación del Centro C5i se volverá a realizar bajo nuevas condiciones, y que el Congreso acepte autorizar la iniciativa del Gobernador Francisco Vega con las reservas de que el proyecto cumpla con las normas técnicas definidas por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, de que en el mismo participen los titulares de seguridad pública de los cinco municipios y, finalmente, que todo el proceso de licitación y concurso se lleve a cabo con toda transparencia, de modo que los diputados tengan injerencia en definir la viabilidad del proyecto? Si ahora expresan explícitamente estas reservas; ¿qué fue lo que pasó entonces con la autorización del Decreto 57?

Finalmente, ¿no deberíamos los ciudadanos inconformes estar contentos porque el Ejecutivo Estatal reconoce que un contrato de prestación de servicios plurianual “redundará en economías respecto a la modalidad de APP (como se había propuesto originalmente esta iniciativa), reduciendo de 22 a 10 años la obligación de pago; reducir el monto de inversión de $3,324.6 mdp a una estimación de $750 mdp y en consecuencia disminuir los costos financieros”?

¿O sea que la misma Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado reconoce que la propuesta del Centro C5i que forma parte del Decreto 57 estaba un tanto “excedida” en cuanto a tiempo y recursos destinados? No cabe duda que muchos ciudadanos bajacalifornianos somos unos malagradecidos.

*Jesús Francisco Galaz Fontes, es profesor de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC)


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