Miriam Cano es ya dolor de cabeza mayor para AMLO y Marina del Pilar Ávila. Organización derechohumanista la exhibe a nivel nacional (Video)
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), una asociación civil con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, que acompaña procesos de lucha de diferentes comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que luchan a favor de los Derechos Humanos, involucró a la secretaria de Inclusión y Equidad de Género en Baja California, Miriam Elizabeth Cano Núñez, en la presunta fabricación de cargos penales en contra de dos activistas triquis del valle de San Quintín.
Portal del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), una asociación civil con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, que acompaña a los dos activistas indígenas del valle de San Quintín bajo presión del gobierno de Baja California (Captura de Pantalla).
Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos
Foto destacada: ¿Hasta donde llegarán los compromisos, las complicidades y las lealtades? (Facebook).
Ensenada, B.C., México, miércoles 20 de abril del 2022.- Lo hizo mediante la Acción Urgente 3/2022 de fecha 19 de abril de este año que dirigió a sus afiliados, a los medios de comunicación y al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez; a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila; y al Fiscal General estatal, Iván Carpio Sánchez.
En el documento de circulación nacional, el Centro de Derechos Humanos reporta que, con su presunta acción embozada, Miriam Cano también afecta el proceso de retorno de personas indígenas triquis desplazadas de sus comunidades de origen en el estado de Oaxaca, del cual los dos activistas triquis acosados por la fiscalía de Baja California son interlocutores y facilitadores ante el gobierno federal mexicano.
Bonifacio Martínez Cruz, uno de los involucrados en la trama de un conflicto legal que incluye al fiscal regional en San Quintín –Salvador Martínez Delgado– e integrante de la Alianza de Organizaciones Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social que en 2015 encabezó el paro de decenas de miles de jornaleros agrícolas de San Quintín, contó a los abogados del centro derechohumanista que la también exdiputada estatal orquestó la acusación en su contra por el delito de despojo.
Él y Octavio López, también integrante de la alianza de jornaleros, fueron detenidos por presuntamente apoderarse de manera ilegal del edificio sede del Centro Comunitario de la Autoridad Tradicional Triqui en Vicente Guerrero, municipio de San Quintín.
Este hecho se dio el 5 de enero del 2022 cuando Cano Núñez se presentó a ese lugar para dar posesión a nuevos integrantes del máximo órgano de gobierno del pueblo triqui residente en San Quintín.
Ese día, Bonifacio, Octavo y otros indígenas afiliados al “Frente Independiente de la Lucha Triqui” impidieron que Miriam Cano, antigua operadora parlamentaria del ex gobernador y hoy senador Jaime Bonilla Valdez en la XXIII Legislatura estatal, usara el edificio del Centro Comunitario para dar posesión a indígenas supuestamente manipulados por la funcionaria.
Bonifacio Martínez Cruz (centro), presidente del Frente Independiente de la Lucha Triqui y secretario de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social (Captura de Pantalla en Facebook).
Para el Frente Independiente, los triquis designados por Cano –entre ellos dos mujeres indígenas- forman parte del grupo nativo que en 2021 apoyó unilateralmente a la ex diputada a usurpar personalidad indígena en el proceso electoral estatal del año pasado, acción ilegal que sancionó la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de manera unánime.
Consulta aquí la SENTENCIA. Haz click en:
SENTENCIA DEFINITIVA CANO USURPACION SALA GUADALAJARA TEPJF
Seis días después –el 11 de enero-, integrantes del Frente, de la Alianza de Organizaciones y de la Presidencia Municipal Autónoma del Pueblo Triqui se reunieron con Rosina del Villar Casas, secretaria estatal de Honestidad y Función Pública, para denunciar que Cano “se entromete, divide y enfrenta a la comunidad Triqui del valle agrícola.”
También denunciaron que la ex legisladora usó ocho agentes de la Fiscalía General del Estado, bajo responsabilidad del fiscal regional Salvador Martínez Delgado, para intimidar a los opositores de Cano y permitir el ingreso ilegal de la funcionaria en un acto exclusivo de la autoridad triqui en el poblado Vicente Guerrero.
