Pifia de los diputados bonillistas en la XXIII Legislatura de BC, elimina temporalmente penalidad al delito de robo calificado
Por violar los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia penal, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron el Decreto número 173 del poder legislativo de Baja California relativo a la sanción para diversos supuestos del delito de robo calificado.
Los integrantes de la XXIII Legislatura de Baja California. Continúan aflorando sus graves limitantes como diputados (Foto: Congreso de BC).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: La invalidez constitucional de la norma surtirá efectos retroactivos al 13 de febrero de 2021, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado (Facebook).
Ensenada, B.C., México, martes 17 de mayo del 2022.- Los magistrados concluyeron que el dictamen que aprobó la pasada legislatura local y publicó en el Periódico Oficial del estado el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, el pasado 12 de febrero de 2021, no cumplió en su vertiente de taxatividad, el cual exige que los tipos penales sean “claros, precisos y de exacta aplicación”.
El proyecto de resolución lo presentó al pleno del máximo tribunal del país la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En él solicitó anular la porción normativa “Se impondrá de dos a siete años (de prisión)” contenida en la fracción l del artículo 208 del Código Penal local, el cual contempla hasta 14 figuras de aplicación delictiva, entre ellas:
“Cuando el robo se cometa en despoblado o lugar solitario; de noche o por dos o más personas; en establecimiento comercial o de servicios, cuando estén abiertos al público; en contra de persona con discapacidad o de más de 60 años de edad; o en contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conserven caudales o valores, o contra personas que las custodien o transporten.”
La propuesta se analizó en el pleno del tribunal el 10 de mayo y solo dos ministros no la suscribieron, por lo que la invalidez declarada se aprobó y surtirá efectos retroactivos al 13 de febrero de 2021, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado.
Con ello, el veredicto beneficiará a todos los acusados y sentenciados por robo calificado a partir de esa fecha porque la pena se anulará en los casos en los que ya se hubiera aplicado; sin embargo, los acusados de robo aún podrán enfrentar penas por delitos de robo simple o robo con violencia.
Además, la medida surtirá sus efectos a partir de que se notifiquen los puntos resolutivos al congreso local y a los tribunales y juzgados penales de la entidad “para la mejor eficacia de este veredicto.”
Una vez más, la SCJN corrige la plana a los poderes de Baja California (Facebook).
En su declaratoria, la Suprema Corte argumentó que la porción normativa “omitía especificar la clase de pena referida en número de años, lo que generaba incertidumbre jurídica, pues existen sanciones distintas a la prisión que pueden imponerse en ese rango temporal.”
Correspondió a la Fiscalía General de la República (FGR) demandar la invalidez del artículo 208, fracción I, del Código Penal de Baja California. Esto mediante la Acción de Inconstitucionalidad 47/2021 que presentó el año pasado ante la SCJN.
Pese a la gestión de inconformidad que presentó la fiscalía en contra de la norma que aprobaron los legisladores de la XXIII Legislatura del estado, de mayoría del partido Morena y sus aliados, la diputada estatal Araceli Geraldo, de Tijuana y también morenista, propuso y logró que el actual congreso aumentara la pena al delito de robo calificado en contra de menores de edad mediante una modificación al mismo artículo 208 del código penal, que igual quedó anulada con la sentencia de la SCJN.
Ahora, corresponde a los diputados de la XXIV Legislatura, también de mayoría calificada de Morena y sus aliados (PT y Verde Ecologista), corregir el error de sus colegas, entre ellos seis parlamentarios reelectos que en 2021 aprobaron la norma hoy dictada inconstitucional.
Ellos son Juan Manuel Molina (ex Presidente de la actual XXIV legislatura estatal, por Morena), Julio César Vázquez (Partido del Trabajo), Ramón Vázquez (Morena), Claudia Agatón (Partido del Trabajo), Julia Andrea González (Morena), y Víctor Hugo Navarro (Morena).