Mineras canadienses causan muerte y destrucción a los pueblos de Chihuahua
“A los lugares a donde llega la minería canadiense lo único que sucede son despojos de sus propiedades a los ejidatarios e indígenas, contaminación de alto impacto, asesinatos, represión, vetos en los medios de comunicación, pleitos al interior de las comunidades, deterioro del paisaje, agotamiento de las fuentes naturales de agua, desplazamientos, principalmente de grupos indígenas y nunca, como lo narra la historia, esta actividad industrial ha provocado desarrollo de los pueblos, solo provoca su devastación”
Dante Valdez Jiménez/ A los Cuatro Vientos
En los pasados meses noviembre y diciembre de 2012, los ejidatarios de la comunidad de Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, Chihuahua, decidieron negarle el permiso de explotación a la minera “Cascabel”, subsidiaria de empresas de origen canadiense, después de informarse del alto impacto ambiental y en la salud humana que representan los procesos de lixiviación con cianuro de sodio y que han quedado de manifiesto en las diferentes regiones del estado en donde se aplican estos procesos industriales altamente contaminantes, Huizopa, Ocampo y Palmarejo, solo por mencionar algunos ejemplos en nuestra entidad.
El despliegue del gobierno del estado, de Profepa y de la minera Cascabel en contra de los ejidatarios que se oponen a este proyecto es salvaje y llega a niveles de racismo. El gobierno del estado a través de sus principales operadores pro minería, encabezados por el licenciado Wilfrido Campbell Saavedra y el diputado local Ricardo Bone Salmón, emprendieron una campaña de desprestigio hacia los ejidatarios opositores y hacia las personas que solidariamente se unen a la lucha social en contra de la depredación minera en todo el país.
El despliegue del gobierno del estado consiste en llevar especialistas como Luis Alba, director de minería del gobierno del estado y Leonardo Agustín Llamas Jiménez, especialista en mecánica de rocas, explotación de minas y seguridad industrial, a impartir pláticas, en las cuales, más que informar lo relativo a la explotación minera, se dedican a desprestigiar a los opositores a las empresas extractoras, casi todas de origen canadiense.
En los meses recientes, de noviembre a la fecha, los ejidatarios de “Benito Juárez”, han resistido heroicamente al asedio y hostigamiento del gobierno del estado y de la minera canadiense “Cascabel”, que entre algunas de sus estrategias han desarrollado intimidaciones, amenazas, sobornos (regalando a algunos pobladores del ejido hornos de microondas y televisores de plasma), conferencias por parte de funcionarios de gobierno para desprestigiar la movilización estatal en contra de la minería al aire libre y hasta asesinatos, como el sucedido a los compañeros Manuela Solís e Ismael Solorio en el mes de noviembre de 2012.
En el último mes, las mineras canadienses buscan, a través de una campaña mediática, promover la industria minera como detonante de progreso y avance en las localidades donde se instala. Lo cierto, es que los lugares a donde llega la minería canadiense lo único que sucede son despojos de sus propiedades a los ejidatarios e indígenas, contaminación de alto impacto, asesinatos, represión, vetos en los medios de comunicación, pleitos al interior de las comunidades, deterioro del paisaje, agotamiento de las fuentes naturales de agua, desplazamientos, principalmente de grupos indígenas y nunca, como lo narra la historia, esta actividad industrial ha provocado desarrollo de los pueblos, solo provoca su devastación (todo esto documentado en medios y en instancias de gobierno que han hecho caso omiso).
Es por ello que solicitamos a la comunidad en general, pero principalmente a los jóvenes universitarios, que emprendan una campaña de apoyo para rescatar la dignidad de nuestros pueblos que ha sido masacrada por las empresas mineras canadienses solapadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, así como por el Congreso del Estado.
La estrategia que emprenderemos será la de pedir derecho de réplica en todos los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, así como realizar brigadas de información en barrios, pueblos y ciudades, para que la opinión pública se entere de las atrocidades cometidas por estos extranjeros en contra de la gente más pobre y más desprotegida de nuestra sociedad.
Esperamos contar con su solidaridad, encargándoles de favor, difundir este comunicado principalmente en las radiodifusoras y medios escritos de las localidades de ciudad Cuauhtémoc, ciudad Madera, Guachochi, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes y Parral, por ser las áreas en donde se han reportado más atropellos a los derechos humanos por parte de las empresas mineras canadienses, además de ser los sitios en los cuales el impacto ecológico de contaminación y muerte de flora y fauna ha sido el más devastador.
Gracias por su solidaridad.
Atentamente
Prof. Dante Valdez Jiménez
Cel. 6521040208