Persistió el manejo irresponsable de los fondos federales en el gobierno de Ensenada
La vieja práctica de hacer un uso delictivo de los recursos que aporta la federación al municipio a través de diversos fondos con etiqueta exclusiva de manejo en acciones de apoyo social, no fue rota durante el primer año de gobierno de Enrique Pelayo Torres, alcalde de Ensenada.
Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos
De hecho, casi la mitad de los 354 millones de pesos que su administración recibió a través de tres de estos fondos, la administración pelayista los utilizó:
1.- Para cubrir gasto corriente y nómina del gobierno, 2.- comprar automóviles de lujo no necesarios para el ayuntamiento, o 3.- adquirir equipo de cómputo que no utilizó en su totalidad o no se encontraba en inventarios.
Los detalles de estas historias de negligencia y corrupción se encuentran en el contenido de la opinión que el auditor superior de fiscalización de Baja California –Manuel Montenegro Espinoza-, hizo a la Cuenta Pública Anual del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al año 2011.
La administración del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), mereció un apartado especial en la revisión de la cuenta pública.
En resumen, los recursos de este fondo, que en 2011 alcanzaron la cifra de poco más de 197 millones de pesos, se manejaron sin mecanismos de control, supervisión, evaluación de resultados, calificación de metas, información, planeación, desempeño de personal y registros contables y presupuestales.
Lo más grave es que el gobierno de Pelayo Torres utilizó la totalidad de los recursos del fondo para otros fines, totalmente ajenos a los objetivos del programa del fondo, y de ello no notificó a la Sindicatura municipal, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública.
Por ejemplo, destinó 144.5 millones de pesos a la cuenta bancaria HSBC 4019790658, que usó para pagar el gasto corriente del ayuntamiento.
También casi 8.8 millones de pesos en la cuenta bancaria HSBC 4019790666 con la que cubrió la nómina del gobierno municipal.
Y 1.9 millones de pesos más en la cuenta BANAMEX 964-142518, dinero que utilizó para pagar un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).
POBREZA ADMINISTRATIVA
Otro fondo federal especial que el Ayuntamiento de Ensenada mal administró –el de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM)-, por 81.4 millones de pesos, tuvo un manejo similar al del FORTAMUN-DF.
Pero aún agregó las siguientes anomalías:
A.- El ayuntamiento no tiene mapas y estudios de pobreza actualizados y carece de sistemas que permitan tener datos actualizados sobre déficit de servicios públicos.
B.- No se aclaró una diferencia de casi 1.8 millones de pesos que existió entre el monto que aportó el fondo y lo que reportó la cuenta pública del ayuntamiento.
C.- No presentó convenios o contratos por siete obras que aprobó por concepto de “Propuesta de Aprovechamientos”, con un monto de cuatro millones 530 mil pesos, por lo que el fiscal desconoce si se efectuaron o, en su caso, en qué se aplicó ese dinero.
D.- Pagó poco más de un millón de pesos por trabajos extraordinarios y gratificaciones a personas de Infraestructura, COPLADEM y Desarrollo Social sin reportar qué hicieron los beneficiados y cuál fue el tabulador que se usó para pagarles.
E.- Pagó 325 mil pesos para comprar a la empresa Arjona Loyola S. A. de C. V., sin previa licitación pública, un vehículo usado de lujo –camioneta GMC Yukón Denali 2007-, operación mercantil que el ORFIS consideró anormal, impropia, excesiva y no indispensable para la administración pública.
¿Y EL EQUIPO?
Un tercer fondo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado observó, fue el de Seguridad Pública Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), cuyo montó ascendió a 75.6 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2011.
El manejo que el ayuntamiento hizo de estos recursos también se puede calificar como desastroso.
Por ejemplo, el fondo operó con un manual de organización y procedimientos insuficiente en controles, funciones, facultades y responsabilidades.
Se aplicaron 4.6 millones de pesos en la adquisición de equipo y vestuario cuyos contratos de compra no establecían derechos y obligaciones entre las partes contratantes.
demás, el ayuntamiento sólo proporcionó evidencia de la entrega e instalación de 25 cámaras de video cuando fueron 35 las que adquirió para Seguridad Pública, en tanto que compró 71 equipos de cómputo al proveedor Héctor Miguel Maymes Candolfi, las cuales se entregaron al ayuntamiento el 21 de febrero de 2012.
Al revisar el estado de las computadoras en mayo del año pasado, el fiscal encontró que sólo 38 estaban instaladas y trabajando.
Las 33 restantes estaban empaquetadas en espera de asignación (A los Cuatro Vientos).