PAN, PRI, MORENA en Ensenada. En 14 años aumentaron el pasivo del ayuntamiento casi 500%. Ayala, en plan gansteril durante su primer gobierno

En sus dos primeros años de gobierno, Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada bajo las siglas del partido Morena, incrementó en un 23.40 por ciento el pasivo general del ayuntamiento costero bajacaliforniano, débito que en 14 años -2007 a 2021- creció en un inconmensurable 500%.

¿Cuántas cosas más “planeará” en los días que le quedan al frente del Ayuntamiento de Ensenada? (Cortesía).

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada:

Ensenada, B.C., México, viernes 17 de mayo del 2022.- Con ello, Ayala redujo drásticamente las opciones de maniobra financiera del municipio y agravó la posibilidad de cumplir los compromisos propios de su administración y los que heredó de los cuatro gobiernos locales emanados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Además, la crisis financiera del gobierno y su enorme protagonismo y ego lo llevaron a cometer fraudes a la ley al alentar y participar en una trama de engaños a la población que permitió la puesta en marcha del proyecto de reconversión energética de la transnacional Sempra Energy en Costa Azul, Ensenada, que incluyó incurrir en los presuntos delitos de extorsión y cohecho al contratar a un familiar como gestor de obra pública, a cambio de permisos municipales al consorcio californiano.

En este último caso, Jesús Alberto Ayala Urías, tío del edil morenista, hizo público el conflicto cuando demandó al ayuntamiento en el Juzgado Tercero Civil en Ensenada –expediente 270/2022- por el pago de 62 millones 500 mil pesos.

Esa cantidad corresponde al 12.5% de “comisión por asesoría legal” que cobró para que Energía Costa Azul (ECA), una subsidiaria de Sempra Energy, se comprometiera a invertir 500 millones de pesos en obras asignadas por Ayala Robles a cambio de otorgar permisos locales de uso de suelo y construcción.

Eso se dio mientras el funcionario municipal gestaba y operaba ante la federación la “consulta popular” que aprobaría la reconversión para exportar gas natural desde la planta que la transnacional opera en Costa Azul.

Respecto al tema del tío de Ayala, el Capítulo II, Artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California que refiere las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, indica:

“Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.”

En su demanda civil, Jesús Alberto Ayala narra que su sobrino le pidió, en septiembre del 2020, que se hiciera cargo legalmente del asunto con ECA porque la empresa se negaba a cumplir un acuerdo –aparentemente verbal- para invertir 500 millones de pesos en obras ubicadas en el municipio, incluida entonces la región de San Quintín, a cambio de los permisos municipales.

Una vez que Armando Ayala manipuló los resultados de la “Consulta Popular” a favor del proyecto de reconversión de Sempra, y que el gobierno federal concedió a la transaccional el último permiso para la obra, en donde incluyó el compromiso de la gasera para construir en Topolobampo, Sonora, una planta de exportación de gas natural para el gobierno mexicano, Alberto Ayala quiso hacer efectiva su comisión pero encontró la negativa de pago de su sobrino, quien nuevamente alegó incumplimiento del consorcio californiano.

La demanda de Ayala Urías actualmente se analiza en el juzgado civil donde se radicó y no hay abierta hasta hoy una investigación de la Sindicatura local, ni de las fiscalías estatal o federal, ni de los organismo públicos estatales encargados de combatir la corrupción en la función pública, de esos hechos evidentemente irregulares e inmorales.

La exigencia (imagen ilustrativa en Facebook).

DAÑO PATRIMONIAL, DEFRAUDACIÓN FISCAL, DESVÍO DE RECURSOS…

El problema para el presidente municipal de Ensenada se complica porque sumó, en su primer mandato de gobierno –2019 a 2021– otros presuntos delitos.

De acuerdo con una investigación hecha por contadores independientes con base a la información financiera disponible del XXIII Ayuntamiento de Ensenada que presidió Armando Ayala –fue reelecto en el cargo por un periodo más: de 2021 a 2024– el pasivo del ayuntamiento creció en 535 millones 801 mil 941 pesos -23.40%- con relación a como lo recibió del priista Marco Antonio Novelo Osuna.

Los profesionales destacaron en su estudio –en poder de 4 Vientos– dos cosas:

1.- Que por el incremento en el pasivo, éste aumentó a un acumulado de dos mil 825 millones 505 mil 246 pesos, según cifras oficiales del ayuntamiento al 30 de septiembre de 2021, fin de su primer gobierno.

