OTRA VEZ EN LO OBSCURITO: BONILLA CONCEDE A EMPRESA DE CALIFORNIA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

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La empresa californiana Worldwide Environmental Products, Inc. (WEP) se hará cargo del servicio de verificación vehicular obligatorio que a partir de septiembre pondrá en marcha el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, quien así lo heredará a la administración de la próxima gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda.

 

La empresa beneficiada (Captura de pantalla).

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto destacada: Cadena Noticias

Ensenada, B.C., México, martes 3 de agosto del 2021.- Se trata de una compañía que Bill Delaney, su presidente y fundador en 1984, ha hecho crecer en Estados Unidos, Irlanda, Fiyi, Singapur, Japón y México desde su matriz en la ciudad de Brea, California.

En nuestro país, en 1992, siendo el actual Secretario de Relaciones Exteriores -Marcelo Ebrard Casaubon- Secretario General de Gobierno durante la administración del entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, WEP abrió su primer centro de inspección técnica de verificación vehicular en la Ciudad de México.

Luego, el 10 de septiembre de 2019, Worldwide Environmental Products ganó la licitación pública para proveer al gobierno de Jalisco, bajo administración de Enrique Alfaro Ramírez (Partido Movimiento Ciudadano), su tecnología PVR que desarrolló con el apoyo de sus aliados Microsoft -de quien es socio en máximo grado (Gold)-; Cisco -telecomunicaciones y transmisión de datos-; Oracle a nivel Platino -monitoreo y administración de bases de datos-; y Dell -recursos de hardware y programas de inspección y mantenimiento de vehículos-.

En Jalisco la empresa fue objeto de una demanda de nulidad de concesión interpuesta por la compañía sueca Opus Inspections ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

 

VerIficentro instalado en el gobierno de Osuna Millán (La Jornada de BC).

 

De acuerdo con medios locales, la demandante consideró que el proceso de licitación tuvo irregularidades en la oferta de programas de verificación, en la certificación nacional de tecnología y en la creación de un monopolio por parte de WEP ya que ésta se asoció al 60% con el inversionista que construye e instala los verificentros, dejando al capitalista el 40% restante del negocio.

Además, la empresa europea reveló que WEP no vende el equipo al estado: “En realidad lo proporciona en comodato”.

Al gobierno jalisciense WEP le cobra 100 pesos por cada verificación, en tanto que la autoridad estatal impone al usuario un costo de verificación de 500 pesos al año, más 50 pesos por trámite extemporáneo y multa mínima de hasta mil 200 pesos a quien no cumpla con la revisión que es necesaria para revalidar placas a los vehículos.

En Baja California, Jaime Bonilla encargó a sus secretarios de Gobierno -Amador Rodríguez Lozano- y de Economía Sustentable y Turismo -Mario Escobedo Carignan- sacar adelante el proyecto de verificación, el cual suplirá al que implementó el exgobernador panista José Guadalupe Osuna Millán –Francisco Vega de Lamadrid no lo aplicó durante toda su gestión-.

La ejecución del negocio requirió un año y se prevé que su aplicación dejará mil millones de pesos anuales de ingresos al erario estatal.

 

El polémico gobernador de Jalisco, en el mismo negocio (Facebook).

 

A partir de septiembre de 2021 se aplicará en un parque vehicular que se estima en dos millones de vehículos, donde se incluyen unidades con motor a gasolina y diésel, así como automóviles y camiones con registro o ilegales, conocidos popularmente como “autos chocolate”.

En febrero de este año trascendió que el gobierno estatal entregaría la concesión a WEP por un periodo de 15 años y que el proyecto se aplicará mediante un contrato de Asociación Público Privada gestado por otro aliado de la empresa californiana –Projet Management Institute-, especialista en la prestación de servicios en asociaciones público-privadas para “garantizar que sea una operación segura, sostenible y honesta.”

 

También en febrero, el subsecretario estatal de Desarrollo Económico -José Carmelo Zavala Álvarez- dijo a periodistas de Tijuana que el nuevo Programa de Verificación Ambiental tendría al menos nueve verificentros “con instalaciones mucho más modestas” que las que implementó el ex gobernador Osuna Millán, además de contar con “tecnología más confiable” que permitiría hacer la comprobación en “unos cuantos minutos”, además de una inspección física del vehículo.

 

De igual manera reveló que a los automovilistas que pasen la verificación se les entregará un holograma, una etiqueta con los datos del vehículo y un Código QR. Además, el programa de control se realizará con base a un calendario que podría considerar la terminación numérica de las placas.

Aparentemente, ya que el gobierno estatal no proporcionó información de la licitación o asignación directa del servicio ni del contrato con WEP, el grupo californiano también cobrará 100 pesos al estado por cada verificación y éste a su vez cobrará a los automovilistas 500 pesos por verificación, más 50 pesos por trámite extemporáneo, mil 200 pesos de multa a quien no cumpla con el trámite, y la cancelación del permiso (refrendo) de placas.

 


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