PLUMA DE NEÓFITO: Narcomenudeo, un negocio redondo (1ª de 3 partes)
El problema actual de México no es el control del narcotráfico, sino el incremento desmedido del narcomenudeo, un negocio redondo.
Antes de los años noventa el Gobierno Federal solo tenía un problema relacionado con el crimen organizado: El control del narcotráfico; esto es todo lo referente con el cultivo, la producción, distribución, transporte y exportación de drogas hacia los Estados Unidos; sin embargo, el problema actual de México, como país, ya no es el control del narcotráfico, sino el incremento desmedido del narcomenudeo, un negocio redondo no solo para «El Crimen Organizado Mexicano» sino también para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Ricardo Jiménez Reyna* / 4 Vientos / Foto principal: La Razón.
Es muy interesante recordar pláticas de periodistas y políticos de la vieja escuela que decían: «Nuestro país es un país afortunado, no como los Estados Unidos, quienes son los principales consumidores de las drogas que el narcotráfico mexicano les vende», gustaban de hacer comparaciones y además, gozaban al decir que si México era un país exportador de droga hacia aquel país, era porque su pueblo era un pueblo adicto a las drogas; de hecho creo que aún existe este viejo paradigma y esta idea romántica de que «El Crimen Organizado Mexicano» está más ocupado en la exportación ilegal de drogas que en el mercado local, lo cual es rotundamente falso ya que, según expertos: El principal ingreso de agrupaciones criminales como «El Cártel del Noroeste» e incluso de «El Cártel Jalisco Nueva Generación» no es la exportación de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, sino el «narcomenudeo».
Basta con observar detenidamente los últimos acontecimientos de violencia ocurridos en entidades como Ciudad de México, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y otros, para entender que la guerra entre los cárteles rivales no es por el mercado internacional, sino por el mercado local, estatal y nacional.
Antes de continuar deseo comentarles que, durante mi vida, he aprendido diferentes lenguajes y diferentes tipos de lecturas de tal suerte que, tras años de observación, análisis, interpretación y reinterpretación de la información, los hechos y las acciones, torno a «El Crimen Organizado Mexicano» hoy puedo leer y entender lo siguiente: El narcomenudeo en México actualmente es un problema social grave debido, principalmente, a que esta actividad cuenta con el apoyo de las autoridades municipales y estatales para desarrollarse en una zona específica del país.
Existen registros históricos de que el narcomenudeo en México es tan antiguo como el narcotráfico y que, aquella actividad, no solo ha sido solapada sino que también apoyada por las autoridades; específicamente sobre este tema dice Gillermo Valdez Catellanos, exdirector del desaparecido CISEN, en su libro titulado: Historia del Narcotráfico en México, lo siguiente: « Otra modalidad importante de participación de autoridades en el mercado ilegal de drogas es la que menciona, entre otros, el doctor Siurob, titular del Departamento de Salubridad, quien afirma sorprendido que a los policías que trabajan en este asunto les pagaban con la misma droga decomisada, por lo que para hacer líquido su “salario” tenían que convertirse en vendedores de droga. Increíble, pero tomando en cuenta la seriedad de la fuente, habría que tomar como cierto el hecho. En este caso se deben resaltar dos datos.
El primero es que la participación de las autoridades en el narcomenudeo no se da por iniciativa de los criminales, no hay una invitación, ni un soborno o amenaza de por medio para provocar que los policías se involucren; es iniciativa de los jefes de la policía pagar los sueldos de sus agentes con estupefacientes y ese es el segundo dato relevante que se desprende de lo dicho por Siurob.

La detención de vendedores de droga al menudeo se ha convertido en una fuente de ingreso ilegal permanente para un amplio sector de la policía preventiva (Border Hub Center)
Habría que preguntarse qué concepto de la ley tendrían esos jefes policiacos que no consideraban un problema, y seguramente tampoco un delito, usar como medio de pago sustancias prohibidas y obligar a sus agentes a delinquir (vender drogas era un delito) para poder subsistir.
Estamos frente a un fenómeno más grave que cuando un criminal soborna a una autoridad, pues la misma autoridad no concede importancia a la existencia de la ley. Simplemente la ignora y la desprecia o se cree por encima de ella. De esa manera desaparece cualquier posibilidad de existencia del Estado de derecho, es decir, de una vida social regida por normas legítimas (aprobadas o emitidas por autoridades legítimas) y de instancias responsables de sancionar a quien no las cumpla. Sin embargo, también debe resaltarse otro hecho: ese desprecio por el Estado de derecho que mostraban algunos jefes policiacos o políticos, no es compartido por todos los funcionarios del Estado ni por toda la sociedad.
