Piden Juicio Político para 13 ediles y funcionarios de Ensenada presuntamente coludidos con Iberparking

Por actuar con ilegalidad, inmoralidad política, colusión y opacidad en la concesión del servicio de estacionómetros en el centro histórico de la ciudad de Ensenada, 10 de 15 ediles y tres altos funcionarios del gobierno local fueron denunciados ante el congreso del estado.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 1 de mayo del 2019.- Dos organizaciones de abogados, la Cámara de Comercio y la organización civil Consejo Ciudadano de Baja California, solicitaron a los legisladores que los inhabiliten de sus funciones, vía Juicio Político, para después fincar en su contra responsabilidad penal por diversos delitos.

En rueda de prensa, el representante legal de los denunciantes, José Ángel Bustamante Arvizu, Vicepresidente de la Federación Estatal de Barras de Abogados y expresidente del Colegio de Abogados de Ensenada, informó que la petición se entregó al congreso el pasado lunes 29 de abril.

La lista de presuntos malos servidores públicos la encabeza el Presidente Municipal de Ensenada Marco Antonio Novelo Osuna, la Síndico Procuradora Karina Castrejón Bañuelos y el Secretario General del Ayuntamiento Iván Barbosa Ochoa.

También están los regidores Bertha Martínez, Ricardo Medina, María Rosa Guzmán, Samuel Albestrain (todos del PRI), David del Moral (PRD), Normal Silva (PANAL), Orlando Toscano (sin partido) y Rodolfo Mellado (independiente).

La lista la cierran la Oficial Mayor del Ayuntamiento Mónica Vargas, y la titular de Recursos Materiales Sandra Melgoza.

Todos ellos, dijo el abogado, se coludieron para simular un proceso de licitación que culminó, en 11 días, con la entrega de concesión por 18 años a la empresa Iberparking, S.A. de C.V., que tiene como su Director de Asuntos Jurídicos al licenciado Guillermo Perogordo Oliva.

Este alto directivo de la empresa fue Subsecretario de Gobierno y Secretario de Comunicaciones y Transportes del ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga en el periodo 2003-2009.

Guillermo Perogordo ejercía la función pública cuando la compañía se fundó en San Luis Potosí, en el año 2008.

En octubre del 2013, Marcelo de los Santos fue inhabilitado por la Contraloría General de San Luis Potosí a ocupar cargos públicos por 20 años, y pagar una multa de siete mil 791 millones de pesos, por presunto desvío de recursos públicos. La sanción años después fue revocada.

También se le acusó de beneficiar a sus hijos en proyectos inmobiliarios y de censurar a periodistas críticos a su gestión como mandatario.

Peregordo igualmente fue dos años y medio delegado en San Luis Potosí de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) en el gobierno presidencial del panista Vicente Fox Quezada. Esto antes de ingresar al gobierno de Marcelo de los Santos Fraga.

Asimismo, es primo hermano de Jesús Alejandro Zapata Perogordo, ex diputado federal, ex Senador de la República, ex Presidente Municipal potosino, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en 2005, y uno de los legisladores panistas que en agosto de 2014 fueron videograbados departiendo con damas de compañía en un departamento de Puerto Vallarta, Jalisco.

El ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga, vinculado con alto directivo del consorcio Iberparking S.A. de C.V. (Foto: Proceso)

Presentes en la rueda de prensa, Eva Covarrubias, Presidente del Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho, Jorge Menchaca Sinencio, el dirigente del comercio organizado local, y María Victoria García y Mario Zepeda Jacobo, del Consejo Ciudadano de Baja California, destacaron que existen varias irregularidades en la concesión que se dio a Iberparking.

Estas anomalías jurídicas, afirmó Bustamante, sólo las puede corregir el cabildo mediante la cancelación de la concesión y el contrato que se dio a una compañía que sumó enfrentamientos y juicios administrativos con gobiernos y residentes de municipios de Morelos, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Baja California, y que demandará por 400 millones de pesos a Ensenada si se le revoca la concesión que obtuvo el pasado 8 de febrero del ayuntamiento.

– “Somos una empresa socialmente responsable que le llevamos beneficios a las ciudades donde nos instalamos, Nos emociona siempre dar inicio a los proyectos y en Ensenada no es diferente”, comentó hace unos días el Director General de la empresa, Manuel Pérez Gallegos, respecto a dos intentos fallidos de una minoría del cabildo local por revocar la concesión que permitiría a Iberparking una ganancia superior a los 505 millones de pesos, casi 11 veces superior a la inversión que hará este año en el proyecto: 47 millones de pesos.

Entre las anomalías que el grupo inconforme encontró en el proceso de concesión, Bustamante citó la publicación irregular de la licitación, la presencia de ilegalidad en el concurso de selección de las empresas,  la falta de un estudio técnico profesional para instalar parquímetros que regulen tres mil 500 espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad, y la no consulta pública del proyecto de privatización del servicio público.

– “El juicio político va contra los ediles porque ellos, al protestar cumplir con la ley, pudieron haberse reusado. ¿Cómo se obtuvo una oferta a nivel nacional en 11 días? Y ese diagnóstico (para privatizar el estacionamiento público), ¿por qué no fue incorporado al Plan Municipal de Desarrollo del Municipio? Esos son indicios de que fue algo acordado”, destacó el abogado.

Finalmente, los demandantes resaltaron que el cabildo de Ensenada, en comisiones especiales y en un claro ejemplo de protección y favoritismo a la empresa, ha retrasado de manera dolosa un dictamen para dar inicio al proceso de revocación de la concesión y el contrato con Iberparking.

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