Perdonan a bonillistas “mocheros” y van contra defraudadores avalados por gobierno del ex alcalde Novelo
La Fiscalía General del Estado determinó la no acción penal en contra de dos altos funcionarios del gobierno que encabeza el morenista Jaime Bonilla Valdez, a quienes la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California investigó por supuestamente recibir millones de pesos por parte de empresas a cambio de la entrega de convenios, contratos y licitaciones en al actual administración estatal.
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Monitor Económico
Ensenada, B.C., 25 de mayo 2020.- Y el gobierno local anunció que procederá penalmente, “en contra de quien resulte responsable” de la presunta venta fraudulenta del Proyecto de Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma Informática para la Innovación Tecnológica de los Trámites de Pago y Servicios del Ayuntamiento, puesto en marcha por la pasada administración pública.
El contrato si bien lo firmó Fernando López Mac Gregor, Director de Desarrollo Económico en los gobiernos del priista Marco Antonio Novelo Osuna y el morenista Armando Ayala Robles, contó con el aval del ex mandatario Novelo, del gobierno estatal del panista Francisco Vega de Lamadrid y de la Comisión de Evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Ellos se unieron para entregar, en agosto del 2017, el contrato que aplicaba 15 millones 978 mil pesos de fondos públicos mixtos a la empresa GYO Proyectos Estratégicos y Tecnológicos del Noroeste de B.C., S.A. de C.V. –también conocida como “La Nube”-, del ingeniero José Antonio Olivas Arredondo.
Investigaciones del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y el Colegio de Ingenieros Civiles encontraron, desde el mismo 2017, irregularidades en la operación de “La Nube”, como el hecho de que se formó unos días antes de la licitación del proyecto sin tener experiencia previa en el servicio que ofertó, y con oficinas y comportamiento fiscal que hacían temer que se trataba de una compañía “fantasma”.
López Mac Gregor dio seguimiento al contrato en ambas administraciones municipales y firmó convenios con la empresa que no se respetaron ni generaron acción administrativa o penal en contra de Olivas Arredondo -un exintegrante del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mexicali- y/o su compañía.
Fernando López Mac Gregor (izquierda), firmó el contrato y sus dos jefes (Marco Novelo y Armando Ayala) simularon (Foto: El Vigía)
La semana pasada, tras estallar una vez más el escándalo del presunto fraude –Olivas no entregó los productos que se comprometió a dar al gobierno de Ensenada: digitalizar 147 trámites de la administración municipal y modernizar equipo-, Mac Gregor decidió renunciar a su cargo “por así convenir a sus intereses”, según informó este día el morenista Armando Ayala.
Cabe destacar que Olivas Arredondo, yerno del exdirector del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) en Mexicali, José Carlos Jiménez Payán, fue investigado penalmente durante los años 2010 y 2011 por un fraude de 50 millones de pesos en perjuicio de esa institución educativa, en donde ocupaba el cargo de Coordinador de Innovación Gubernamental de la Coordinación General de Direcciones.
Esa información, de dominio público, la conocieron en su momento los gobiernos de Ensenada, el estado y el Conacyt antes de que otorgaran el contrato que hoy concluye con la presentación en breve de una acción judicial.
Respecto a la dispensa de la acción penal, los beneficiados son el exoficial Mayor del gobierno estatal Jesús Núñez Camacho y de la exsecretaria del Bienestar Social Cinthya Gisel García Soberanes, quienes en diciembre pasado fueron acusados de recibir una cifra millonaria –de la que aparentemente tuvo conocimiento el Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano- de los empresarios Humberto Valadez García y Carlos Patiño.
El primero pagó 20 millones de pesos a cambio de contratos como proveedor de alimentos a penales del estado y a desayunos escolares; el segundo entregó 100 mil dólares para obtener convenios de construcción en el sector de vivienda.
El Fiscal Ruiz ((AFN)
Tras conocer la decisión del fiscal Guillermo Ruiz, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini, pidió a la Fiscalía una copia del acuerdo que exoneró a los acusados del delito de negociaciones ilícitas.
También solicitó a Ruiz que argumente a profundidad y por escrito las causas o razones en las que se apoyó para no ejercer la acción penal contra Núñez y García. Esto por tratarse de un asunto “de gran trascendencia para la sociedad y cada uno de sus integrantes.”
Con estos documentos en su poder, el comité ciudadano analizará la resolución para determinar que no se haya trastocado ilícitamente la función pública mediante actos de corrupción que dejen a la sociedad bajacaliforniana “inerme e indefensa”.
Agregó en su escrito a Ruiz: “Está petición la legítima el derecho humano a vivir libre de corrupción el cual está reconocido en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales sancionados por el Estado Mexicano.”
También busca justificar una posible impugnación a la determinación de la fiscalía porque ésta podría violar disposiciones legales en materia de reparación del daño que originó la presunta mala acción de los exfuncionarios, quienes podrían regresar a la función pública en el gobierno de Bonilla al quedar exonerados por el fiscal Ruiz.