Patético, vergonzoso cierre y apertura de legislaturas en BC

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Finalmente es con la fuerza pública, criminalizando la protesta civil y con censura a la prensa como una legislación se va y otra entra en Baja California.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto principal: Revista Proceso.

Ensenada, B.C., 31 de julio del 2019.- A las 16:15 horas de este miércoles, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) desalojaron a decenas de ciudadanos integrantes de cinco organizaciones civiles de Mexicali que el pasado 15 de julio cerraron el acceso al edificio del Congreso de Baja California, en protesta por la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez a 5 años.

Los integrantes de los colectivos Plebiscito en Defensa del Agua, Diálogo entre Jóvenes, y Trabajadores y Resistencia Civil de BC, así como de las organizaciones Comité Defensa del Agua y Comunidad BC Resiste, no ofrecieron resistencia violenta, pero reportaron que varios de ellos fueron golpeados para retirarlos e incluso sus dirigentes fueron acusados penalmente por despojo de un inmueble público (el Congreso) y sedición (levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo), por lo que adoptaron medidas cautelares para no ser detenidos.

Los manifestantes se ubicaron en las inmediaciones del edificio en el Centro de Gobierno en Mexicali e incluso algunos de ellos intentaron ingresar al edificio porque la ceremonia de cambio de legislatura se realizaría a las 17:45 horas, tiempo local. No lograron su objetivo, al igual que los periodistas a quienes también se impidió el acceso al congreso.

A las 5 de la tarde comenzaron a llegar los diputados de ambas legislaciones en vehículos del año escoltados por elementos de la PEP, que fueron convocados a ofrecer apoyo a los diputados locales por la Presidente en funciones del Congreso, la petista Claudia Agatón Muñíz quien previamente había dicho A los 4 Vientos que no recurriría a esa opción y que incluso estaba dialogando con los integrantes de las resistencias, cosa que las organizaciones civiles desmintieron ayer por la noche y esta mañana.

Previamente, en un comunicado en redes sociales, los integrantes de las resistencias civiles, entre ellos la profesora Alma Araceli Piña y el activista social Filiberto Sánchez Gurrola, habían dicho que dejarían las instalaciones del congreso hasta el primer minuto del jueves 1 de agosto, justo en el momento en que legalmente entra en funciones la nueva legislatura, la número 23.

https://www.facebook.com/almaa.a.pina/videos/2475430829205272/

Integrados en la organización Movimiento Baja California Resiste, que hace 10 días demandó penalmente a los 21 diputados que aprobaron la reforma constitucional -el 8 de julio- para determinar si éstos fueron sobornados por funcionarios federales y presuntos personeros de Jaime Bonilla, como Amador Rodríguez Lozano, Alejando Ruiz Uribe, Ricardo Peralta Salcedo y Alejandro Viramontes –próximo secretario estatal de Gobierno, superdelegado federal en la entidad, subsecretario de Gobernación y Administrador de la Aduana de Mexicali, respectivamente-, los ciudadanos habían sostenido un diálogo con cinco diputadas del partido Morena, todas ellas integrantes de la nueva legislatura.

Ellas, sin previo aviso a los manifestantes, se presentaron el lunes 29 de julio en las instalaciones del congreso para pedir dos cosas: 1.- La devolución de las oficinas y, 2.- el pliego petitorio de las demandas de las resistencias para trabajar en su solución.

Tras un diálogo que por momentos se volvió ríspido, ambas partes acordaron reunirse el martes 30 de julio a las 7 de la tarde en el Centro de Gobierno para entregar el pliego de peticiones y desalojar el inmueble, pero el desencuentro volvió a darse cuando la diputada Montserrat Caballero, del distrito XIII de Tijuana y coordinadora del grupo parlamentario de Morena, dijo en una entrevista televisiva que los legisladores de la coalición morenista apoyarán la reforma constitucional que aprobaron 21 diputados del congreso saliente.

Tras un momento de nueva conversación se confirmó el acuerdo previo, pero las diputadas ya no se presentaron a la cita de ayer alegando que resultaba imposible sostener un diálogo “en medio de un clima de insultos y agresiones.”

Diputadas electas de Morena en el congreso, el lunes 29 de julio (Facebook)

Montserrat Caballero manifestó incluso que “nunca hubo un acuerdo de estar presentes hoy (ayer) a recibir el pliego petitorio, pues ellos mismos (los manifestantes) dijeron que tenían que venir forzosamente los 25 diputados.”

Al respecto, la profesora Alma Araceli Piña contestó a Caballero: “Las interpretaciones no son una buena vía para avanzar, así que las invito como casi legisladoras que son, a ser objetivas y prudentes, a tener presente que la línea es que no hay línea, y a no olvidar los principios de Morena: No mentir, no robar y no traicionar.”

En la grabación que se hizo del encuentro entre las diputadas y los representantes del Movimiento Baja California Resiste, se escucha a uno de los protestantes pedir que se presenten los 25 diputados electos para entregarles el pliego petitorio, pero también se observa y escucha a la maestra Piña decir que no hay problema, que se respetaba el acuerdo previo y que estuvieran ellas a las 7 de la tarde del martes para entregarles las peticiones y ver lo de la entrega pacífica de las instalaciones.

Ante la no asistencia de las legisladoras electas de Morena, el Movimiento civil dio a conocer ayer mismo por la noche sus demandas, mismas que harán llegar de cualquier forma a la XXIII Legislatura:

1.- Abrogar la llamada “Ley Bonilla” que le da tres años más al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez. 2.- Cancelar los contratos y convenios firmados para la operación de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito. 3.- Detener la construcción del complejo industrial de la cervecera estadounidense Constellation Brands en el Valle de Mexicali.

También: 4.- municipalizar la operación y los ingresos que se generan en las Comisiones Estatales de Servicios Públicos a cada uno de los municipios de la entidad. 5.- abrogar la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el estado de Baja California. 6.- Auditar inmediatamente las cuentas públicas del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

¿Acción concertada? (Foto: Diario Tijuana)

Finalmente: 7.- Revocar el cargo del recién nombrado Auditor Superior del Estado Carlos Montejo Ocegueda. Y, 8.- que nunca más los diputados vuelvan a ordenar el cierre de las puertas del Congreso del estado cuando haya sesiones del pleno o de comisiones.

Claudia Agatón había confirmado A los 4 Vientos que la legislatura saliente necesitaba entrar al edificio para tener acceso a la papelería oficial y a los sellos del Congreso. Ello para poder enviar al gobernador Francisco Vega el decreto de reforma constitucional para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Ahora, con el apoyo de la nueva legislatura de Baja California que tiene mayoría calificada de Morena y sus aliados PT, Transformemos y Verde Ecologista de México (PVEM), con 17 de las 25 curules del congreso, podrán avanzar en la cuarta y última etapa que requiere la reforma para que ésta entre en vigor.

Los opositores a la reforma, conocida como “Ley Bonilla”, podrán presentar en contra de la cuestionada norma, en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la publicación, acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


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