2.- Que el 97.16% del total del incremento del pasivo se concentró en el rubro de Retenciones y Contribuciones, con 520 millones 591 934 pesos, con el agravante de que su primera administración fue de tan sólo dos años, “por lo que se ve la tendencia de un incremento mayor a la de 3 años con el cierre a septiembre de 2022.”

Los contadores expresaron en su investigación:

Subrayan que esos importes son el monto principal del pasivo, a los que hay que agregar los cálculos y aplicación de las actualizaciones, recargos y las multas correspondientes que, al observar los montos por los pagos omitidos, “serán de gran cuantía”.

“Y lo más delicado es que representan, entre otras responsabilidades, un daño patrimonial a la hacienda pública, así  como defraudación fiscal ante las dependencias afectadas por la omisión de estas obligaciones, las cuales están contenidas en las leyes correspondientes dependiendo de la omisión”.

Además, y al respecto, el Artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California determina que:

“Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.”

Servicios de salud, prestaciones sociales y laborales, todo en riesgo porque lo que se retiene a los trabajadores, simplemente no se entrega a las instituciones que protegen a los empleados municipales (Foto: Cadena Noticias).

LA MISMA GATA, PERO…

4 Vientos preguntó a los especialistas contables si la tendencia de los incrementos en los diferentes rubros del pasivo generados en el XXIII Ayuntamiento, se verán reflejados en este ayuntamiento y por qué.

Y agregaron: “Y seguirá sin que nadie diga ni haga nada, por lo que hay que estar al pendiente en este tema y hacer que los responsables sean llamados a explicar el porqué de la omisión de esas obligaciones, las cuales son de carácter laboral y afectan a todos los trabajadores”.

– ¿De qué forma los afecta?

“A unos porque se les retienen impuestos y cuotas que no son enteradas, lo que les genera  problemas fiscales y de otro tipo que pueden ser la calidad de los servicios sociales y médicos que reciben.

“Pero a otros les afectará, de hecho ya les afecta en el tema de sus pensiones porque al no cubrir el ayuntamiento las cuotas descontadas a los trabajadores para la institución, se les niega su derecho constitucional a obtener esa prestación con calidad.

De todo lo que hacen, ponen como testigo a un hombre al cual casi todos los días traicionan en sus órdenes e ideales (Foto: El Imparcial).

ROBO EN DESPOBLADO

Para entender mejor estas declaraciones, es necesario precisar cómo se armó este acto ilícito.

De acuerdo con el estudio de los contadores, en su primer gobierno Armando Ayala y sus funcionarios retuvieron a los trabajadores del ayuntamiento contribuciones por 356 millones 460 mil 335 pesos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado y municipios de Baja California (ISSSTECALI).

Asimismo, retuvo 93 millones 385 mil 983 pesos por contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 70 millones 745 mil 616 pesos en impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría federal de Hacienda.

La cantidad total de esas retenciones no se enteraron a las entidades que las requieren y no se sabe en dónde están y cómo fueron usadas, por lo que el gobierno local las sumó a su Pasivo Acumulado por Pagar al 30 de septiembre del 2021, que quedó de la siguiente forma:

Retenciones y Contribuciones: mil 817 millones 11 mil 659 pesos; Deuda Pública: 550 millones 459 mil 462; Proveedores: 83 millones 33 mil ,729; y Otras Cuentas: 375 millones de pesos.

En su análisis del Comportamiento Económico del Ayuntamiento de Ensenada, los contadores independientes destacan que si bien Armando Ayala heredó de los cuatro presidentes municipales que le preceden –Pablo Alejo López Núñez (PAN), Enrique Pelayo Torres, Gilberto Hirata Chico y Marco Antonio Novelos Osuna, los tres del PRI- “una situación financiera grave”, el manejo que él y sus funcionarios hicieron de la administración pública “no es aceptable” dado el comportamiento que tuvo la deuda pública y los pasivos.

Y concluyen:

“La presente administración carece ya de maniobra financiera por tanta deuda que reflejan los números al pasado 30 de septiembre, por lo que se ve difícil que esta ‘nueva administración’  pueda  cumplir con los compromisos propios y los que le heredaron”.

Se llegó a eso porque los gobiernos municipales emanados de los partidos PAN, PRI y Morena que “administraron” Ensenada durante 14 años, hicieron crecer el pasivo en un brutal 492.10 por ciento, al pasarlo de 120 millones 464 mil 603 pesos en octubre del 2007, a dos mil 825 millones 505 mil 246 pesos al 30 de septiembre del 2021. Así lo hicieron:

Cortesía.