Persiste la obstinación de la Conagua y del gobierno de BC en violar el derecho humano al agua

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el poder ejecutivo de Baja California mantienen su política de violar el derecho humano al agua de los 3.9 millones de personas que según el Inegi viven en el estado, al seguir con su negativa de aceptar las 28 Recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) les formuló hace 27 meses -el 6 de febrero del 2020- con motivo de la ilícita instalación de la cervecera transnacional Constellation Brands en Mexicali.

 

Foto: Cortesía.

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: El 17 de febrero del 2017, Francisco Vega de Lamadrid dio marcha atrás a la ley que él mismo propuso en diciembre del 2016, la cual pretendía la privatización del agua potable en Baja California. Hoy, la misma clase política evade su responsabilidad de crear políticas públicas que reconozcan el derecho humano al agua de casi 4 millones de bajacalifornianos (CC News).

 

Ensenada, B.C., México, martes 24 de mayo del 2022.- Con su irresponsable actitud, ambas instituciones confirman una de las conclusiones contenidas en la Recomendación 1 /2020 de la CNDH: que consultar a los bajacalifornianos si se quedaba o se retiraba la compañía estadunidense no solucionaría el problema de fondo en el abasto de agua a la población, tal y como lo confirma el severo desabasto del líquido que tienen hoy decenas de miles de habitantes de la ciudad de Ensenada, varios de ellos con 10 y hasta 120 días sin agua en sus hogares.

Además, con su displicente actitud, la Conagua y el gobierno de Baja California han impedido que todos los funcionarios de la Comisión del Agua y del poder ejecutivo estatal y federal que se involucraron en la ilegal instalación de la transnacional, estén bajo investigación administrativa y/o judicial, detenidos o inhabilitados como consecuencia de sus actos,

Lo anterior se desprende de un reporte de la licenciada Rosalba María del Carmen Zárate Quintana, titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a una petición de información hecha por escrito el 15 de octubre del año pasado al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la mexicalense Maribel Guillén Ceseña.

En su petición, Guillén pidió al mandatario que se atendiera la Recomendación 1/2020 que la CNDH emitió para el caso Constellation Brands y que fue rechazada por la exdirectora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, y el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Tras subrayar que la Comisión humanista sólo tiene el poder de la Recomendación sin potestad de coercitividad, Carmen Zárate informó que hasta el pasado 3 de mayo, fecha en que dio respuesta a la bajacaliforniana, continuaba la negativa de la Conagua de aceptar las 11 Recomendaciones específicas, y dos más compartidas con el ejecutivo de Baja California, que se le formularon hace 27 meses.

Y respecto al gobierno del estado, indicó que Jaime Bonilla originalmente respondió que aceptaba parcialmente “algunas” de las 15 Recomendaciones específicas –y las dos conjuntas con la Conagua- hechas al gobierno de Baja California.

 

Foto: lopezdoriga.com

 

Reveló que la CNDH requirió por escrito al gobierno estatal a efecto de que se pronunciara claramente sobre la aceptación o no de la totalidad de los puntos recomendatorios que se le dirigieron.

 

“Cabe mencionar –agrega la licenciada Zárate- que, hasta este momento, esta Comisión Nacional no he recibido respuesta escrita por parte de dicha autoridad”; pero refrendó que la CNDH seguirá realizando todas las diligencias, acciones y gestiones necesarias ante ambas autoridades hasta lograr el cumplimiento total de la Recomendación y “lograr así la reivindicación de los Derechos Humanos que fueron conculcados” a la población de Baja California.

 

Al emitir su Recomendación, la CNDH conceptualizó las violaciones al derecho humano al agua en Baja California bajo tres vertientes: En primer lugar, la ausencia de un marco adecuado y efectivo, tanto en el ámbito federal, así como en el estatal, encaminado a garantizar el acceso prioritario al agua para el consumo personal y doméstico dentro de la figura de “uso público urbano”.