La actuación del doctor Siurob es un ejemplo de autoridad que sí creía en la acción legal del Estado y se esforzaba por hacerla tangible; incluso fue su dependencia la que promovió en 1940 la modificación del Reglamento de Toxicomanía de 1931, para que los drogadictos no fueran considerados criminales sino enfermos, como un medio para que el Estado de derecho, en materia de combate a las drogas, tuviera mejores probabilidades de ser aplicado.
Así, desde los primeros años de la prohibición de las drogas encontramos una dicotomía en el entonces incipiente Estado mexicano, que estará presente a lo largo de varias décadas: dos posiciones y actuaciones encontradas en torno a la legitimidad, pertinencia y aplicabilidad del marco jurídico en torno a los estupefacientes. Esa dicotomía se expresará a lo largo de los años en distintas ecuaciones según sea la cantidad y calidad de los agentes estatales posicionados en uno u otro lado de la ley, y de los recursos invertidos, es decir, de las capacidades reales para hacerla valer. Y eso a su vez dependerá de los incentivos que tengan los gobernantes en turno para hacer cumplir o no la ley»
Muchos piensan que la violencia en México es el resultado de una guerra entre «El Cártel de Sinaloa» y «El Cártel Jalisco Nueva Generación» para disputarse las zonas de exportación de las drogas, pero esto no es así; si analizamos bien el conflicto, podremos darnos cuenta que «El Cártel de Sinaloa» sigue teniendo el control y el dominio de los principales estados exportadores de drogas como son: Sonora y Chihuahua, como también de los estados de mayor producción de Amapola y Marihuana: Durango y Sinaloa; sin embargo, no ocurre lo mismo en Baja California Sur y Baja California, donde antiguamente se creía que era territorio de exportación del Cártel de Sinaloa, pero no, más bien, el conflicto entre estos dos cárteles en la península bajacaliforniana es por el control del mercado regional de metanfetaminas, heroína y otros drogas.

Detenidos van, detenidos vienen, pero el narcomenudeo esta en pleno crecimiento en México (La Jornada)
Pero este fenómeno no es exclusivo de la Península de la Baja California, también ocurre en otras entidades del país, como es el caso de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y otros más donde el narcomenudeo es el objetivo central de toda la violencia y la pregunta es: ¿Por qué tanto interés en el mercado local? La respuesta a esta pregunta es sencilla. Según fuentes oficiales, un gramo de la droga conocida como cristal tiene un precio de venta aproximado a los $100.00 m.n., supongamos que una «narcotienda» vende al día unos 100 gramos de esta droga, esto es: $10,000.00 al día.
Supongamos que en un municipio como Ensenada existan alrededor de 50 «narcotiendas» bajo el dominio de un solo «cartel», y que cada uno de estos establecimientos tiene una venta constante, permanente y lineal de 100 gramos, lo cual, al día estas «narcotiendas» reportan ventas aproximadas a los $500,000.00 m.n. diarios y al mes de 28 días: $14,000,000.00 m.n. y al año: $168,000,000.00 m.n.; pero resulta que los críticos y los expertos en la materia dicen que estoy loco, que en un municipio como Ensenada no existen 50 «narcotiendas» sino menos y que los ingresos no son correctos.
Bueno, pensemos que mis cálculos son falsos y erróneos y que solo podemos hablar de un 30%, bien, sorpréndase, al año este 30% se traduce a no menos de $50,000,000. m.n., ahora, multipliquemos esta cantidad, la más aceptable para los críticos y expertos, solo por 5 municipios, esto es, pensemos que en todos los estados dominados por «el narcomenudeo» solo tienen cinco municipios, esto arrojaría por entidad federativa ingresos superiores a los: $250,000,000.00 m.n. anuales por entidad federativa, ahora multipliquemos esto por 32 entidades federativas y esto nos deja una cantidad de: $8,000,000,000.m.n. (son ocho mil millones de pesos moneda nacional), este cálculo es extremadamente conservador y arbitrario pero nos da una idea de lo que representa el narcomenudeo para un «cartel» en nuestro país.
