Otra vez, dictamen a favor de matrimonios igualitarios irá al pleno del congreso de BC

Y va de nuevo… En una segunda votación del dictamen 48 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del congreso para legalizar en Baja California los matrimonios igualitarios, 5 de 6 comisionados volvieron a votar a favor de esa iniciativa que el pasado 16 de julio no obtuvo la aprobación calificada del pleno legislativo.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos / Foto: La Voz de la Frontera

Ensenada, B.C., México, a 24 de julio del 2020.- En esta ocasión el Presidente de la comisión, Juan Manuel Molina García, del partido Morena, se cuidó de informar a sus colegas diputados que el congreso realizó diversas reuniones públicas, con varios grupos civiles, para “socializar” el tema.

“Si algún diputado o diputada sigue manifestando que no se socializó el tema, es como reconocer que no ha vuelto con su electorado, que no le ha preguntado a sus votantes, que no ha consultado con su partido, porque todo juega; además de que no ha estado al pendiente de los medios de comunicación o medios de prensa, o que no ha seguido la plataforma de nuestro propio Poder Legislativo, que contiene el documento y sesiones de nuestras comisiones”, dijo el legislador en la reunión.

También afirmó que “no se debe poner de justificación la pandemia” para no tratar el tema en el legislativo, ya que las iniciativas que forman el dictamen 48 se alimenta de propuestas similares que fueron presentadas en el congreso de Baja California en 2018 y 2019, las cuales también fueron rechazadas por presión de los grupos conservadores religiosos del cristianismo y el catolicismo, así como de sus organizaciones civiles.

Y de plano desechó la lista de 28 mil personas que firmaron para los religiosos y sus organizaciones civiles en Baja California, una petición al congreso local para que no apruebe los matrimonios homoparentales ya que, afirmó, al revisar el origen de los ciudadanos que suscribieron los documentos, se encontró que la mayoría de ellos viven fuera del estado “y son pocos los de Baja California”.

En la sesión de la comisión se dieron dos momentos hilarantes.

Primero, el diputado perredista Gerardo López Montes que en la primera votación de la comisión legislativa votó a favor del dictamen, ahora lo negó porque “no se amplió el estudio del dictamen ni se socializó.”

En la sesión virtual de la comisión (Cortesía)

Y después la morenista Carmen Leticia Hernández Carmona, de Tijuana y no integrante de la comisión analista, pidió a sus colegas que no la reprendan por oponerse a los matrimonios igualitarios ya que, en los 50 años que tiene radicando en el estado, “nunca he visto que se discrimine o se persiga a personas por su orientación sexual”.

Ningún diputado comisionado recordó o citó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde al menos 2011 hasta la fecha, ha emitido una gran variedad de tesis de jurisprudencia que declaran inconstitucional las normas que decretan que el matrimonio civil sólo debe ser entre un hombre y una mujer, y que su finalidad es la procreación, ya que ello vulnera los principios constitucionales de Igualdad, No Discriminación, al Libre Desarrollo de la Personalidad, al Estado Civil y a la Dignidad Personal.

Específicamente, estos criterios los aplica reiteradamente la Suprema Corte al conceder sentencias de amparo definitivo a quienes acuden al poder judicial de la federación en defensa de su derecho legal a unirse en matrimonio sin importar su género.

Ello luego de que los solicitantes padecieron sentencias dictadas en juicios de amparo en revisión, donde se resolvió sobre la inconstitucionalidad de artículos de leyes locales de Baja California, Sinaloa, el Estado de México y Colima que no reconocían el matrimonio igualitario.

Al respecto, César Flores Mancilla, Asesor de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, al hacer un análisis del tema manifestó:

Las jurisprudencias dictadas por nuestro Máximo Tribunal reconocen derechos a favor de un sector marginado y discriminado (el de la diversidad sexual). Su lucha se equipara a otros sectores, como mujeres, indígenas, personas con discapacidad que a lo largo de la historia han cobrado visibilidad, reivindicaron su identidad y conquistaron el reconocimiento de sus derechos. Este reconocimiento no afecta los derechos de otros, al contrario, con una visión progresiva y garantista se amplían y tutelan a favor de otras personas en un plano de igualdad”.

Lo que dicta la SCJN es casi letra muerta en el Congreso de Baja California (Foto: Libertador).

En el caso de la Constitución Política del Estado de Baja California -indica por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en otro estudio jurídico del tema-, los artículos 7 y 104 reconocen y protegen la “Institución del Matrimonio” como un derecho de la sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose éste solamente mediante “la unión de un hombre con una mujer.”

Para el organismo humanista, esos conceptos excluyen injustificadamente del acceso a la protección constitucional a las familias homoparentales, esposo, concubinas y concubinarios, al utilizar la expresión “esposa e hijos”, lo que ocasiona que “se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha protección constitucional, al emplear un lenguaje sub-incluyente, que no logra cumplir con la protección de la familia, como realidad social actual.”

Asimismo, el 8 de julio, en un “llamado urgente” que la CNDH hizo al Congreso de Baja California para que apruebe la reforma constitucional y cambios a 25 artículos del Código Civil de la entidad a  favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución que encabeza Rosario Piedra Ibarra recordó a los legisladores que “los derechos humanos no se someten a consulta”.

Finalmente este día, en la sesión de la comisión legislativa a la que asistió por invitación de los diputados comisionados, el secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Ochoa, manifestó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales a los cuales está suscrito el país, se encuentra establecida la prohibición de toda discriminación por razón de preferencias sexuales.

Esta visión legal la confirmó el director de Consultoría Legislativa del congreso, Francisco Javier Tenorio Andújar, quien mencionó que la propuesta de reforma es “jurídicamente procedente, y esto es así tomando en consideración que las condiciones jurídicas que motivaron y sustentaron la procedencia judicial del dictamen 48, no han variado al día de hoy. Es decir, subsiste la necesidad de adecuar el marco jurídico de Baja California conforme a los principios de igualdad y no discriminación, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

No se dio a conocer la fecha en que el dictamen se discutirá por segunda ocasión -para aprobación o rechazo- en la sesión del Pleno del legislativo, poder estatal que el pasado 16 de julio no dio mayoría calificada (17 de 25 votos posibles) a la reforma, por lo que la propuesta de la Comisión de Gobernación regresó a esa sede para un mayor análisis que hoy volvió a serle favorable.

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