Peña, en terreno peligroso: Julio Scherer. Entorno informativo del 21 de marzo de 2014

NOTAS NACIONALES

1.- Por su búsqueda incansable de la verdad, su trabajo comprometido, su astucia periodística, su perspectiva política y rectitud, el presidente del Consejo de Administración del semanario Proceso, Julio Scherer García, recibió hoy el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

En sesión solemne del Consejo Universitario encabezada por el rector de la UABJO, Eduardo Martínez Helmes, recibieron también la distinción, el rector de la UNAM, José Narro Robles; el Ministro José Ramón Cossío Díaz; el pintor, Shinzaburo Takeda, y el empresario y filántropo oaxaqueño, Alfredo Harp Helú.

Al recibir el reconocimiento a nombre de su padre, Julio Scherer Ibarra justificó la ausencia de su progenitor por “un quebranto en su salud”, y dijo que a sus casi 88 años, Don Julio Scherer García es autor de 20 libros, sobre temas políticos y sociales, ha entrevistado a presidentes, caudillos, guerrilleros, presos políticos, artistas y hasta narcotraficantes.

Scherer Ibarra leyó luego un texto escrito por su padre en el que advierte que “marzo aún no termina y Peña Nieto pisa ya terrenos peligrosos. Más allá de las victorias de largo alcance mediático que significaron la captura del Chapo Guzmán y el encierro de Elba Esther Gordillo, la economía no sale de su marasmo y la seguridad no ofrece datos alentadores en su lucha contra el crimen organizado”.

Prosigue el escrito del fundador de Proceso:

“No obstante, el gobierno persiste en su discurso y sostiene que el dinero del petróleo que fue nuestro fluirá en la República como instrumento de un progreso imparable. Se abrirán fuentes de trabajo y se crearán los empleos de los que el país está urgido. Ojalá hubiera empleo para los menesterosos, analfabetos y no sólo para aquellos que avizoran un espacio en Televisa o en alguna trasnacional con la mente puesta en los negocios”.

2.- México rechazó abrogar la polémica legislación sobre el arraigo durante la búsqueda de pruebas de un delito, indica un documento presentado ayer jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

“El Estado mexicano ha tomado nota de las observaciones relacionadas con el uso del arraigo”, afirma el documento, con una fórmula que en la jerga diplomática señala el rechazo de una solicitud.

México cerraba así la puerta a recomendaciones de Alemania, Austria y Belgica de abolir una práctica criticada por los organismos de defensa de derechos humanos.

Las recomendaciones se formularon el año pasado, durante el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, al que todos los Estados miembros de la ONU están obligados a someterse cada cuatro años.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón García, afirmó que las medidas de arraigo en 2013 se redujeron en un 50 por ciento respecto a años anteriores. El plazo máximo de privación de la libertad durante la búsqueda de pruebas es de 80 días, pero hay proyectos legislativos avanzados para reducirlo a 35.

En la ONU, México aceptó 166 recomendaciones, de un total de 176.

Entre ellas hay iniciativas a favor de los “que sufren algún tipo de discriminación por su condición de género, raza, religión o preferencia sexual” y “las relativas a educación, derechos sexuales y reproductivos, erradicación de la pobreza, seguridad pública, inclusión social, disminución de las desigualdades, combate a la impunidad y a los estereotipos de género”, precisó García.

3.- La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que una vez que el patrón omitió declarar el salario real de sus trabajadores para efectos de cotizaciones a la seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe “subrogarse” en los derechos del trabajador y otorgarle la pensión que le corresponde conforme al salario real que percibió el trabajador, siempre y cuando quede esto “fehacientemente acreditado en el juicio laboral”.

Al resolver ayer una contradicción de tesis entre tribunales colegiados que se refiere a la falta de cumplimiento del patrón de proporcionar el salario real de un trabajador, de manera temporal o definitiva ante el IMSS, la sala precisó que el Instituto “deberá subrogarse en los derechos del trabajador” y otorgar las prestaciones que le corresponden, sin que ello repercuta en su patrimonio, pues el organismo está en condiciones de exigirle al patrón la cantidad faltante.