En la denuncia que presentaron por escrito a Del Villar Casas en Mexicali, las tres organizaciones manifestaron:
Asimismo, mencionaron que al intervenir y favorecer el nombramiento de un nuevo grupo de mando en la comunidad triqui en Nuevo San Juan Cópala (delegación Vicente Guerrero), al cual las tres organizaciones desconocieron desde el 5 de enero, “Cano violentó el estado de derecho del grupo indígena oaxaqueño, al que está dividiendo por su prepotencia y ambición de poder”.
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Miriam Cano (mujer con cubrebocas) en el acto que desató el problema legal, del pasado 5 de enero en Vicente Guerrero (Foto: Gobierno de BC).
La respuesta a los activistas indígenas la dio la Fiscalía General del Estado que abrió, a petición de una mujer –Alma Meraz– y en su oficina en San Quintín, la Causa Penal 637/2022 con número único de caso 01-2022-00762 que arraigó judicialmente en Ensenada, en contra de Martínez y López por el supuesto delito de despojo y una posible penalidad de 10 años de cárcel.
Por esto, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero destacó en su Acción Urgente:
En una entrevista con el periodista Jayme García, Martínez Cruz reiteró que Miriam Cano es la autora intelectual de la división de los triquis y de la violencia física y legal contra los disidentes.
También que el fiscal regional ordenó su detención luego de atraerlo con engaños a su oficina en San Quintín, acción que superó gracias al apoyo que recibió de sus compañeros de las tres organizaciones indígenas que enfrentan a la ex diputada del partido Morena en el Distrito XVII.
“Tenemos fuentes dentro del mismo gobierno donde nos aseguran que ella es la directamente involucrada en mi detención. Al final, la señora que me está denunciando –Alma Meraz– es muy amiga y cercana de ella”, dijo el dirigente triqui al periodista del diario El Imparcial.
Conmovida hasta las lágrimas, Miriam Cano convive y baila con mujeres triqui de Vicente Guerrero, San Quintín, el 5 de enero (Foto: Punto Norte).
Al respecto, Miriam Cano dijo al mismo medio de comunicación que las acusaciones en su contra son mentiras, que “en ninguna ocasión he levantado una sola denuncia contra quienes me han violentado”, que el conflicto de los triquis “es añejo”, y que “ninguna de las personas que están comentando ahí es de mi círculo cercano; ni el fiscal (regional) ni la otra persona que mencionan. Si acaso los he visto dos o tres veces en mi vida por cuestiones de gestiones propias de mi trabajo, pero círculo cercano, ¡jamás!”
Finalmente, en su Acción Urgente, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace un resumen del caso de usurpación indígena que realizó la funcionaria para tratar de imponer su reelección como diputada estatal, con lo que dividió y confrontó a la comunidad triqui de San Quintín.
Además, la organización civil destacó que la funcionaria estatal, con su proceder, afecta el proceso de retorno de personas indígenas triquis desplazadas de sus comunidades de origen en el estado de Oaxaca, del cual Bonifacio Martínez y Octavio López son interlocutores y facilitadores ante el gobierno federal mexicano.
Por ello, hace un llamado a las autoridades federales, a la gobernadora Ávila Olmeda y a la fiscalía estatal a que garanticen la integridad personal de los defensores de los derechos humanos laborales del valle de San Quintín, y garanticen la libertad de Bonifacio y Octavio como lo marcan los artículos 1, 4. 5, 17 y 20 de la Constitución del país, y los artículos 9, 11 y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Y piden a sus agremiados, y a todos los interesados en el tema, que envíen llamamientos sobre la Acción Urgente a las redes sociales del Presidente López Obrador, del secretario de Gobernación, de la gobernadora de Baja California, del Subsecretario de los Derechos Humanos, de la Ombudsman de Derechos Humanos y del fiscal Carpio Sánchez, hasta el próximo 26 de abril.
A continuación, el texto de la Acción Urgente 03/2022 que sobre el tema emitió ayer el CDHZL:
Miriam cano es una persona despreciable ,prepotente ,usurpadora de identidad no se como le permiten que se burle y se aproveche de las personas indígenas aprovechándose del puesto que tiene es una vergüenza para la 4T