PLUMA DE NEÓFITO: El Bonillismo, ¿un sistema mentiroso? (Parte 1 de 3)

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«Es posible engañar a unos pocos todo el tiempo. Es posible engañar a todos un tiempo. Pero no es posible engañar a todos todo el tiempo».

Abraham Lincoln.

Antes de comenzar esta entrega deseo comentarles lo que siempre digo: durante mi vida he aprendido diferentes lenguajes y diferentes tipos de lecturas de tal suerte que, tras años de observación, análisis, interpretación y reinterpretación de la información, los hechos y las acciones torno a diversos problemas sociales en México, hoy puedo leer y entender lo siguiente: en Baja California la 4T, encabezada por su líder moral Jaime Bonilla Valdez, solo se ha dedicado a ocultar, manipular y maquillar la información en materia de seguridad pública de forma sistemática a los bajacalifornianos, esto con el fin de descalificar a sus adversarios políticos y beneficiar a sus aliados que solo le han servido a él y ellos mismos y no a la ciudadanía.

 

 

Ricardo Jiménez Reyna* / 4 Vientos / Foto especial: Guillermo del Toro y Pinocho (Netflix).

Esta actitud del gobernador me recuerda la frase de Abraham Lincoln quien dijo: «Es posible engañar a unos pocos todo el tiempo. Es posible engañar a todos un tiempo. Pero no es posible engañar a todos todo el tiempo». De ahí que considero que es necesario hoy en día poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad.

La primer mentira que Jaime Bonilla Valdez ha difundido en materia de Seguridad Pública es afirmar, en sus conferencias de prensa transmitidas por redes sociales, que él como gobernador tiene las manos atadas para intervenir en materia de Seguridad Pública en los municipios de Tijuana y Tecate; y digo que es una mentira porque el Gobierno del Estado cuenta con la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación cuya función y objetivo es -y cito directamente lo que aparece en el portal de dicha dependencia-:

«La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California, es la dependencia del Gobierno del Estado responsable de coordinar todos los esfuerzos encaminados a lograr un estado seguro en el que prevalezca la convivencia social en un ambiente de tranquilidad, respeto, confianza y paz social, sustentada en la participación eficiente y coordinada de todos los sectores intergubernamentales y en la participación activa y comprometida de la sociedad.

“La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación del Estado de Baja California, tiene como objetivo fundamental salvaguardar la integridad y los derechos de los habitantes de Baja California, así como sus libertades, el orden y la paz, mediante la aplicación de una política integral de seguridad pública y convivencia social, desarrollada bajo los ejes de coordinación intergubernamental, combate al crimen, reingeniería institucional y seguridad ciudadana, con la participación corresponsable de todos los sectores de la sociedad».

Solo deseo destacar dos palabras importantes: coordinar y salvaguardar. Estas dos simples palabras en el texto del portal de la GESI (que usted puede y creo que tiene que visitar para estar bien informado en: https://www.seguridadbc.gob.mx/contenidos/gesi.php) facultan al Ejecutivo Estatal para realizar y ejecutar las acciones que se consideren necesarias y urgentes para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que vivimos en Baja California.

 

Sus atribuciones están claramente definidas en las leyes; ¿para qué entonces querer engañar? (Punto Norte).

Ahora bien, ¿Cuál es el marco jurídico? Bueno, el estado debe regularse por lo establecido en la Ley General de Seguridad Pública del Estado de Baja California, la cual dice en su artículo tercero lo siguiente:

 

«ARTÍCULO 3.- La Seguridad Pública es un servicio cuya prestación, en el marco del respeto a las garantías individuales, corresponde otorgar en forma exclusiva al Estado y a los Municipios, y tiene como objetivos: Mantener el orden y la tranquilidad pública en el Estado, conforme a los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes; III. Promover y coordinar los programas de prevención de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos del Estado y los Municipios; Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración en la investigación y persecución de los delitos y de los delincuentes, así como para el intercambio de información delictiva en los términos de esta Ley, y Señalar los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para el apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los ordenamientos legales de la materia.”

 

Estos objetivos se entienden encomendados al Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos, de acuerdo a la competencia que para cada una de las Instituciones Policiales establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente Ley.

Y fíjese bien lo que resalta la fracción III: «Promover y coordinar los programas de prevención de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos del Estado y los Municipios».

 Nótese que no dice hacer berrinches porque el encargado de la seguridad pública de un ayuntamiento no es de su agrado. Tampoco dice que el gobernador del estado debe criticar al alcalde o alcaldesa por motivos de inseguridad en su municipio porque no nombraron en seguridad pública a alguien que sea del agrado del ejecutivo estatal y mucho menos esta ley afirma que el gobernador del estado puede deslindarse de esta responsabilidad porque en su momento les dio la oportunidad a la alcaldesa o al alcalde de reconsiderar nombrar a otra persona en seguridad pública. Eso no lo dice. Lo que sí dice es que el ejecutivo estatal debe promover y coordinar, y esto es justo lo que Bonilla no está haciendo con los municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate.

 

Dos obsesiones de Jaime Bonilla: Zulema Adams (Tecate) y Arturo González (Tijuana). Foto / San Diego Red.

La segunda mentira que Bonilla ha difundido en las redes sociales es que Tijuana no ha reducido su incidencia delictiva y que es el municipio más inseguro de la entidad junto con Tecate.

Y la tercera mentira: afirmar que Mexicali y Ensenada sí están cumpliendo con la ciudadanía en materia de Seguridad Pública, pero estas, mis amigos, estas serán analizadas en las próximas dos entregas.

Antes de concluir deseo darles solo un adelanto: Según mis indagaciones y análisis, la zona metropolitana conformada por los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito arrojó, en 2020, una incidencia de  menos el 8.18% con respecto a la incidencia delictiva de todo el estado de Baja California que fue de 2,445.41 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes.

Pero eso no es nada. Esa misma región reportó una diferencia del menos 18.02% y del menos 22.90% con respecto a la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de Ensenada y Mexicali, pero de esto hablaremos en la próxima entrega. En fin.

Para finalizar solo deseo aclarar lo siguiente: Mi carrera como reportero inició allá por 1982 como colaborador del pasquín político llamado «El Nacionalista»; por lo tanto, en este oficio de la investigación periodística e informativa tengo aproximadamente 38 años, y en todo este tiempo -se los juro- no he conocido a un solo político ni funcionario público que no sea un mentiroso. Por ende, el simple hecho de que Jaime Bonilla Valdez sea gobernador del estado lo vuelve, por analogía, un mentiroso.

 

*Editor, redactor, escritor, columnista, periodista y crítico político independiente.

 

 

Ensenada, B.C., México, lunes 8 de febrero del 2021.


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