Pasividad y negligencia del Ayuntamiento de Ensenada con proveedor incumplido

Tres camionetas y cinco motocicletas que el ayuntamiento local compró en 2013 para el Grupo de Reacción Inmediata (SWAT), el Grupo Preventivo contra el Consumo de Drogas (DARE) y la Dirección de Seguridad Pública, fueron adquiridas con “graves” irregularidades administrativas que hoy investiga la Sindicatura para determinar si aplicará sanciones a quienes las cometieron en perjuicio del erario municipal.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, B. C., a 10 de febrero de 2016.- La pesquisa, producto de una serie de observaciones hechas en 2014 y 2015 por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado, involucra a la empresa Blindajes Continental, S.A. de C.V., que el 3 de diciembre de 2013 contrató el suministro de los ocho vehículos por un monto de tres millones 485 mil pesos que dotó el Subsidio federal para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN).

El proveedor, a quien el ayuntamiento asignó de manera ilegal la compra directa de las ocho unidades tras una licitación nacional que presuntamente fracasó en primera convocatoria sin que se emplazara una segunda, se comprometió a entregar los bienes el 27 de diciembre de 2013.

En realidad lo hizo 245 días después de la fecha que acordó en la Cláusula Quinta del contrato, pero el ayuntamiento que presidió Enrique Pelayo Torres fue generoso y ante el incumplimiento de la empresa se limitó a lo siguiente:

1.- No proporcionó evidencia de que el proveedor solicitará prórroga en el plazo de entrega pese a que el párrafo segundo de la misma Cláusula Quinta  así lo contemplaba.

2.- No presentó información que permitiera conocer los motivos del retraso así como las gestiones efectuadas para hacer exigible el cumplimiento del contrato.

3.- No procedió a hacer efectiva la Cláusula Décima del contrato que contemplaba una “pena convencional” por incumplimiento en la entrega de los vehículos, multa que ascendió a dos millones 554 mil 740 pesos y que hasta hoy se desconoce si se hizo resarcimiento de ella o se hizo exigible la garantía de cumplimiento.

Entregado a la manga ancha con el proveedor incumplido, el ayuntamiento pagó la totalidad del monto del contrato cuatro meses antes de que Blindajes Continental cumpliera con la entrega, siendo que la Cláusula Tercera del contrato establecía que debía pagar el 50% de anticipo contra entrega de la fianza de garantía respectiva dentro de los tres días posteriores a la firma del contrato, y el 50% restante una vez suministrada la totalidad de los bienes, “a entera satisfacción del gobierno local”.

Y aún en las facturas que el ayuntamiento recibió del proveedor se encontraron irregularidades en la revisión hecha por el ORFIS.

Las facturas entregadas por la empresa de folios 0122 con fecha 5 de diciembre y 0126 de fecha 27 de diciembre, ambas por un monto de 775 mil pesos que amparan la compra de dos unidades Chevrolet Express Van Cargo; las facturas 0125 de fecha 5 de diciembre y 0128 de fecha 27 de diciembre, por un importe de 347 mil 500 pesos cada una y que amparan la compra de la unidad Express Van Cargo paquete C; así como las facturas 0123 de fecha 5 de diciembre y 0127 de fecha 27 de diciembre, por un importe de 620 mil pesos cada una por la adquisición de cinco motocicletas Honda; no presentan una descripción a detalle y no presentan los números de serie de los bienes adquiridos.

El gobierno local tampoco verificó las condiciones de entrega de las ocho unidades –Cláusula Sexta del contrato- y el 31 de diciembre de 2013 las capitalizó a inversiones fijas, sin haber sido entregado físicamente por el proveedor, con lo que violó la Norma Técnica Administrativa Numero 7 “Sistema de Inventarios y Resguardo de Bienes Muebles” así como el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Sustancia Económica”.

El ayuntamiento cerró el cúmulo de irregularidades detectadas en la operación mercantil con la no presentación de la autorización de la compra de las dos camionetas para DARE, ya que “es un programa que no se encontraba contemplado en los proyectos de prevención del delito autorizados para el ejercicio 2013”.

Iván Barbosa Ochoa, síndico procurador del XXI Ayuntamiento de Ensenada, manifestó que el equipo jurídico de la Sindicatura ya realiza una investigación de los hechos y en breve dará información detallada sobre ésta y otras irregularidades detectadas por el ORFIS en el manejo del SUBSEMUN por el gobierno que presidió Enrique Pelayo Torres.