El gran negocio: Miles de millones de pesos del erario a desaladoras españolas en Ensenada y Cabo San Lucas

El gobierno del Baja California se comprometió a pagar un mínimo de mil 679 millones de pesos a la empresa Aguas de Ensenada, filial mexicana del consorcio español Obrascon Huarte Lain (OHL), por la venta de agua potable desalada para la ciudad de Ensenada en un periodo de 20 años.

Una cantidad similar pagará el gobierno de Baja California Sur a otra empresa mexicana filial del coloso empresarial español:  Promoaqua Desalación de Los Cabos. la cual opera con deficiencias técnicas que afectan el abasto a la población.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

El compromiso está firmado ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), quien avaló la instalación de la primera fase de construcción de la planta desaladora, con capacidad productora de 250 litros por segundo, al amparo del Programa federal para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 2007–2012.

En la actualización del programa, de fecha 24 de octubre de 2012, la Conagua y el organismo público que promueve el proyecto ante la federación –la Comisión Estatal del Agua-, también quedó asentado que el predio ideal para instalar la desaladora de agua de mar –de acuerdo a un estudio técnico que pagó al Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE)-, era “El Salitral”, al norte del poblado Maneadero.

Así lo determinó textualmente el documento: “Tomando en cuenta la ubicación de la ciudad (de Ensenada) y del acuífero de Maneadero, la geología del subsuelo y las propiedades hidrogeológicas de la zona costera se consideró el sitio conocido como ‘El Salitral’ el más apropiado para la construcción del proyecto de planta desaladora, al sur de la ciudad de Ensenada”.

Sin embargo, sin ningún estudio técnico que lo avalara, ambas dependencias de gobierno determinaron unilateralmente cambiar el sitio de construcción y operación de la planta a un terreno ubicado en las inmediaciones del humedal costero “La Lagunita-El Naranjo”, ocasionando una polémica entre diversos sectores de la población porteña.

De hecho, un estudio del año 2010 que realizó el Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), estableció tres sitios idóneos para construir y operar la planta desaladora –el poblado La Misión, la zona industrial de El Sauzal y la desembocadura del arroyo El Gallo-, pero la CEA insiste en imponer en proyecto en la manzana 73 de la colonia Carlos Pacheco, aledaño a La Lagunita.

Sin embargo, organismos públicos como el Subcomité Sectorial de Litorales y Puertos del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (CPLADEM) de Ensenada determinó, el pasado 12 enero 2013, lo siguiente:

“El cambio de uso de suelo (a la manzana 73) no debe otorgarse (al gobierno del estado y la empresa Aguas de Ensenada, una filial mexicana de OHL), porque a diferencia de los estudios del IIO de la UABC en la desaladora La Misión, donde primero se ubicaron tres sitios propicios que cumplían con la planeación y usos de suelo, y posteriormente se hicieron estudios terrestres y marinos para finalmente hacer una comparación y elegir el más propicio, en la Desaladora Ensenada el esquema ha sido errante de El Salitral (con uso de suelo de protección), a la Manzana 73 (con uso de suelo de equipamiento y mención expresa en las matrices de que no se permite la desaladora)”.

Aún más, el mismo subcomité ciudadano reveló ese día que en el estado de California, Estados Unidos, se determinó que la infraestructura estratégica asentada a lo largo del litoral del Pacífico californiano y peninsular bajacaliforniano, se reubique de la costa y llevarla a una cota superior a los 15 metros sobre el nivel medio del mar.

Esto porque hay antecedentes, apuntaron los integrantes del subcomité, de que la manzana 73 “se inundó (con las precipitaciones pluviales) en el año 1981 y 1982″.

EL NEGOCIO

Pero para el gobierno de Baja California no existen argumentos contrarios a su decisión de imponer el proyecto en la manzana 73 de la colonia Carlos Pacheco, entre las calles Hierro, Huerta y Pedro Loyola, como una forma de evitar que para el año 2019 la ciudad de Ensenada tenga un déficit en el suministro de agua potable de hasta 225 litros por segundo –actualmente la cifra se sitúa en poco más de 135 litros por segundo-.

