Pedirán a la OIT que intervenga ranchos de BC
Jornaleros de Baja California solicitarán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que inicie una profunda investigación, realice trabajos de inspección permanente a la situación laboral que priva en los campos agrícolas de la entidad norteña, y sancione las reiteradas violaciones a los derechos de las mujeres y hombres del campo.
Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos
Ensenada, B.C, a 27 de septiembre de 2016.- Esto, afirmó el secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), Lorenzo Rodríguez Jiménez, porque el gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid y el presidente Enrique Peña Nieto, son los principales protectores de las agroexportadoras multinacionales que operan en Baja California.
“Francisco Vega es el principal promotor de los rancheros y en su gabinete –Manuel Valladolid Seamanduras en Fomento Agropecuario, y Antonio Valladolid Rodríguez en Planeación y Finanzas- tiene a miembros de las familias que más explotan a los trabajadores del campo, y no duda en convertirse en su mayor cómplice y solapador”, centró.
Y de Peña Nieto si bien reconoció que no boicoteó la creación del primer sindicato independiente de jornaleros en México, su gobierno no cumple con los otros 12 acuerdos que pactó con la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social, la cual organizó el movimiento de trabajadores agrícolas del año pasado en San Quintín.
Entre los pendientes de los acuerdos citó la afiliación permanente de decenas de miles de jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social, pago diferenciado y efectivo de prestaciones y salario, aumento en el pago de jornal y recolección de tomate y frutillas (moras y fresas), fin al acuso, abuso y violación sexual a mujeres del campo, así como guarderías, clínicas y hospitales, y escuelas suficientes y dignas.
En entrevista con A los Cuatro Vientos luego de participar en una mesa de análisis sobre el movimiento jornalero del valle de San Quintín, en el marco del Séptimo Encuentro Internacional de Sociología, Rodríguez reveló que el último acto de abuso de los rancheros a la organización gremial ocurrió el pasado fin de semana en el valle de La Trinidad, Ensenada.
Foto: Roberto Armocida / La Jornada BC
Contó que el Consejo Agrícola de Baja California, el sindicato patronal que agrupa a los 105 empresarios agroexportadores más importantes de la entidad, entre ellos a los dos secretarios del gobernador Vega y al ex secretario de Fomento Agropecuario del ex mandatario José Guadalupe Osuna Millán, Antonio Rodríguez Hernández, unió esfuerzos con el dueño de Agrícola Durán, Ricardo Durán Murillo, para hacer abortar el ´primer intento del SINDJA para ganar un contrato colectivo de trabajo en México.
Agrícola Durán es una de las principales exportadoras de zanahoria en Baja California. Contrata a más de 500 trabajadores de campo en los valles costero de La Trinidad y Maneadero, así como 75 a 100 personas en su planta de empaque.
El jueves 22 de septiembre, Ricardo Durán decidió despedir –sin mostrar pruebas- a nueve trabajadores del empaque por “revoltosos”, “conflictivos” y “faltistas”.
La acción “injustificada”, según el dirigente sindical, molestó a los 75 empacadores quienes decidieron parar totalmente sus labores el viernes 23, apenas 10 días después de haber hecho lo mismo para pedir aumento salarial, equipo de seguridad para realizar sus labores y afiliación al sindicato de jornaleros independiente.
Fue entonces que el representante legal de la empresa, Alberto Núñez, quien se hace pasar como inspector del Trabajo en el gobierno de Francisco Vega y el año pasado fue vocero del Consejo Agrícola en la primera fase de las negociaciones entre la Alianza, el gobierno del estado y los empresarios aunque después éstos lo desconocieron para no cumplir los acuerdos, llegó al empaque el viernes 23 de septiembre con un maletín lleno de dinero”.
Alberto Muñoz, en la gráfica con chaleco y camisa a cuadros, en la mesa de negociación del movimiento jornalero en San Quintín. Dijo representar al Consejo Agrícola de Baja California pero el sindicato patronal lo desconoció después para evadir los acuerdos que su “representante” firmó. ¡Así se las gastan! (Foto: portal plexmx.info).
El empleado, ante funcionarios de la Secretaría de Trabajo del estado, voceros de la alianza, directivos del sindicato y los nueve despedidos, ofreció a éstos una indemnización, en ese momento y en efectivo, de entre 16 mil a 18 mil pesos pese a que todos tenían más de 10 años laborando para la compañía.
Fue claro en decir que la empresa sólo reinstalaría en el trabajo a dos de ellos pero a los siete restantes, por “revoltosos, grillos y agitadores”, no los quería.
“Fue entonces que abrió un maletín que traía consigo. Estaba lleno de billetes”.
Se abrió un receso en la reunión y fue entonces cuando los tres principales organizadores del sindicato en la empacadora manifestaron que tenían urgentes necesidades de pago y que por eso, “con todo su dolor”, aceptarían la oferta de la agroexportadora.
Los otros cuatro empacadores sostuvieron su decisión y con ellos el sindicato y la alianza llevarán el caso a los tribunales del trabajo del estado, en donde “no esperamos que se haga justicia a nuestros compañeros”.
Foto: Roberto Armocida / La Jornada BC
Los demás trabajadores, informó, levantaron el paro y la empresa les pagó el día no laborado sin tomar represalias.
El sindicato a su vez abrió un receso en la presentación del emplazamiento a huelga en Agrícola Durán ante la Secretaría Federal del Trabajo, Ciudad de México, para reorganizar la lucha gremial en La Trinidad.
Aunque no tenemos pruebas, creemos con certeza que los aproximadamente 55 mil pesos en efectivo que se pagaron a los tres trabajadores despedidos no los aportó el dueño del empaque, sino directamente los socios del Consejo Agrícola que así quiere evitar que las condiciones laborales y los contratos colectivos en Baja California cambien. De momento lo lograron”, expresó el sindicalista.
Fue entonces que anunció la decisión del sindicato, con el respaldo de la Unión Nacional de Trabajadores, de solicitar por escrito a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que intervenga directamente en Baja California y tras investigar la relación del gobierno estatal con los patrones agrícolas e inspeccionar a los ranchos “para constatar la reiterada violación a los derechos laborales de los jornaleros”, emita una recomendación a los gobiernos federal y estatal.
“Nuestro sindicato, que ya tiene cuatro secciones – Morelos, Ciudad de México, Sonora y Baja California-, así como media docena de delegaciones en esas entidades, está pisando muchos intereses acumulados en todos estos años de complicidades entre los productores y el gobierno. Sabemos a lo que nos enfrentamos pero no cederemos en nuestro objetivo de reivindicar la lucha de tantos años de nuestros compañeros”.