Ombudsman de los Derechos Humanos en BC viola los derechos de sus trabajadores
El pasado 11 de noviembre, el doctor Sergio Hernández Zinzún, ex coordinador de investigación y proyectos de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, presentó al Congreso del Estado una petición de Juicio Político al procurador de los Derechos Humanos en la entidad, Arnulfo de León Lavenant, con petición de retiro inmediato del cargo al ombudsman por parte del Consejo Consultivo de la dependencia humanista. Por el interés que reviste para los cibernautas, a continuación, A los Cuatro Vientos presenta el texto íntegro de la carta que el doctor Hernández envío a los consejeros de la PDHPCBC.
H. MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Dra. Adriana Carolina Vargas, Lic. Gloria Ramírez Vargas, C. Olegario Miller Gastélum, Dra. Lizbeth Raya Valdovinos, Mtro. Sergio Manuel Sánchez Navarro, Lic. José Carlos Vizcarra Lomelí, Dr. Juan Medrano Padilla, C.P Juan Manuel Hernández Niebla, Lic. Alejandro Salinas Diez, Lic. Ignacio Calderón Tena, Lic. José Alfonso Sánchez Ortiz, Lic. Jessica Kirsten Baumgartner López, Arq. Rubén Castro Bojorquez, Lic. José Jiménez Díaz.
Estimados Consejeros
Les informo he tomado la decisión de iniciar una denuncia de juicio político en contra del Procurador de los Derechos Humanos en el Estado de Baja California, Lic., Arnulfo de León Lavenant. La razones que me llevan a iniciar este juicio son muchas y de muy diverso orden, pero trataré de resumirlas.
La primera refiere a la forma y las consecuencias institucionales de las decenas de despidos de empleados de la PDH realizados de manera injustificada y sin el pago de las liquidaciones correspondientes.
Es preocupante que esta manera de actuar de parte de un servidor público que tiene el agravante de ser Procurador de los Derechos Humanos, sea totalmente fuera de la legalidad. Transgrede los valores humanos más elementales como la justicia y la equidad y los derechos constitucionales y humanos de las personas que han sido despedidas sin ofrecer ningún tipo de explicación, razones o motivos justificados.
Los procedimientos utilizados por el Procurador en el tema de los despidos violan la normatividad establecida para la conducta del Procurador en la Ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California y el Reglamento Interior de la propia PDH.
El licenciado De León al momento de tomar la protesta como procurador de los Derechos Himanos en Baja California (Foto: internet)
Viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; la Ley Federal del Trabajo; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
1.- De un total cercano a los cincuenta despidos la PDH ha acumulado en un breve tiempo casi dos docenas de demandas laborales en las que los empleados despedidos estamos reclamando que se respeten nuestros derechos y que se nos haga justicia.
Muchos de los compañeros despedidos siguen esperando que el Procurador les cumplan los compromisos verbales que contrajo con ellos respecto al pago de sus liquidaciones. Mientras que otros que lograron que la PDH firmara un convenio para el pago de sus liquidaciones informan que el Procurador frecuentemente incumple con el pago puntual de los abonos pactados, o simplemente los ha dejado de pagar. Debido a una situación como esta, el año pasado le fue embargado equipo de cómputo y otros bienes a la PDH.
2.- No todos los puestos de trabajo que se quedan vacantes son ocupados por nuevas contrataciones, y es un enigma el destino del dinero presupuestado para el pago de esa nómina.
3.- En el caso de nuevas contrataciones se observa el ingreso de familiares y amigos del Procurador y de recomendados.
4.- El Procurador ha mantenido puestos de trabajo vacantes con la intención de ofrecerlos a recomendados de servidores públicos y representantes de elección popular con el propósito de obtener favores futuros.
5.- Durante 2012 y parte de 2013 el Procurador mantuvo, por varios meses, a empleados laborando sin sueldo con la promesa de que iban a ser contratados. A muchos de ellos no les cumplió.
6.- Una de las consecuencias más graves para la Procuraduría de los Derechos Humanos que se desprende de tantos despidos, el no reemplazo inmediato del personal y la contratación de parientes, amigos y recomendados es la pérdida de capital humano e institucional que se había logrado acumular a base experiencia, dedicación y compromiso. Son años de esfuerzo que el Procurador ha tirado a la basura.
No es mi propósito ahora señalar todas las acciones ilegales, irresponsables o abusivas que ha exhibido el Procurador desde el momento que, desafortunadamente para los bajacalifornianos, fue nombrado titular de la PDH. Solo mencionaré que la denuncia de juicio político que se encuentra en curso señala una variedad de faltas graves, y otras muy graves, sobre la utilización de los recursos públicos y de los bienes muebles e inmuebles, de la discrecionalidad para decidir los sueldos de los empleados incluido el del propio Procurador, de préstamos y de las comprobaciones de gastos, y de asesorías y contrataciones de servicios profesionales externos, entre otras.
Por las razones que he expuesto líneas arriba, y porque la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California es un bien público y patrimonio de todos los bajacalifornianos, estoy solicitando la separación inmediata del cargo de Procurador de los Derechos Humanos en el estado, de Arnulfo de León Lavenant; que se inicie procedimiento administrativo en su contra y que si después de las investigaciones procedentes el Congreso del Estado así lo considera, se le destituya de su cargo, se le finquen las responsabilidades en las que haya incurrido en falta y se le inhabilite para ocupar cargos públicos por el mayor tiempo posible, dentro de los rangos que permita la Ley.
Estimados consejeros, tuve el placer de conocerlos en dos sesiones del Consejo Consultivo y tengo la seguridad de que, como personas honorables que todos ustedes son, sabrán tomar la mejor decisión que les indique su conciencia, honor, apego a la legalidad y la justicia que merecemos todas las personas, y en este caso específico los bajacalifornianos.
Atentamente, Doctor Sergio Hernández Zinzún.
N. de la R.- El doctor Sergio Hernández Zinzún se desempeñaba como coordinador de investigación y proyectos de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California. Fue asesor en la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana. Asesor en la Coordinación de Asesores de Presidencia, Ayuntamiento de Tijuana. Ofrece servicios de Consultoría en política, gobierno, sociedad y encuestas electorales. Es profesor en el programa de Doctorado en Educación y de la Maestría en Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana. Es investigador en el Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).