De acuerdo con información contenida en el Anexo VII.5. (“Desaladora de Ensenada”) de la Memoria Documental del Programa (federal) para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 2007-2012, de la CONAGUA, la planta que concesionó el 6 de diciembre de 2011 a sociedad mercantil Aguas de Ensenada, S. A. de C. V, empresa constituida por el consorcio OHL Medio Ambiente lnima, la obra, hasta el 24 de octubre del año pasado, estaba contemplada a crearse en el predio El Salitral.

En el documento oficial también se asentaron los plazos en que se debe construir la planta, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó ambientalmente de manera condicionada el pasado 31 de octubre del año pasado.

Los plazos acordados son los siguientes: 1.- Proyecto ejecutivo: seis meses. 2.- Construcción y equipamiento: 12 meses. 3.- Pruebas de capacidad: dos meses. 4.- Periodo de inversión total: 20 meses. 5.- Periodo de operación: 18 años y 4 meses. 6.- Vigencia total del contrato: 20 años a partir de la firma del acta de inicio de operación.

El Contrato de prestación de servicios entre el CEA y la multinacional española OHL-Medio Ambiente Inima, incluye la tabla con la integración de tarifas para la contraprestación mensual total pactada entre gobierno y empresa.

Así, los costos mensuales que el CEA pagará a la filial de OHL se integran como sigue: Por el concepto T1C, un millón 792 mil seis pesos. Por T1R, 976 MIL 193.83 pesos. Por T1, dos millones 768 mil 200.35 pesos, y por T2, un millón 273 mil 408.85, para un subtotal de seis millones 809 mil 809.55 pesos.

También estima un costo variable de operación por metro cúbico por agua potable de 4.4994 pesos y determina un costo total por mes de seis millones 997 mil 686.82 pesos, dinero que el gobierno de Baja California pagará a Aguas de Ensenada como contraprestación.

Así, con base al documento y a precios de febrero de 2011, durante los 240 meses (20 años) que durará la operación de la concesión, la multinacional española y sus socios mexicanos recibirá del erario un mínimo de mil 679 millones 444 mil 836.80 pesos.

Esta cifra es mucho menor a la que OHL Medio Ambiente Inima reportó en junio de 2012 mediante un comunicado de prensa: dos mil 652 millones de pesos mexicanos (150,8 millones de euros al tipo de cambio de esa fecha).

Y OHL no sólo se embolsará esas cantidades del gobierno estatal. De acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios, Aguas de Ensenada también recibirá una aportación de financiamiento público federal, a fondo perdido, por 162.35 millones de pesos, lo que representa el 31.42 por ciento de la inversión total del proyecto español, que asciende a 516.82 millones de pesos.

Por lo que corresponde al financiamiento privado del proyecto, éste se integra de la siguiente forma: A.- Capital de riesgo: 124.36 millones de pesos (24.06 por ciento de la inversión). B.- Crédito con la banca internacional -Banco de Desarrollo de América del Norte (BADAN) -: 230.10 millones de pesos (44.52 por ciento).

Por su parte, el BADAN boletinó a finales de noviembre pasado que otorgará un crédito de 320 millones de pesos a la concesionaria GS Inima Environment (filial de la compañía surcoreana GS Engineering & Construction, ambas integrantes del consorcio español OHL), en tanto que los fondos restantes del proyecto los proporcionará el mexicano Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y la concesionaria.

Cabe destacar que el BADAN dispuso, para otorgar el crédito a la empresa, que se debía realizar una consulta pública para que la población de Ensenada evaluara el proyecto.

Al respecto, hace unos días Enrique Pelayo Torres, presidente municipal de Ensenada, convocó y patrocinó una “consulta pública” de su gobierno para “evaluar” el plan de Aguas de Ensenada, en donde ganó por amplio margen el rechazo a la instalación de la desaladora en la manzana 75 de la colonia Carlos Pacheco.

LOS INTERESES

OHL Medio Ambiente Inima es una subsidiaria de Obrascon Huarte Lain, consorcio que en la Bolsa de Valores de España vale dos mil 400 millones de euros y que preside el marqués Juan Miguel Villar Mir, ex funcionario del dictador Francisco Franco y del Rey Juan Carlos de Borbón.

Villar Mir es dueño de una fortuna que la Revista Forbes calcula en seis mil millones de euros y es cabeza del Grupo Villa Mir S.L.U., el cual cuenta con negocios mundiales en los sectores de energía, siderometalúrgica, inmobiliario, fertilizantes y construcción, concesión y servicios.

