Next Energy cancela su proyecto en Mexicali; seguirán las acusaciones contra exbonillistas; pero, ¿y la Controversia Constitucional?

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La transnacional británica Next Energy Capital Gruop canceló definitivamente el proyecto “Central Solar BC” que pactó en Baja California con el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.

 

Captura de campaña Next Energy.

 

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Foto destacada: Parque fotovoltaico (ilustrativa de industrialnewsbc.com)

 

Ensenada, B.C., México, miércoles 25 de mayo del 2022.- La decisión incluyó el retiro de la demanda de indemnización por seis mil millones de pesos que el consorcio pidió al gobierno estatal por la cancelación anticipada de la obra, la cual costaría finalmente al erario 29 mil millones de pesos, indicó esta mañana la titular del poder ejecutivo del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La morenista, tras afirmar que la cancelación del proyecto fue “de mutuo consentimiento sin prejuicio para las finanzas estatales”, notificó también que su gobierno mantendrá los procedimientos administrativos y penales en contra de un grupo de ex funcionarios de la pasada gestión de gobierno, pero no precisó si retirará la Controversia Constitucional que en febrero de este año presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del ejecutivo federal (Secretaría de Hacienda) y el Congreso de la Unión.

La petición, contenida en el Expediente 70/2022 de la Suprema Corte, combate la disposición del artículo 47 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de limitar a sólo dos opciones la posibilidad de cancelar la deuda Inscrita en el padrón hacendario: “que la obligación (débito) ha sido liquidada, o bien no fue dispuesta.”

En el caso del “Contrato Plurianual de Compra-Venta de Energía mediante suministro eléctrico para el desarrollo de una Central Eléctrica Fotovoltaica en Baja California” que Next Energy firmó con el gobierno de Jaime Bonilla, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó la cancelación del tratado porque el Ejecutivo estatal no cubrió ninguna de las dos opciones.

A ello, los abogados de la gobernadora contestaron en la Controversia:

 

“No obstante, se podría privilegiar en la norma la protección al interés público ya que en el caso la obligación garantizada impide a la Entidad contar con los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones que constitucional y legalmente tiene encomendadas, lo que pone en riesgo el normal desarrollo de la administración pública estatal, impactando en los servicios públicos y programas que debe llevar a cabo en beneficio de la colectividad, lo que evidencia la invasión de la Federación a la esfera competencial del Estado de Baja California.”

 

Y si bien la cancelación definitiva del proyecto por parte del consorcio energético británico invalida el pago mensual de aproximadamente 120 millones de pesos –que representaba casi el 20% de las partidas presupuestales federales que recibe el estado-, así como elimina el fideicomiso que Bonilla y la transnacional crearon con Banca Afirme, del “magnate del acero” Julio César Villarreal, permite que las disposición del artículo 47 del reglamento federal impugnado en la Controversia Constitucional, siga vigente en México.

 

En la propaganda de Jaime Bonilla, el gobierno de Baja California ahorraría dos mil 700 millones de pesos con el contrato con Next Energy.(Cobertura 360).

 

“El acuerdo entre la empresa y el gobierno de Baja California implica la no penalización ni responsabilidad hacia el estado ni al gobierno”, manifestó Ávila Olmeda en su conferencia matutina semanal, en donde también reconoció “la disposición y el entendimiento” de la empresa para llegar a un acuerdo.

En realidad, Next Energy de México, subsidiaria de la transnacional británica, no mostró disposición a la negociación e incluso amenazó con el cobro de una penalización por hasta seis mil millones de pesos si el nuevo gobierno morenista de Baja California cancelaba el proyecto.

Sin embargo, una serie de fracasos ante la federación –la negativa de las secretarias de Energía y del Medio Ambiente para darle permisos de operación energética y ambiental-, la cancelación del contrato en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que suspendió temporalmente el pago de las mensualidades con cargo al erario del gobierno, y hasta la posible cancelación de la senaduría al ex mandatario Jaime Bonilla por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pusieron contra la pared al consorcio empresarial.

 

La gobernadora afirmó que su gobierno continuará las demandas y denuncias que formuló en contra “de quiénes firmaron este fallido contrato de la planta que no contaba con permisos y tenía condiciones desfavorables para el Estado”.

 

Sin agregar mayores datos y de manera escueta, el fiscal general del estado Ricardo Iván Carpio Sánchez dijo que el proceso penal contra los sospechosos sigue y que, en breve, se les citará a la audiencia de imputación penal.

