Opacidad en el gran negocio de las tiendas del sistema penitenciario de BC
En dos años, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California pagó casi 77 millones de pesos en el suministro de cigarros, bebidas y tarjetas electrónicas que vendió a los poco más de 12 mil reos que viven en las cárceles del estado, pero hay opacidad en los ingresos que obtuvo por la comercialización de esos productos.
Javier Cruz Aguirre / A los 4 Vientos
13 de mayo del 2017.- De acuerdo con los dictámenes de fallo de tres licitaciones públicas para el suministro a la dependencia del gobierno que administra el Sistema Estatal Penitenciario, y que corresponden a los años 2014 y 2016, uno de los proveedores más beneficiados es la empresa mexicalense Magova Comercializadora y Prestadora de Servicios.
Con registro de giro comercial en venta y renta de maquinaria, alimentos, equipo y accesorios de seguridad, servicios de asesorías, estudios e investigaciones, equipo y accesorios de computo, equipo y accesorios de oficina, imprentas, y material para la construcción, en marzo de 2016 se adjudicó ingresos del erario por 27.6 millones.
Todo por vender al gobierno estatal cientos de miles de cajas de cigarros y agua potable embotellada que los presos de las cárceles de Mexicali, Tijuana, Ensenada y El Hongo I y II compran a precios que llegan a estar hasta cinco veces por arriba del valor comercial de esos productos en establecimientos convencionales.
Ocho meses después, Magova –que también es proveedor del Congreso de Baja California, en donde no tiene un giro identificado con claridad en el padrón del Departamento de Recursos Materiales de la cámara de diputados- recibió la adjudicación directa del gobierno estatal para surtir “productos básicos de primera necesidad para su venta a las personas” por un monto de un millón 757 mil 320 pesos.
El regalo lo obtuvo porque el poder ejecutivo estimó que se trata de un proveedor “que cumple con las disposiciones convenidas”, calificación que difiere un poco de la que ordinariamente el gobierno aplica a otros de sus consignatarios consentidos de bienes y servicios: ser “confidencial”.
Entrada a la cárcel El Hongo I, de Tecate (Sistema Penitenciario Estatal9
Un consorcio multinacional que logró otro de los jugosos contratos después de participar en las licitaciones públicas que avaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado, es Osuru Trading.
La compañía oriental logró en 2016, a través de su filial que opera en Mazatlán, Sinaloa, ganar 21 millones 237 mil 744 pesos por proveer decenas de miles de tarjetas telefónicas al gobierno de Baja California para que éste a su vez las revenda a los presos a través de unidades de comercialización propias, o tiendas con permiso, o concesión para hacerlo.
Lo gracioso es que Osuru Trading México es una empresa que dice tener como giro principal en nuestro país “artículos de seguridad personal” a sus clientes en toda la república.
Un tercer gran ganador, éste con la sed de los miles de clientes cautivos que residen en los presidios de Baja California, es la compañía Distribuidora Garci Crespo que en febrero de 2014 ganó el paquete de “bebidas” para los cinco reclusorios por un monto total de 14.4 millones de pesos.
Y un cuarto triunfador fue Distribuciones Dana, que en 2014 obtuvo el contrato para surtir ese año al Sistema Penitenciario Estatal, decenas de miles de tarjetas telefónicas que se vendieron en las tiendas que operan en el interior de los Ceresos de Ensenada, Tijuana, Mexicali y los dos de El Hongo (Tecate). Todo por un valor de 13.8 millones de pesos.
Vaguedad y caos en la comercialización
La cárcel de Ensenada (Foto: uniradioinforma.com)
Del monto de los ingresos que obtuvieron quienes comercializaron directamente estos productos, así como del destino que se dio a ese recurso en un sistema penitenciario que este año se dispone a privatizar el servicio de alimentos en todas las cárceles de Baja California –vía La Cosmopolitana, S.A. de C.V.-, con un costo diario al erario de entre 720 mil a 900 mil pesos (60 por cada preso), no se tiene un registro oficial confiable.
Por ejemplo, reos y custodios en Ensenada consultados por A los 4 Vientos dijeron que las cajetillas de cigarros se venden dentro del penal entre tres a cinco veces más caros que en cualquier establecimiento comercial de la ciudad; sin embargo, directivos manifestaron que el costo es igual e incluso ligeramente inferior al que se aplican en las tiendas y supermercados tradicionales.