Obrascon Huarte Lain es un consorcio español líder mundial en la construcción de hospitales, primer inversor privado en infraestructura en Latinoamérica y el octavo mayor concesionario del mundo.

En su página virtual la corporación dice ser una asociación “con una experiencia centenaria, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, y está presente en 30 países de los cinco continentes.

El total de sus empleados en el mundo es de 25 mil 125 para el año 2011 y posee una cartera total de 81 mil 352 millones de euros.

El Grupo OHL se organiza en cuatro divisiones: OHL Concesiones, OHL Construcción, OHL Industrial y OHL Desarrollos.

Desde la constitución de Obrascon en 1911, OHL trabaja en todas las actividades del sector de la construcción en el mundo.

La presencia del Grupo OHL en México se remonta a más de 30 años, participando inicialmente a través de Huarte con diversos proyectos inmobiliarios y de obra civil a finales de los años 70, y desde 1998 como Grupo OHL.

OHL Concesiones inició sus actividades en México en el año 2002 y un año después le fue asignada la primera de las obras a ser diseñada, construida y operada. OHL México emprende desde ese momento una estrategia de diversificación en áreas próximas a la construcción y con gran potencial de crecimiento como son las infraestructuras de transporte en concesión.

En 2003, con la adjudicación del Circuito Exterior del Estado de México, el consorcio emprende el desarrollo de infraestructura de transporte, incrementado progresivamente la participación en diversos proyectos hasta alcanzar en la actualidad un importante portafolio de activos en los sectores carretero y aeroportuario.

En este último sector –aeropuertos- OHL México SAB de CV, se asoció para construir la terminal aérea internacional de la capital del estado de México –Toluca-, el segundo en importancia del país y que costó mil cien millones de pesos.

El 7 de septiembre de 2006 la subsidiaria mexicana de la constructora española compró por 100 millones de dólares el 39 por ciento de la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

José Andrés de Oteyza Fernández es el presidente del Consejo de Administración de OHL México y el vicepresidente es Juan Luis Osuna Gómez.

De Oteyza fue Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante la Presidencia de José López Portillo y más tarde, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, fue director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Entre los consejeros propietarios de OHL están Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ex secretario de Energía durante el sexenio de Ernesto Zedillo y Director de Pemex al inicio del sexenio de Felipe Calderón.

Entre los representantes del sector privado está Valentín Díez Morodo, actual presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, AC (COMCE).

PRESENCIA EN BCS

El pasado 23 de agosto, OHL sorprendió al sector ambiental nacional e internacional cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa anunció que el consorcio español presentó ante la SEMARNAT un plan turístico-inmobiliario denominado Los Pericúes para desarrollar el arrecife de Cabo Pulmo, Baja California Sur.

Esto apenas dos meses después de que Calderón anunció la cancelación del desarrollo turístico Cabo Cortés, al lado del parque nacional Cabo Pulmo, cuestionado por los habitantes del sitio, científicos y organizaciones ambientalistas por los eventuales daños que aquel megaproyecto turístico e inmobiliario causaría al arrecife.

Finalmente OHL retiró su propuesta en Cabo Pulmo, pero aún tiene negocios en Baja California Sur: En la ciudad de Cabo San Lucas, a través de OHL Medio Ambiente lnima, es dueña de la empresa mexicana PROMOAQUA Desalación de Los Cabos, S.A. de C.V., la cual opera con dificultades técnicas una planta desaladora de agua de mar de 21.5 metros cúbicos diarios de capacidad para surtir las necesidades de 105 mil habitantes de aquella metrópoli turística-

De acuerdo con información de diarios sudcalifornianos, a principios de enero de este año el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cabo San Lucas, exhortó a la empresa a resolver en definitiva los problemas técnicos que le impiden cumplir con el contrato de concesión de servicio de desalación de agua marina.

De no hacerlo, agregan las notas periodísticas, el gobierno municipal se hará cargo de la planta y/o dejará de pagar la contraprestación a la empresa filial de OHL.

Mensualmente, el municipio cabeño paga entre cinco y seis millones de pesos por la entrega de agua de la empresa PROMAQUA, la cual administra la planta desalinizadora para el abasto de las familias que viven en las colonias y fraccionamientos del norte de Cabo San Lucas, los cuales se abastecen de la planta desalinizadora “Los Cangrejos” (A los Cuatro Vientos).