El pasado 2 de marzo,  4 Vientos publicó que el secretario estatal de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, reveló que la denuncia contra los exfuncionarios es por los delitos de peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores público, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado impropio, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades “y lo que resulte”.

También que la denuncia penal iba en contra de la empresa, sus asesores jurídicos y administrativos, así como ocho ex funcionarios entre los que se dejó entrever son el ex gobernador Jaime Bonilla, el ex secretario general de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, el ex secretario estatal de Hacienda Rodolfo Castro Valdez, y otros cinco ex funcionarios que integraron el Comité Interinstitucional de Energía (CIE) de Baja California.

 

Foto El Imparcial

 

4 Vientos señaló que en el CIE, Castro Valdez era Presidente. Además estaban Luis Salomón Faz Apodaca, como Secretario Técnico del comité y secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua; y como vocales se desempeñaban Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, directora general de la Comisión Estatal de Energía; Marco Antonio Hilton Reyes, Oficial Mayor de Gobierno; y Karen Postlelhwaite Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.

También que Kurt Honold Morales, actual secretario estatal de Economía e Innovación, ex presidente municipal priista de Tijuana y amigo-socio del empresario priista Jorge Hank González, estuvo involucrado en el negocio de Next Energy con Bonilla.

Esto porque el 24 de septiembre del 2020, los integrantes del CIE lo designaron “Observador Ciudadano” en el proceso de licitación de la planta de energía solar que semanas después asignó el contrato ganador a la subsidiaria mexicana de Next Energy Capital Group.

 

Por su parte Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del gobierno del Estado, reveló que las áreas de gobierno que participaron en el irregular proyecto fueron la Secretaría de Hacienda, la Comisión Estatal de Energía (CEA) y la Secretaría del Agua.

Antes de esa información, 4 Vientos recordó que en octubre del 2021, Iván Bautista Gómez, presidente de la Red Ciudadana para el Aprovechamiento del Agua y las Energías Renovables, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de seis funcionarios de la pasada administración estatal, entre ellos Rodolfo Castro Valdez, los otros cuatro integrantes del CIE y, al parecer, el mismo Jaime Bonilla. Hasta este día, la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero, no presenta un informe preliminar de esa investigación.

Finalmente, el 14 de marzo, 4 vientos reveló que por el caso Next Energy la agrupación civil Artículo 39 denunció penalmente a 20 diputados de la XXIII legislatura de Baja California, entre ellos la actual la presidente municipal de Tijuana Monserrat Caballero, cinco ex diputados que hoy son funcionario estatales y municipales, así como seis parlamentarios reelectos.

 

Captura de pantalla.

 

Los legisladores denunciados penalmente que hoy son funcionarios públicos, son:

Monserrat Caballero (hoy presidente municipal de Tijuana), Miguel Ángel Bujanda Ruiz (actual secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del XXIV Ayuntamiento de Tijuana), Eli Topete Robles (hoy flamante Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana), Rosina del Villar Casas (hoy titular de la Secretaría estatal de Honestidad y Función Pública), Juan Meléndrez Espinoza (hoy secretario estatal del Campo y la Seguridad Alimentaria), y Miriam Cano Núñez (actual secretaria de Inclusión Social e Igualdad de Género en el segundo gobierno morenista de Baja California).

También los aún diputados estatales por la vía de la reelección:

Juan Manuel Molina (primer Presidente de la actual XXIV legislatura estatal, por Morena), Julio César Vázquez (Partido del Trabajo), Ramón Vázquez (Morena), Claudia Agatón (Partido del Trabajo), Julia Andrea González (Morena), y Víctor Hugo Navarro (Morena)

Y los hoy ex diputados en la XXIII legislatura: Fausto Gallardo, Carmen Hernández, Víctor Morán, Efrén Moreno, Eva Gricelda Rodríguez, Trinidad Vaca, María Luisa Villalobos y Evangelina Moreno.

El abogado Armando Salinas, dirigente del grupo Artículo 39, dijo que el grupo denunció a los legisladores porque el gobierno de Marina del Pilar Ávila solo presentó querella contra quienes firmaron el contrato -en la administración de Bonilla-, y no a los que en el congreso autorizaron el proyecto “dos veces”.

Por eso, afirmó el abogado, son cómplices de lo que Marina del Pilar Ávila calificó el 25 de marzo como “el mayor atraco que ha sufrido Baja California”.

 


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