Pegasus… En el alambre

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Este pasado lunes 19, se dio a conocer la revelación, que no es muy nueva por cierto, del New York Times, sobre el espionaje político, que vino a sacudir no sólo al gremio de la comunicación, sino también al del activismo social.

Álvaro de La Chica y Bonilla / A los 4 Vientos

Menos mal que el gobierno federal ya salió a aclarar, por medio de Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, que ellos no espían a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos y que además “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”.

Ahora nomás falta creerles. Porque, no es por caer en el sospechosismo, pero el software espía existe y es vendido sólo a gobiernos, no a particulares; algunas dependencias, CISEN, entre ellas,  lo compraron y están documentados los múltiples intentos por poner “diablitos” en los celulares de las víctimas señaladas. ¿O vamos a hacer como que otra vez aquí no pasa nada? Es pregunta para los pájaros en el alambre.

¿A cuántas personas nuestro  gobierno han espiado o espía? Quizás a muchas, no sólo a personajes incómodos del periodismo y  organizaciones sociales, sino a académicos, empresarios, funcionarios públicos, artistas, deportistas, legisladores y por supuesto a políticos.

El presidente Enrique Peña Nieto, al eludir lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo dio carta abierta a lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de no obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.

Todos los casos de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas tiene un denominador común: documentan casos que han resultado incómodos para el gobierno: Ayotzinapa; las masacres de Tlatlaya y Tanhuato; el impulso de leyes anticorrupción, como la Ley 3  de3, y la investigación de casos emblemáticos de corrupción como la Casa Blanca y el desfalco multimillonario de gobiernos estatales.

Foto: The Hill

“¿Qué más, señor presidente? ¿Qué sigue? Si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente. ¿No le parece, presidente, siniestro?”, cuestionó Carmen Aristegui en alusión al intento de espionaje a su hijo Emiliano. ¿Para qué querría EPN investigar a un joven estudiante adolescente?

Un gobierno que considera a los defensores de derechos humanos, los periodistas y a los activistas, igual o más peligrosos que los terroristas e integrantes del crimen organizado, es un gobierno a la defensiva, que no tiene de otra que de controlar la vida de la gente para anticiparse a los movimientos de todos y cada uno. Este gobierno tiene miedo y no duda en usar tecnología de punta para intimidar a ciudadanos contestatarios, descuidando los verdaderos criminales y poniendo en peligro la seguridad pública. Estas revelaciones hechas por el New York Times, dicen mucho sobre el mugrero que este gobierno tiene que esconder.

Este montón de inmundicia resulta más peligroso que los terroristas y los criminales. Esto nos dice que detrás de las casas blancas y de los Malinalco se esconden mugres mucho mayores, que no deben llegar a la superficie de la noticia pública. Más contratos Odebrecht, más contratos OHL, más cochineros que resulta imprescindible disimular, a cualquier precio. Yo considero, que esto es una consecuencia lógica dentro de un régimen en el cual nuestros gobernantes en turno,  no juntan ni 20% de apoyo ciudadano.

Este  espionaje se utiliza para fines políticos, es un enorme retroceso democrático, en la transparencia y rendición de cuentas, sin que hasta ahora haya un poder que detenga estos abusos, que se suman a las agresiones y asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos, con un incremento considerable de casos en los últimos años.

Cuando se advierte la facilidad con la que se puede tener acceso a toda tu información personal o comunicaciones privadas, uno supone que detrás de muchas conversaciones telefónicas o de WhatsApp filtradas a los últimos años en medios de comunicación, pudiera estar el gobierno, pero también, por qué no, otros actores, que tampoco son investigados.

* Álvaro de Lachica y Bonilla. Representante en Ensenada de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. Correo electrónico: andale94@gmail.com


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