POR EL DERECHO A OPINAR

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En estos días, recuerdo, desde hace 49 años, los acontecimientos del 2 de octubre en Tlatelolco (Ciudad de México) y lo que esto significó para nuestro país. Las imágenes de aquella época, me vienen irremediablemente a la memoria, guardando las distancias, que quizás no sean tantas en muchos aspectos cuando veo por los noticieros de España, los acontecimientos con motivo de la votación convocada este pasado primero de octubre, por el Gobierno Autónomo de Cataluña, para decidir si esta región quiere ser independiente. El gobierno de Cataluña y el de Madrid,  se han enfrascado en una polémica de perfiles muy serios para la estabilidad política española.

Álvaro de Lachica y Bonilla* / A los 4 Vientos

El desafío independentista no atenta tanto a la posibilidad de una ruptura de la unidad española, que probablemente no se vaya a producir, pero sí pone en predicamento a la estabilidad del proceso político y  a la supervivencia misma del actual estado español.

Es imposible desconocer que la protesta en la calle superó a todas las expectativas que el Gobierno de Madrid pudiera haber hecho, aunque en realidad parece no haber previsto casi nada en este caso.

La torpeza de la fiscalía, la ausencia de la política, la incapacidad estática del presidente, son también muy culpables de este monumental desatino, que mezcla independentismo con derecho a decidir, y en el que las gentes se levantaron y abarrotaron los espacios públicos con un aire festivo, como si estuvieran en el carnaval de Río de Janeiro, pero indignadas también, y con un objetivo preciso por decidir su destino.

La policía del gobierno del derechista Mariano Rajoy, sometió con violencia a ciudadanos pacíficos que acudieron a votar, en su inmensa mayoría por el Sí a la independencia de Cataluña. Foto: La Gaceta/ internet

Los ciudadanos catalanes decidieron acercarse a emitir su opinión, en gran medida para decir al mundo quiénes son. Esta voluntad de comunicación es más aguda aún en otras formas de participación política, como acudir a manifestaciones. Al recorrer tumultuariamente las calles no aspiraban  tanto a cambiar una política concreta como a profesar lealtad a un grupo social.

La mayoría de residentes catalanes que acudió a los locales de votación, consientes de que, faltando las garantías básicas de un referéndum, los efectos de la consulta no serían vinculantes, pero querían insertar la papeleta en la urna como acto expresivo, para señalar su compromiso con la causa soberanista.

El Estado español se hubiera ahorrado tanto el despliegue policial como los costos de reputación, nacional e internacional, derivados de la represión. España podría haber salido reforzada con una actitud elegante de “dejarlos ser”. Ahora, guste o no guste, la marca España se ha resentido tras los altercados del domingo.

Lo que pidieron muchos catalanes (más de 2 millones), es decidir sobre su propio futuro. ¿Por qué se opuso el gobierno central, no ya a que sean independientes, sino incluso a que se les pregunte si quieren serlo? Y, frente a esto, ellos se sintieron autorizados para rebelarse e infringir la ley.

Bandera independentista del pueblo Catalán. Foto: El País.

La vergüenza de unas fuerza policiaca, que proviene del orden democrático y no de un orden dictatorial atacando a unos ciudadanos sólo porque quieren votar, es un estigma que costará mucho tiempo superar. Este 1º de octubre del 2017, será un día de vergüenza para la historia reciente de España. Con los errores del Gobierno español, los partidarios de la independencia catalana y su referéndum separatista terminaron por encontrar a su mejor aliado.

Imagen de portada: Marcha multitudinaria del pueblo catalán que demanda la independencia de Cataluña y protestan por la represión contra ciudadanos que el pasado domingo 1ero de octubre acudieron a votar en el referéndum. Foto: internet/ Radio del Sur

ALVARO DE LACHICA* Álvaro de Lachica y Bonilla. Representante en Ensenada de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

andale94@gmail.com

 


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