En segundo, la gestión ineficiente del agua por parte de la Conagua y del Gobierno del Estado de Baja California, al no adoptar una perspectiva de derechos humanos en la administración de los recursos hídricos.

Y por último, las restricciones en el derecho al agua en la modalidad de uso agrícola, ante la falta de condiciones que determinen la legalidad de las transmisiones de derechos de agua provenientes de actividades agrícolas por parte de la empresa cervecera a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm).

Textualmente, el Ombudsman destacó que si bien se encuentra previsto explícitamente en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional detalló ampliamente el reconocimiento del derecho humano de los bajacalifornianos al agua en instrumentos internacionales y el propio texto de la Constitución Estatal.

 

La épica lucha de los ejidatarios del valle de Mexicali contra la transnacional cervecera. Los que impulsaron su ilegal instalación, hoy están protegidos por la Conagua y el gobierno de Baja California (Foto: Facebook).

 

Además, basó su Recomendación en los criterios del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al igual que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial su Objetivo 6.

Entre las conclusiones de la Recomendación destacan:

1.- A la Directora General de la CONAGUA y al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California les encargó elaborar un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, el cual deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos.

2.- En lo que corresponde a la CONAGUA, además de colaborar en las quejas que se presenten ante el Órgano Interno de Control de dicha dependencia, realizar las investigaciones necesarias para esclarecer la legalidad de las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad a favor de la Cespm, además de difundir las documentales referentes a dichos actos de transmisión.

3.- Llevar a cabo un diagnóstico relativo a la disponibilidad del agua en la región del Valle de Mexicali con visión al año 2050, en atención a variables como satisfacción prioritaria del consumo personal y doméstico, comportamiento histórico de la disponibilidad hídrica, proyecciones demográficas y del desarrollo urbano municipal, al igual que riesgos e impactos asociados a la desertificación y cambio climático.

4.- Presentar propuestas de modificaciones al texto de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, con el objeto de incorporar, bajo un enfoque de sostenibilidad, el carácter prioritario del consumo personal y doméstico dentro de la modalidad del uso público urbano, al igual que la obligación por parte de asignatarios de aguas nacionales garantizar los volúmenes destinados a dicho suministro, entre otros puntos.

 

El mensaje que la Conagua y el gobierno de Baja California se niegan a reconocer (Imagen: aguaparatodos.org.mx).

 

5.- Por lo que respecta al Gobierno del Estado de Baja California, aunado a la colaboración en las quejas presentadas ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, recomendó valorar la procedencia de modificaciones o actualizaciones a la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la Secretaria de Protección al Ambiente en Baja California para la construcción y operación de la planta cervecera

6.- Realizar las investigaciones correspondientes al cumplimiento de dicha resolución administrativa y la legalidad de las cesiones efectuadas la Cespm, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que deriven de casos de incumplimiento.

7.- Remitir al Congreso del Estado de Baja California propuestas de modificación a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, con la finalidad de armonizar dichos instrumentos con una perspectiva de derechos humanos.

La Recomendación 1/2020 termina con dos párrafos destacados, escritos por la presidente del organismo humanista, la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra:

El primero dice:

 

“La CNDH considera que no se puede actuar con una visión inmediatista; el derecho al agua prioriza su consumo personal y doméstico y no el empleo privado e industrial; probablemente podría haber agua para la producción de cerveza en Mexicali los próximos 50 años, pero a costa del consumo personal y doméstico.”

 

Y el segundo sentencia:

“Para la CNDH, en este tema la consulta ciudadana no es la solución, además de que hay diversas opciones al respecto que no dan certidumbre ni son vinculatorias; el problema es más complicado y parte del reconocimiento del derecho al agua como derecho humano. Como en otros casos, la Comisión Nacional afirma que los derechos humanos no se someten a consulta, sino que se deben respetar”.

 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO:

 


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