Lo cierto es que no existe una norma oficial que determine cuál es el monto al que se deben vender los productos que se compran a los proveedores, vía licitación pública a precios preferenciales, y que se venden en los reclusorios del estado, así como la forma en cómo se determina quién y cómo puede tener derecho a hacerlo.
Lo que sí hay son reglas precisas de lo que un reo no puede tener en la cárcel y por lo mismo debe comprar en las tiendas de sistema penitenciario.
El Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California, vigente desde octubre de 2006, impone prohibiciones específicas a lo que pueden o no pueden tener los cautivos en las cárceles.
Por ejemplo, el Artículo 34 ordena que “queda prohibido a los internos poseer, traficar, adquirir o consumir las sustancias y objetos a que se refiere el artículo 48 de este Reglamento. Lo anterior, a excepción de los artículos de venta en las unidades de abastecimiento del Centro o aquellos autorizados por la Dirección.”
Acude uno entonces al Artículo 48, en donde se dispone que “queda prohibido que los visitantes introduzcan al Centro, lo siguiente: (…) XIII.- Cerillos y encendedores (…) XV.- Cigarros, tabaco o puros (…) XVI.- Café, té y refrescos (…)”
Más adelante, el Artículo 103 dice: “Para los efectos de este Reglamento se consideran infracciones a la disciplina y seguridad del Centro las siguientes:
“(…) VIII.- Poseer, consumir, traficar o comercializar cualquier sustancia tóxica prohibida, tales como estupefacientes o psicotrópicos, bebidas alcohólicas y cigarros, entre otras.”
La permisividad con los celulares
Extorsión telefónica desde las cárceles, ¿se comercializa desde el sistema penitenciario? (Foto: Quadratín)
Destaca asimismo el tema de las tarjetas para teléfonos celulares que se compran a los proveedores y se revenden a los internos a precios no controlados.
Esto porque en primer lugar el reglamento deja abierta la posibilidad de que un reo pueda o no tener un celular en el reclusorio; ahora sí que depende del sapo…
Dice la fracción IX del mismo artículo 48, relativo a las prohibiciones en el interior de las cárceles del estado: “(poseer) Aparatos eléctricos, electrónicos o mecánicos, sin autorización previa”.
Por la cantidad de tarjetas que compra a sus proveedores y luego revende, la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Daniel de la Rosa Anaya, parece que otorga ese derecho a los más de 12 mil presos que según David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, habitaban en las cárceles del estado hasta abril pasado.
De hecho, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública permite la posesión de teléfonos móviles en las centros de reclusión del país como un derecho a la comunicación, pero en diciembre de 2014 la Cámara de Diputados de la federación reformó la legislación con el propósito de “garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares desde los penales y evitar delitos como las extorsiones a la población”, cosa que continúa dándose en toda la nación.
De cualquier forma, los reclusos quedan a merced de los precios que les imponen los dueños (¿concesionarios o permisionarios?; no se sabe quiénes y cuántos porque no hay un padrón oficial) de las tiendas del sistema penitenciario, que sin duda hoy también se benefician de un hecho estadístico que se sustenta en datos de la Encuesta Nacional de la Industria Manufacturera del INEGI:
“El consumo per cápita de los fumadores (en México) pasó de 8.8 cajetillas al mes durante 2015 a 11.40 al cierre del año pasado (2016).” Esto aún con el alza de 3.4 por ciento en el precio de los cigarrillos.
Al menos alrededor de 400 internos cubren ese y otros gastos obligatorios que tienen que hacer para sobrevivir en el penal, trabajando en algunas de las seis plantas maquiladoras que tienen concesión o permiso para operar en los penales de Tecate (El Hongo I y II) y Ensenada, en donde perciben salarios apenas por arriba del mínimo oficial y del cual se les descuenta el 33 por ciento para sus familiares, 33 por ciento para reparar el daño que provocaron por su delito, y el resto para ellos.
Los demás presos dependen del exterior para pagar sus gastos en el interior de las cárceles, o de la astucia y poder que tengan dentro de la penitenciaría para ejercer control y recibir a cambio una dádiva, un favor de quienes dirigen las cárceles.
Se trata, pues, de un negocio redondo para ciertos sectores del gobierno de Baja California, para sus proveedores, para uno o varios concesionarios privados que revenden mercancías e incluso para algunos presos con poder de los cuales los ciudadanos no tenemos noticia hasta que estalla un nuevo escándalo de corrupción, o un motín de los reos, en las sobresaturadas cárceles del estado.