Otra vez, el mando único policial

Después de dos fracasos, uno con Felipe Calderón y otro con Enrique Peña Nieto, la iniciativa de Mando Único Policial se volverá a presentar al Senado de la República como la gran solución a los problemas de criminalidad, violencia e inseguridad en México.

Raúl Ramírez Baena* / Al filo de la navaja / A los Cuatro Vientos

Invariablemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ha acompañado y promovido esta iniciativa, porque a los ´gobernadores les representa más poder político y económico, incluso, mayor control al despojar a los municipios de sus facultades constitucionales para ejercer la función de Seguridad Pública.

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón (“va pa’tras, papá”), afirmó que la reforma para crear el Mando Único Policial en el país se aprobará en este periodo ordinario de sesiones, ya que cuenta con el aval de 21 gobernadores. “La vamos a sacar, no tengan la menor duda, estamos en tiempo y estamos trabajando en ello”, sentenció Gamboa Patrón el pasado 29 de febrero.

Esto quiere decir que el PRI está afinando los mecanismos para echar a andar la maquinaria de votos necesarios en el Constituyente Permanente para una reforma constitucional, como sólo ellos lo saben hacer.

Iniciativa de ocurrencias

Una propuesta dirigida a someter a la autoridad municipal al ámbito estatal y federal desnaturaliza el Federalismo mexicano, cuya estructura principal para combatir el centralismo político, administrativo y territorial es el Municipio Libre.

Aun así, el 13 de enero de 2016, en reunión de la Conago celebrada en Toluca, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, afirmó que la iniciativa busca “atender únicamente lo relativo a menores (sic) y normas domésticas que establecen los bandos de buen gobierno en cada ayuntamiento. (…) el modelo que se propondrá al Senado consiste en aglutinar en un cuerpo policiaco dependiente del mando estatal, a las policías preventivas y de investigación, así como otras corporaciones de escala municipal”. Acordaron que la iniciativa será prioritaria para ser votada en el Congreso.

A finales de enero de este año, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, a nombre de la Conago, presentó ante el Senado su propuesta para el “desarme temporal” de más de mil 800 cuerpos de seguridad municipales en el país y que se transformen en una especie de policía administrativa, de proximidad o de barrio (¿?).

Más adelante, el 4 de febrero de 2016, ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Senado (a pesar de que el tema del Mando Único es un asunto de Seguridad Pública), el Secretario de Gobernación dijo que “lo más importante es que se haga la certificación, la evaluación de todas las policías y que entonces de ahí se determine cuál es

el proceso a seguir. ¿Qué quiero decir? Que si hay municipios que están haciendo bien las cosas, que bajan los delitos, que tienen las capacitaciones adecuadas, que tienen los mandos certificados, que los índices delictivos bajan en sus municipios, entonces de parte del gobierno federal diría: Qué bueno que tengan su policía”. ¿Qué quiso decir Osorio? ¿Qué no se impondrá el Mando Único a todos los municipios? ¿Bajo qué criterios o indicadores? ¿Quién o quiénes los evaluarán?

Finalmente, ante todos los gobernadores del país reunidos el 29 de febrero en Toluca, Enrique Peña Nieto exhortó al Congreso a agilizar el debate y aprobación de la iniciativa. “No significa que tenga que aprobarse en sus términos, pero que se debata ya, porque no podemos permanecer por más tiempo pasivos y a la espera de que pase el tiempo de fortalecer las capacidades del Estado”. ¿Por qué les urge tanto?

Así, en el marco del decálogo para salvar la grave crisis política que enfrenta el país, anunciada por el mandatario el 2 de septiembre de 2015, y a más de un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Conago y el Ejecutivo Federal, dando “palos de ciego” y sin superar la “Guerra al Narcotráfico” de Calderón que exacerba los crímenes, reciclan ante el Senado esta propuesta de reforma constitucional sin ofrecer un plan estratégico y una definición concreta y clara en torno a la Seguridad Pública, cuyas ideas van cambiando según se les ocurra.

Conclusiones

1.- La iniciativa de Peña Nieto y de la Conago no contempla una reforma en Seguridad con enfoque de Derechos Humanos. Por ejemplo, no propone prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños a víctimas de tortura y desaparición;

2.- No se define el papel de las fuerzas armadas en las tareas de Seguridad Pública, a pesar de que la ONU, la CIDH y las ONG han insistido en su desmilitarización;

3.- No se prevé garantizar los derechos humanos de las y los policías municipales, al trasladarlos al ámbito estatal sin definir su campo de trabajo y nuevas funciones;

4.- No se presenta ningún mecanismo de rendición de cuentas ni de participación ciudadana efectiva en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de Seguridad;

5.- No se propone revisar el Sistema de Control de Confianza al no ser operado por un órgano independiente y al no resultar del todo confiables las evaluaciones a los policías.

6.- Mientras no se resuelvan la cadena de corrupción entre gobernantes, autoridades, mandos y policías y la impunidad en los delitos y violaciones a los derechos humanos, ¿cómo evitar el traslado de estos lastres al Mando Único?

7.- Lo único seguro: Ahora, los capos podrán negociar con 32 jefes, no con 1,800.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste. Ex procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California