Nueva Ley del Agua de BC tira al caño 55 mdp; preparan acción de inconstitucionalidad
Diputados de los Partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) anunciaron hoy que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una Acción de Inconstitucionalidad contra la recién aprobada Ley del Agua para Baja California.
Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos / Foto principal: Verde, periódico ecológico.
21 de Diciembre de 2016.- Esto mientras dirigentes industriales cuestionaron el despilfarro de 55 millones de pesos que el gobierno del estado pagó este año para crear un Plan Hídrico Estatal del que nadie sabe nada, y que sin duda resultará desfasado, ilegal y obsoleto por la forma en cómo se aprobó la nueva ley del agua.
Y abogados ambientalistas, activistas sociales y ex candidatos a puestos de elección popular manifestaron su preocupación por la forma en como la nueva legislatura y sus órganos rectores, contemplan el cumplimiento y respeto cabal al derecho humano al agua en Baja California.
Claudia Agatón, por el PT, y Luis Moreno Hernández, por el PES, manifestaron por separado que esta será su respuesta a lo que llamaron “la imposición” de una ley que presuntamente privatiza el servicio público de administración y suministro de agua potable en la entidad.
Y revelaron nuevos aspectos del contenido de la conflictiva legislación, entre los que destacan cuatro temas:
1.- Los incrementos a las tarifas de consumo de agua serán aplicadas por los dos nuevos organismos metropolitanos operadores, sin previa consulta al Congreso de Baja California.
2.- El servicio doméstico se podrá cortar por falta de pago. Esto contraviene disposiciones específicas de la Ley de Hacienda del Estado, así como la normatividad en materia de Salud y los Artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3.- A partir de que el Gobierno estatal contrate las compañías para que se encarguen del manejo y operación del agua en la Zona Costa o en Mexicali, la iniciativa privada podrá ofrecer y cobrar las tarifas que estime convenientes.
4.- Las tarifas de consumo doméstico, industrial y comercial estarán sujetas a la inflación y a la ley de la oferta y la demanda, por lo que a mediano y largo plazo se podrán ajustar incluso mensualmente.
“En medio de una emergencia económica como la que se vive en el Estado, con el incremento constante del dólar y el anuncio del Banco de México sobre el aumento a las tasas de interés, y considerando que Mexicali y Tijuana son las ciudades con mayor inflación del país, el problema del costo por metro cubico de agua potable se agravará inmediatamente después de que la ley entre en vigor”, señaló Luis Moreno.
Ambos legisladores coincidieron en señalar que la imposición legislativa de Vega se dio dos semanas antes de que el congreso convocara a especialistas, académicos, organizaciones civiles y empresariales, así como a la población en general, a participar en foros y mesas técnicas de información y discusión de la iniciativa para enriquecer y adecuar su contenido.
“Este interés tan grande y profundo del gobierno estatal en privatizar el agua, nos hace pensar que hay alguien que se beneficiará con este negocio tal y como suceden con las desalinizadoras de Playas de Rosarito y Ensenada. Un grupo, personas o intereses se van a llevar mucho dinero de los bajacalifornianos”, comentó el diputado pesista.
Playas de Rosarito, en la mira del ultra negocio de las desalinizadoras (Foto: SECTURE).
Agatón y Moreno indicaron que ya trabajan en la realización de reuniones populares para recabar firmas de apoyo que permitan dos acciones: emprender gestiones legales para derogar la nueva ley y afinar la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad en el máximo tribunal judicial del país.
“Parte de los argumentos que ofreceremos en la Suprema Corte de Justicia es la violación del Artículo 115 de la Constitución que claramente dice que la distribución y manejo del agua corresponde a los municipios, no a los estados de la federación tal y como sucede en Baja California. Por eso vamos a solicitar que los municipios de nuestro estado puedan recuperar la rectoría del agua”, comentó Moreno Hernández.
El citado artículo constitucional, en su Fracción III, establece:
“Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:
“A) agua potable y alcantarillado; b) alumbrado público; c) limpia; d) mercados y centrales de abasto; e) panteones; f) rastro; g) calles, parques y jardines; h) seguridad pública y tránsito; i) los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”.
¿Y el Plan Hídrico y sus 55 millones?
El presidente de la CANACINTRA en Ensenada.
Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Ensenada, Jorge Eduardo Cortés Ríos, apuntó que si bien es cierto que de acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución los municipios tendrán a su cargo el suministro de agua potable y alcantarillado, se deben conocer los convenios existentes en Baja California y sus términos, así como su compatibilidad con la nueva Ley de Aguas del Estado.
El dirigente industrial fue más allá en su cuestionamiento al proceso de aprobación de la nueva ley estatal del agua.
Recordó que en septiembre de este año “se supo, en un ambiente polémico y controvertido, la existencia de una presunta licitación para que despachos privados llevaran a cabo el Plan Hídrico del Estado que supuestamente tenía un 40% de avance, pero a casi terminar el año, nada se sabe de su existencia”.
Agregó: “Ahora, de una forma sorpresiva, los legisladores del PAN con el apoyo del PRD y otros partidos, aprobaron una nueva Ley de Aguas en las que se da preponderancia a la administración de particulares del vital líquido, pero sin considerar un diagnóstico previo ni los alcances del ‘presunto’ Plan Hídrico”.
Cortés Ríos considera que la lógica más elemental indica que esto debería ser al revés, ya que una vez concebido el plan integral del agua en la entidad se tendría que legislar para dar forma jurídica a las acciones que pudieran emprender las autoridades para resolver el problema.
La presa Rodríguez, en Tijuana (Archivo).
Pudiera darse el caso –expuso- de que los 55 millones de pesos pagados por el Plan Hídrico pudieran perderse al hacer inaplicable legalmente las medidas propuestas, en virtud de una legislación “que se hizo de manera apresurada, en lo oscurito, sobre las rodillas y que los diputados aprobaron al vapor”.
Cortés, también miembro del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), informó que no tiene conocimiento de que se haya consultado a ningún consejo de los organismos operadores del agua de la entidad, “lo que se hace hartamente sospechoso y obliga a suponer que están tratando de beneficiar ciertos intereses”.
Y agregó: “Hay mucha información que se debió haber ofrecido a la población sin tanto bandazo, como el destino de los organismos operadores ante la eventual creación de una paraestatal de carácter regional o la privatización de la administración del agua, y lo que pasará con los trabajadores de las comisiones que desaparecen y las tarifas preferenciales.
“Lo cierto es que la nueva Ley de Aguas del Estado se da en un contexto de desinformación y sospecha, ya que todo el proceso se llevó a cabo sin informar ni consultar a la sociedad”.
Preocupación e ironía
Mientras tanto Lucila Hernández, coordinadora de la organización civil Alianza de Mujeres de Diversos Colores, destacó la “fragrante” violación al derecho humano al agua que representa la aprobación de la Ley del Agua de Baja California.
“El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
Y destacó: “El artículo I.1 establece que ‘El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna’”, disposición que la nueva legislación del agua en Baja California pone en riesgo.
En este mismo sentido se pronunció el abogado ambientalista Marco Antonio Lazcano Sahagún, quien expresó su preocupación por la forma en cómo la nueva ley y sus nuevos organismos rectores van a cumplir con el derecho humano al agua que tienen los bajacalifornianos.
“Como todos en el estado, desconozco el contenido de la nueva ley al respecto, pero si no contempla de una manera clara y directa el respeto a este derecho humano, ese puede ser el camino legal para que los ciudadanos en lo individual promuevan juicios de amparo en contra de esa legislación una vez que ésta entre en vigor”, comentó.
Finalmente, Elvira Luna Pineda, ex candidata a la Presidencia Municipal de Mexicali por el Partido de Baja California (PBC) en junio pasado, la tomó con sarcasmo y en su cuenta en Facebook escribió:
“Espero que a las 7 de cada 10 personas que en Baja California no votan porque dicen ‘a mí no me interesa la política’, tampoco les importe ni les afecte la privatización y aumento del Agua, el aumento del Predial, el aumento de alumbrado público, la liberación del precio de la gasolina, ni la devaluación con el dólar a más de 20 x 1 y que tampoco les importe que Mexicali será en 2017, según el INEGI, la ciudad fronteriza con mayor inflación. Que tampoco les importe la violencia en aumento y que tampoco les importe que mientras diputados federales se reparten más de 62 millones de pesos en bono navideño, un grupo de encapuchados asalta viviendas con familias adentro y restaurantes con todo y comensales en la mesa. Como que ya estuvo bueno que no les importe, ¿no creen?”