Patrones y banqueros vs. la CNTE
En los últimos días, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Asociación de Bancos de México (ABM), han desplegado una campaña mediática para acusar a los integrantes de la CNTE de violar la ley al realizar manifestaciones y bloqueos en la vía pública, afectando –dicen- “derechos de terceros”, y de “extorsionar” al gobierno federal para derogar la Reforma Educativa.
Raúl Ramírez Baena* / A los Cuatro Vientos
La COPARMEX, por conducto de su presidente, el mexicalense Gustavo de Hoyos Walther, presentó una queja ante la CNDH el pasado 15 de julio, “contra toda autoridad federal, estatal y local que haya pecado de omisión (sic) en los derechos de salvaguardar (sic) la integridad de las personas de las comunidades afectadas… para hacer valer la ley frente a los bloqueos y movilizaciones de la CNTE”, argumentando que, en la Ciudad de México, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, principalmente, las movilizaciones de la CNTE “han ocasionado afectaciones económicas graves y se traducen en un problema cada vez mayor para la vida cotidiana de las personas y la actividad empresarial”.
En un video circulado por Gustavo de Hoyos en su página de Facebook, dice que la CNTE comete “atrocidades en aras de una supuesta defensa de derechos… sin que nadie les pueda poner un alto… vemos como día con día se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado Mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violentan sistemáticamente la ley”.
Por su parte, los banqueros, en voz de su dirigente nacional, Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración del conglomerado español BBVA-Bancomer, lanzó un ¡Ya basta! argumentando que el país “no puede ser rehén de intereses cuestionables de unos cuantos”; que “el diálogo para construir un nuevo modelo educativo se tiene que dar bajo los términos establecidos por la SEP”.
Los patrones y banqueros nunca dicen cuáles son las leyes que viola la CNTE. Sus mensajes, parece ser, buscan presionar al gobierno de Peña Nieto para que desaloje y reprima los bloqueos y manifestaciones callejeras, lo que, bajo las condiciones actuales, se hace prácticamente imposible porque el régimen no soporta otro escándalo, otro baño de sangre. El costo político nacional e internacional sería muy alto para Peña Nieto.
La cúpula empresarial demandó a Peña Nieto por no desalojar de la vía pública a la CNTE (Foto: Internet).
Los derechos de terceros
El mensaje de “los derechos de terceros” ha sido bien recibido por buena parte de la población; ha sido tan insistente que permea acríticamente en distintos sectores de la sociedad. Desde luego que es importante velar por los derechos de terceros, nadie está en contra de ello, pero también y de igual manera, el Estado debe velar por los derechos de “primeros” y de “segundos”.
Tan preocupados están los empresarios por “los derechos de terceros” (más no por los derechos humanos) en el caso de las acciones de la CNTE, que no reaccionan igual ante los derechos de agricultores y pequeños empresarios víctimas del crimen organizado en varios estados de la República, al cobrarles “derecho de piso”, al saquear sus cosechas y sus negocios, al secuestrar, violar y asesinar impunemente a miembros de su familia (también son “terceros” y tienen derechos). Todo ello, bajo la complicidad e incapacidad del Estado para combatirlos.
Todos estos hechos son más graves que las acciones de la CNTE. Pero para apoyar a esas víctimas no hay virulentos mensajes de repudio al crimen organizado por parte de la COPARMEX y la AMB, ni hay duros mensajes al gobierno, ampliamente difundidos por todos los medios, para que intervenga decididamente en su defensa y protección.
Tampoco vemos que los empresarios se preocupen mucho por los derechos de sus propios trabajadores, como, por ejemplo, pagarles un salario digno y suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familiares y garantizar el derecho a la seguridad social.
Manifestantes contra los plantones de los maestros disidentes (Foto: Animal Político).
Como no escuchamos duros mensajes de los patrones y de los banqueros al gobierno, en repudio por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en solidaridad con sus padres, al crimen de 9 personas en Nochixtlán por las fuerzas federales y estatales, por las más de 28 mil personas desaparecidas en el país, por los torturados, los periodistas asesinados, etc. Entonces, hay un discurso de doble rasero.
Magisterio, en la indefensión jurídica
Cuando se ven afectados nuestros derechos podemos recurrir a las instancias jurisdiccionales; como último recurso, al juicio de amparo. Pero resulta que los genios del país reformaron la Ley de Amparo hace dos años, incorporando en el Artículo 61 la improcedencia del amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. Por ello, con el aval de la SCJN, los Jueces de Distrito han rechazado una tras otra las demandas de amparo presentadas por los maestros. Por ello, los impulsores de la Reforma Educativa se cuidaron bien de incorporarla en el texto Constitucional.
¿Qué queda entonces al magisterio ante la cerrazón e intolerancia del Ejecutivo Federal que ha repetido que no habrá marcha atrás a la Reforma Educativa, cuando el diálogo en la Segob es mera simulación para alargar las cosas y apostarle al desgaste del movimiento y a su rechazo por la población?
En el fondo el diferendo que estamos observando es de carácter IDEOLÓGICO. La historia se repite otra vez: Los intereses de la clase empresarial insertada en el gobierno, contra los intereses de la clase trabajadora.
