Nueva Fiscalía de BC es ilegal. Ombudsman debe interponer acción de inconstitucionalidad en la SCJN

El colectivo Resistencias Unidas de Baja California solicitó ayer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC) que interponga en el poder judicial de la federación, una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esclarezca la legitimidad de la recientemente creada Fiscalía General del Estado.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Ensenada, B.C., 16 de noviembre 2019.- Ello en virtud de que la nueva fiscalía General incluye atribuciones de prevención y seguridad pública que corresponden al ejecutivo del estado, lo que le resta autonomía institucional e independencia personal a su titular, el licenciado Guillermo Ruiz Hernández, quien además es compadre del mandatario estatal.

En su petición al presidente y a los 5 consejeros consultivos de la comisión -Miguel Ángel Mora Marrufo, Adriana Vargas, Gilberto Watts, Olegario Miller, José Sánchez y Juan Medrano, respectivamente-, 24 organizaciones civiles unidas consideran que la reforma constitucional que dio origen a la nueva fiscalía no garantiza la separación de las funciones públicas de investigación y persecución de los delitos, de las diversas funciones de prevención y seguridad pública.

“La reforma mezcla y pone en manos de un solo funcionario, el Fiscal General, atribuciones de investigación y persecución de los delitos y atribuciones de seguridad pública que por su naturaleza corresponden al Poder Ejecutivo, lo que pone al Fiscal General bajo el mando directo del gobernador en turno”, en este caso el morenista Jaime Bonilla Valdez.

Bonilla y su fiscal compadre, carnal. ¿Cuál independencia? (Internet).

Asimismo, afirman que el esquema de la reforma no se apega a las exigencias constitucionales que prevén los artículos 102 y 116, fracción IX, de la Constitución Nacional,  en el sentido de que la Fiscalía General debe ser diseñada bajo un modelo que garantice:

Que las funciones de procuración de justicia  se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.”

Igualmente afirman que la reforma no exige que el titular de la Fiscalía reúna los requisitos mínimos indispensables que garanticen su independencia personal frente al Ejecutivo.

“Su artículo 70, reformado, omite toda referencia a los conflictos de interés que pudiera tener el titular de la Fiscalía frente a los poderes formales o de hecho que operan en Baja California.”

Imagen: Facebook

Y agregan: “Nos expone a un Fiscal carente de independencia, lo que viola los derechos humanos de acceso a la justicia completa e imparcial que prevén los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución nacional, y diversos tratados internacionales que el Estado mexicano ha hechos suyos.”

Aclaran que no su petición no busca confrontar a la Comisión con el nuevo gobierno.

“Por el contrario; pretendemos que la CEDHBC contribuya a la legitimidad constitucional del poder público en lo concerniente a las tareas de Estado que le corresponden, lo que no implica atacar a la norma recién creada, sino contribuir a su esclarecimiento constitucional.”

Y tras subrayar que el plazo de 30 días naturales para interponer la acción de inconstitucionalidad  vence el próximo jueves 21 de noviembre, piden una respuesta urgente a los comisionados y al ombudsman para que antes de esa fecha se presente la demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.