Ahora, pensemos que el reparto con las autoridades a cargo del combate contra el narcomenudeo es solo del 25 por ciento del total de la operación anual, esto significaría que las autoridades estatales y municipales podrían estar recibiendo alrededor de $2,000,000,000.00 m.n. al año, que en verdad me parece muy poco porque no creo que sean tan mezquinos los gobernadores, presidentes municipales, uno que otro congresista estatal e incluso directores de seguridad pública estatales y municipales, pero pensemos que así es y que este capital se distribuye en por lo menos 2000 personas, por decir algo, esto significa que cada una de estas personas ingresa al año un promedio de $1,000,000.00 m.n. al año, u $85,000.00 pesos m.n. al mes, yo creo que este dinero sí alcanza para uno que otro placer.
Pero todos estos números son el resultado de una imaginación sumamente creativa y ficciosa, porque en definitiva no creo que las autoridades estatales ni municipales, por lo menos en Baja California, reciban dinero para dejar operar al narcomenudeo, mucho menos creo que tanto el gobernador de mi estado, como mi presidente municipal y los directores de Seguridad Pública estatal y municipal, o que los agentes ministeriales, agentes policiacos y de la Guardia Estatal estén recibiendo dinero del narcomenudeo, definitivamente no los creo capaces de semejante bajeza, menos de nuestro señor gobernador, Jaime Bonilla Valdez, quien ha demostrado con hechos ser un hombre comprometido con los ciudadanos de Baja California, o del señor Secretario General de Gobierno, mucho menos considero capaz al Superdelegado del gobierno federal en la entidad de utilizar el dinero del narcotráfico o del narcomenudeo, para nada, en verdad, pienso que estas personas son honestas, leales, trabajadoras; claro que usted, mi estimado lector puede pensar diferente que yo, pero para asegurar todo lo anterior ocupo pruebas y como no las tengo, solo tengo rumores, pues no puedo afirmarlo, de ahí que tenga que asegurar que mi gobernador y todos sus funcionarios de gobierno y mi presidente municipal y todos sus funcionarios de gobierno, son realmente personas honestas que están comprobando con hechos contundentes que son democráticos, responsables y honestos.

Imagen: El Universal.
Pero bueno, dejando los discursos políticos a un lado y también dejando los comentarios sarcásticos para otra ocasión, es importante destacar que existen evidencias históricas que el narcomenudeo comenzó a florecer y progresar no desde las filas de «El Crimen Organizado Mexicano» sino de las filas de las autoridades encargadas de combatir este crimen y que, los gobiernos estatales y municipales de diversas entidades federativas, son las que protegen a las bandas criminales y no solo eso, sino que también son sus socios e incluso, las fuerzas policiales son los brazos armados de dichas agrupaciones delictivas, aunque claro, vuelvo a insistir: es hartamente difícil pensar, en solo pensar, que nuestro gobernador Jaime Bonilla Valdez esté involucrado en negocios tan sucios y perversos, por su trayectoria política, económica y social, digo.
Al menos así lo explica Yaotzin Botello, periodista mexicano radicado en Alemania, en su artículo titulado: «México: el país de los muertos sin nombre»:
«Estos cinco años del sexenio presidencial se ha luchado así contra las estructuras criminales. Pese a que las crecientes cifras de muertos y desaparecidos se hicieron más públicas, el discurso oficial se mantuvo en sus trece: la guerra es un objetivo de Estado. Como argumentos críticos, entraron a escena el alto consumo de droga en Estados Unidos y el creciente narcomenudeo en México como fuerzas que alimentaban la producción y el tráfico de drogas; también comenzó a atribuirse la culpa a EE.UU. por la flexibilidad de su regulación para obtener armas que fácilmente han terminado en manos de los criminales mexicanos.
Pero al mismo tiempo, ha emergido un creciente y cada vez más protegido sistema de corrupción que ha fomentado la existencia de estructuras criminales o la creación de nuevas, así como una sistemática violación de los derechos humanos que ha hecho que todos los muertos de esta guerra sean considerados criminales sin excepción y sin derecho a reivindicación».
Bien, hasta aquí la primera entrega. Solamente a manera de conclusión una pregunta: ¿Usted creé que el gobierno de Baja California apoya a los narcomenudeístas? Si o no.