Los ministros consideraron además que, en aquéllos casos en que se haya demandado también al patrón, éste será condenado al pago de las diferencias entre el salario declarado y el que realmente percibió el trabajador.

Pero, en los casos en los que el patrón no haya sido llamado a juicio, no será necesario que se le condene al pago de las cuotas omitidas, ya que el Instituto está facultado para fincar al patrón responsabilidad por los capitales constitutivos a que se haga acreedor por la omisión.

La segunda sala concluyó que si en un juicio laboral se demandó al IMSS la rectificación en el pago de una pensión, como consecuencia de las diferencias en el monto del salario con el que el patrón tenía registrado al trabajador, una vez acreditado el salario real y que resulte superior a aquél con el que el trabajador estaba dado de alta. Debido a la omisión patronal, deberá rectificarse del monto de la pensión otorgada.

4.- El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, afirmó que es “absolutamente falso” que esté involucrado en el cobro de comisiones por gestión de fondos federales y precisó que desconoce a alcalde mencionado por el diario Reforma.

“No conozco al alcalde de Celaya que no es de mi partido, ni a ninguno otro funcionario de ese Ayuntamiento, por lo que ignoro cuáles son las fuentes y las intenciones de la falsa información que se publica”, dijo en una carta dirigida al presidente y director general del diario Reforma, Alejandro Junco de la Vega, pues dicho medio retomó la información que investigó el periódico AM, de León.

También manifestó que tampoco tiene participación alguna, ni interés de ningún tipo, en las empresas constructoras que menciona el periódico.

“Es absolutamente falso que un servidor esté ‘involucrado en el cobro de comisiones por gestión de fondos federales’ de ningún tipo, en ningún municipio de Guanajuato y de ninguna entidad del país”, señaló.

Recordó que no compete a los legisladores determinar el ejercicio de los presupuestos autorizados cada año por la Cámara de Diputados.

“Mucho menos –agregó- intervenir en la adjudicación de contratos a nivel municipal, pues lo que le corresponde como función exclusiva es la aprobación del Presupuesto anual que propone el Ejecutivo”.

El juez quinto de distrito en materia penal deberá revalorar todas las pruebas que incriminan a Elba Esther Gordillo y dictar un nuevo auto de formal prisión o libertad por lo que hace al caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) cometiera un error procedimental al presentar una querella contra Elba Esther Gordillo Morales y no una denuncia como lo marca la ley por el delito de lavado de dinero por más de dos mil millones de pesos.

Destaca que al detectar el error de procedimiento los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 227/2013, modificaron la sentencia dictada a la ex líder magisterial solo por lo que hace al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

Los magistrados le explicaron al Ministerio Público de la Federación que no se requería “como requisito de procedibilidad la querella, sino la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

NOTA INTERNACIONAL

El largometraje documental Blackfish fue una pesadilla de relaciones públicas para el parque acuático Sea World, pero sus peores temores aún podrían verse confirmados muy pronto, luego de que el pasado 6 de marzo un asambleísta de California presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley que busca prohibir el cautiverio de ballenas asesinas en la entidad.

La “Orca Welfare and Safety Act” propone:

•  Prohibir la explotación o uso de orca capturadas en la naturaleza o criadas en cautiverio con fines de performance o entretenimiento. (Performance o entretenimiento se definen como cualquier exposición asociada con música u otros efectos de sonido, shows coreografiados, entrenamiento de coreografías, o el contacto desprotegido entre humanos y orcas. Esto aplica también para entrenadores, y con la sola excepción de atención veterinaria)
•  Prohibir la importación o captura de orcas en aguas californianas para fines de entretenimiento.
•  Prohibir la cría o la fecundación de orcas cautivas.
•  Prohibir la importación de esperma, gametos o embriones de orca para su inseminación artificial.

Fue presentada por el demócrata Richard Bloom y redactada por la directora de Blackfish y antigua entrenadora de orcas Gabriela Cowperthwaite, así como la científica marina del Instituto de Bienestar Animal Naomi Rose. Quien viole dicha legislación podría enfrentar multas de hasta 100 mil dólares y/o seis meses en prisión.